Vox Valencia adjudicó el contrato al marido de Bernabé sin comunicarlo a la dirección nacional

La adjudicación del mayor contrato de comunicación y gestión impulsado por Vox en el Ayuntamiento de Valencia ha vuelto a abrir una brecha entre la dirección local del partido y la cúpula nacional de Santiago Abascal. Según tres fuentes de toda solvencia consultadas por THE OBJECTIVE, el líder local de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, no transmitió previamente a la dirección nacional en Bambú información sobre los pliegos ni la adjudicación del contrato de más de un millón de euros a favor de Imedes, empresa donde ocupa un puesto directivo Javier Cebrián, marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La situación resulta especialmente delicada porque reproduce exactamente el mismo patrón político que terminó costándole el puesto al anterior líder municipal del partido, Juanma Badenas, tras las exclusivas publicadas por este periódico en 2025 sobre otros contratos adjudicados a la misma empresa.

En aquella ocasión, las informaciones sobre las adjudicaciones de 172.000 euros a Imedes provocaron una fuerte reacción interna en Vox y acabaron derivando también en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que precipitó la caída política de Badenas. Ahora, apenas un año después, la historia vuelve a repetirse, pero con una cuantía económica seis veces mayor.

El mayor contrato de la legislatura

El expediente impulsado desde el área de Devesa-Albufera en el consistorio valenciano, controlada por Gosálbez, asciende a 1.033.107,85 euros y contempla una duración inicial de dos años, prorrogable hasta cinco. La adjudicación afecta además a uno de los espacios naturales más sensibles y emblemáticos de Valencia: el Parque Natural de la Albufera, considerado uno de los humedales más importantes de Europa y pieza clave del patrimonio medioambiental valenciano.

El contrato no se limita únicamente a tareas de comunicación pública. El propio pliego contempla funciones vinculadas directamente a la gestión medioambiental del espacio, incluyendo estudios científicos, análisis técnicos, seguimiento del ecosistema, restauración ambiental o elaboración de informes especializados sobre biodiversidad y calidad del agua.

La adjudicataria deberá además gestionar las relaciones con los medios, la redacción de notas de prensa, la cobertura gráfica, las redes sociales, desarrollar campañas divulgativas e «informar sobre las acciones de gobierno llevadas a cabo desde la Concejalía», según recoge literalmente el pliego.

El peso dado al valenciano

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención dentro y fuera del Ayuntamiento ha sido la configuración de los criterios de adjudicación. De los cien puntos previstos en el concurso, únicamente 49 dependían de la oferta económica. En cambio, 27 puntos correspondían a la experiencia de la empresa licitadora y otros 24 al conocimiento de idiomas del equipo técnico, especialmente del valenciano.

En la práctica, la experiencia y los idiomas han pesado más conjuntamente que la propia oferta económica, algo poco habitual en comparación con las recomendaciones internas del propio Ayuntamiento de Valencia para los procedimientos de adjudicación pública. Pero el elemento políticamente más incómodo para Vox resulta el enorme peso otorgado al valenciano en el contrato. El pliego exigía para alcanzar la máxima puntuación que gestores ambientales, informadores y community managers acreditaran un nivel C2 de valenciano mediante certificados oficiales.

Precisamente fue en esos apartados —experiencia e idiomas— donde Imedes logró imponerse a sus competidores pese a no presentar la oferta económica más barata. La empresa obtuvo finalmente 71,78 puntos, frente a los 63 de SM Sistemas Medioambientales y los 48,77 de Talher.

Malestar en Bambú

La adjudicación no ha sentado bien en la dirección nacional de Vox por varios motivos. El primero, por el precedente de Badenas y el desgaste político que sufrió el partido el pasado año tras las investigaciones sobre contratos vinculados al marido de Bernabé. En segundo lugar, por hacerse pública la adjudicación en la recta final de las elecciones andaluzas, donde Vox se debate entre el estancamiento y un ligero crecimiento. Y finalmente, por el perfil de la empresa adjudicataria y sus conexiones con el histórico entorno del socialismo valenciano.

Imedes mantiene vínculos empresariales con Simetría Grupo, grupo empresarial de Castellón tradicionalmente próximo al PSOE valenciano. En su estructura figura Emèrit Bono, hijo del histórico dirigente socialista valenciano y exconseller de la Generalitat durante los gobiernos de Joan Lerma. Además, Imedes comparte oficinas con Gesmed, sociedad del mismo grupo vinculada a la gestión de residencias y servicios sanitarios y por la que han pasado figuras relacionadas con el socialismo valenciano como Joan Ignasi Pla y Amparo Panadero, expareja del expresidente Ximo Puig.

El contrato, en los tribunales

La polémica adjudicación afronta además un frente judicial. La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Valencia ha recurrido el contrato ante la jurisdicción contencioso-administrativa al considerar que el gobierno municipal ha externalizado de manera impropia funciones que corresponden al personal técnico municipal.

El juicio ya tiene fecha señalada: el 8 de abril de 2027 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia. El sindicato sostiene que el problema no reside tanto en las tareas de divulgación o comunicación ambiental como en la parte técnica del contrato vinculada directamente a la gestión del parque natural.

«La comunicación se ha externalizado otras veces, pero la gestión ambiental corresponde al personal técnico municipal», explica Pepe Torres, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento. Según el sindicato, el servicio municipal de Devesa-Albufera ya cuenta con personal especializado en biología, geografía y ciencias ambientales capaz de asumir esas funciones sin recurrir a empresas privadas.

En el recurso presentado, CCOO denuncia una posible «usurpación de funciones públicas» reservadas al funcionariado municipal y advierte de que el contrato afecta directamente a competencias relacionadas con la protección del medio ambiente y el control de la legalidad ambiental.

Antes incluso del recurso sindical, Compromís ya había intentado frenar la licitación mediante un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). La impugnación provocó la suspensión cautelar temporal del procedimiento mientras el tribunal analizaba el expediente. Sin embargo, el recurso fue finalmente desestimado y el Ayuntamiento pudo continuar con la adjudicación. Tras levantarse la suspensión, el procedimiento avanzó rápidamente hasta culminar con la adjudicación definitiva a Imedes.