Vox vuelve a dar otro contrato en Valencia al marido de la delegada del Gobierno de Sánchez
La adjudicación a Imedes desde el área de José Gosálbez dio más peso al valenciano y la experiencia que al precio
Ilustración de Alejandra Svriz.
El actual líder de Vox en la ciudad de Valencia, José Gosálbez, ha vuelto a hacer lo mismo que le costó el puesto a su predecesor Juanma Badenas y que causó estupor tanto en la dirección nacional del partido en Bambú como entre buena parte de su militancia: adjudicar contratos públicos a la empresa vinculada al marido de la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
En esta ocasión, el área de Devesa-Albufera —bajo responsabilidad directa de Gosálbez— ha impulsado un contrato de más de un millón de euros a favor del Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Imedes), donde ocupa un puesto directivo Javier Cebrián, esposo de Pilar Bernabé.
La adjudicación afecta además a un espacio especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental y patrimonial: el Parque Natural de la Albufera, uno de los humedales más importantes de Europa y uno de los grandes símbolos naturales de la capital del Turia.
El mayor encargo de la legislatura
Se trata del contrato de servicios de gestión y comunicación ambiental del parque natural de la Devesa-Albufera, con un valor estimado de 1.033.107,85 euros y una duración de dos años, prorrogable hasta cinco, lo que lo convierte en el mayor contrato en materia de comunicación y gestión adjudicado por Vox en el Ayuntamiento de Valencia en toda la legislatura.
El propio pliego establece que la adjudicataria asumirá funciones ligadas directamente a la gestión medioambiental del parque natural, incorporando estudios científicos, análisis técnicos, seguimiento del ecosistema, restauración ambiental y elaboración de informes especializados sobre biodiversidad, calidad del agua o conservación del humedal.
El documento plantea además un «salto cualitativo y cuantitativo en la gestión medioambiental del parque» mediante una intervención «más profesional, científica y técnica», con un equipo formado por biólogos, ambientólogos, ingenieros forestales, gestores ambientales y especialistas en comunicación digital.
Más peso al valenciano
Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento aparece en los propios criterios de adjudicación. De los cien puntos totales previstos en el pliego, hasta 49 corresponden a la oferta económica, mientras que 27 puntos dependen de la experiencia de la empresa licitadora y otros 24 puntos del conocimiento de idiomas del equipo propuesto, entre ellos el valenciano.
En la práctica, esto significa que la experiencia y los idiomas pesan más conjuntamente que la propia propuesta económica, llegando además a triplicar el peso que el Ayuntamiento de Valencia recomienda habitualmente para este tipo de criterios en sus procesos de contratación, donde tanto la experiencia como los idiomas no suelen superar los diez puntos cada uno.
Otro de los elementos que más sorpresa genera es la enorme importancia concedida al valenciano en un contrato impulsado por Vox, partido que durante años ha mantenido un discurso muy duro contra los requisitos lingüísticos de los idiomas regionales en las contrataciones públicas. Y más chocante resulta que la acreditación del valenciano sea a través de titulaciones oficiales que públicamente los de Abascal han criticado por ser catalán.
El pliego exige, para lograr la máxima puntuación, que gestores ambientales, informadores ambientales y community managers acrediten un conocimiento absoluto del valenciano mediante certificados C2. Ha sido precisamente en este apartado, junto a la experiencia acumulada, en el que Imedes ha logrado distanciarse de sus competidores.
Aunque la empresa no presentó la oferta económica más barata, la puntuación obtenida en experiencia e idiomas permitió a Imedes alcanzar 71,78 puntos finales, frente a los 63 puntos de SM Sistemas Medioambientales y los 48,77 de Talher, las otras dos empresas licitadoras.
La dimensión comunicativa del contrato también resulta especialmente significativa. El pliego obliga a gestionar las redes sociales oficiales del servicio Devesa-Albufera y fija entre sus objetivos «informar sobre las acciones de gobierno llevadas a cabo desde la Concejalía».
La adjudicataria deberá elaborar campañas digitales, vídeos, materiales divulgativos y publicaciones periódicas en redes sociales, además de cubrir actos públicos y desarrollar actividades educativas y de sensibilización ambiental dirigidas tanto a escolares como al público general.
De Badenas a Gosálbez
La adjudicación llega apenas un año después de las exclusivas publicadas por THE OBJECTIVE sobre los contratos concedidos por Vox a Imedes. En febrero de 2025, este periódico reveló que el entonces líder municipal de Vox Juanma Badenas había impulsado dos contratos por valor de 172.000 euros a favor de la misma empresa vinculada al marido de Pilar Bernabé.
Aquellas adjudicaciones acabaron bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción y precipitaron una profunda crisis interna en Vox Valencia. Badenas fue apartado de la primera línea política y perdió sus competencias dentro del gobierno municipal, aunque semanas después regresó junto a su pareja y también concejala Cecilia Herrero para apuntalar la mayoría absoluta del ejecutivo de coalición entre PP y Vox.
El relevo al frente del grupo municipal lo asumió José Gosálbez, actual segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia desde abril de 2025.
La trayectoria de Gosálbez y sus polémicas
Gosálbez es concejal de Vox en el consistorio valenciano desde 2019 y una de las figuras con mayor peso dentro de la formación en la ciudad. Sin embargo, su trayectoria tampoco ha estado exenta de controversias.
La más reciente afecta precisamente a su situación profesional paralela a la actividad política. El dirigente quedó bajo el foco después de conocerse su vinculación como letrado externo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, pese a contar con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y percibir un salario público cercano a los 90.000 euros anuales como miembro del gobierno municipal.
Aquella situación abrió un debate político y jurídico sobre la compatibilidad entre su actividad institucional y el desarrollo de funciones profesionales externas.
Los nexos con el PSOE valenciano
Imedes mantiene además vínculos empresariales y societarios con Simetría Grupo, conglomerado empresarial con sede en Castellón y tradicionalmente próximo al socialismo valenciano. En su estructura figura Emèrit Bono como director general, hijo del histórico dirigente socialista valenciano y exconseller de la Generalitat durante los gobiernos de Joan Lerma hasta 1995, etapa en la que Ximo Puig ejercía como jefe de gabinete del entonces presidente autonómico socialista. Simetría Grupo no solo concentra intereses empresariales en sectores estratégicos, sino que además gestiona concesiones vinculadas a ámbitos sensibles como la sanidad y la dependencia. Así, Imedes comparte oficinas en Valencia con Gesmed, empresa perteneciente al citado grupo y especializada en gestión de residencias y cuidados sanitarios.
Entre los directivos vinculados a Gesmed figura además el hijo de José Cataluña, histórico responsable de Finanzas del PSOE valenciano. También han mantenido relación con la compañía en los últimos años Joan Ignasi Pla, exsecretario general del PSPV, y Amparo Panadero, expareja del expresidente de la Generalitat Ximo Puig.
Pese a los antecedentes y al volumen económico del contrato, Vox Valencia no ha querido dar explicaciones sobre esta nueva adjudicación a las preguntas planteadas por este periódico.
Así las cosas, el caso vuelve a evidenciar una paradoja política en el Ayuntamiento de Valencia: mientras PSOE y Vox mantienen una confrontación permanente en el plano discursivo, las conexiones contractuales entre ambos entornos continúan apareciendo en algunas de las adjudicaciones más sensibles del actual gobierno municipal.