Las investigaciones de Anticorrupción abren un nuevo frente político en el Puerto de Valencia
La presidenta del organismo, Mar Chao, se aferra al cargo y descarta dimitir ante la apertura de diligencias
Mar Chao, a su llegada al consejo de administración de Abril en el Puerto de Valencia | Jorge Gil / Europa Press
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta recolocación de personal del Consorcio Valencia 2007 en plazas del Ayuntamiento y del Puerto ha abierto este miércoles un nuevo frente político en la Autoridad Portuaria de Valencia. El primer consejo de administración celebrado tras conocerse las diligencias se ha desarrollado con Mar Chao negándose a dimitir, María José Catalá cerrando filas con la presidenta del Puerto y Pilar Bernabé elevando la presión sobre las reuniones de la Comisión Puerto-Ciudad, en un clima ya abiertamente de confrontación institucional.
La presidenta de la Autoridad Portuaria fue clara antes de entrar al consejo. Preguntada por los medios sobre si se había planteado dejar el cargo, respondió con un escueto «obviamente no» y reiteró que el Puerto mantiene una actitud de «máxima colaboración» con la Fiscalía, a la que ya ha remitido la documentación requerida. Chao insistió en el respeto al procedimiento y evitó añadir más consideraciones sobre una causa que afecta también a la alcaldesa de Valencia, investigada junto a ella y a dos concejalas del gobierno municipal.
La presencia de Catalá en el consejo añadía una carga política evidente. La alcaldesa no acudía solo como representante institucional de la ciudad, sino como la principal dirigente política señalada en las diligencias de Anticorrupción. La denuncia que ha dado origen a la investigación apunta a la alcaldesa, a las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias ligados a procesos de contratación prácticamente simultáneos en el Ayuntamiento, sus fundaciones y la Autoridad Portuaria.
El consejo de este miércoles ha visualizado además una escena muy distinta a la de otras comparecencias recientes. Si en diciembre Catalá y Chao aparecieron juntas para explicar proyectos comunes en la Marina, esta vez no hubo escenificación de unidad. La alcaldesa atendió a la prensa por separado, sin foto conjunta con la presidenta del Puerto, aunque sí aprovechó para defender su gestión. Catalá aseguró estar «muy tranquila» por la actuación del Ayuntamiento en la liquidación del Consorcio y negó que los informes municipales de intervención cuestionen la plaza de Visit Valencia relacionada con un extrabajador del ente extinguido, afirmando que algunas informaciones publicadas sobre ese punto son «mentira».
Pilar Bernabé confronta
En el otro lado del tablero se situó Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno reclamó más información sobre las reuniones de la Comisión Interadministrativa Puerto-Ciudad, donde se sientan conjuntamente Chao y Catalá, para saber si en ese foro se han abordado en esta legislatura cuestiones de contratación y no solo asuntos patrimoniales o urbanísticos. Su movimiento añade una dimensión nueva al caso: averiguar si pudo existir un espacio político-administrativo en el que se coordinara la salida del personal del Consorcio hacia otros organismos públicos. Esa sospecha es precisamente la que lleva semanas sobrevolando la investigación.
El episodio de hoy no se entiende sin las exclusivas publicadas por THE OBJECTIVE desde febrero. Este periódico reveló la coordinación temporal entre las convocatorias del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria, la activación de plazas espejo en la Fundación Deportiva Municipal, la apertura de nuevas plazas en Visit Valencia y el papel de varios cargos del gobierno municipal en esos movimientos. La Fiscalía acabó abriendo diligencias y colocando bajo el foco a la alcaldesa, a la cúpula del Puerto y a varias concejalas del ejecutivo local.
La investigación no solo ha erosionado la imagen del Ayuntamiento de Valencia. También ha convertido el Puerto en un escenario de combate político. En el consejo de este miércoles se mezclaron la defensa institucional de Chao, la protección política de Catalá y la ofensiva de Bernabé y la oposición municipal. Compromís, que originó la denuncia, ha seguido aportando documentación a la Fiscalía, mientras el PSOE valenciano presiona para que se esclarezca si hubo una operativa coordinada para recolocar personal del Consorcio a través de plazas públicas diseñadas con perfiles muy concretos.
El resultado inmediato es que el Puerto de Valencia ha dejado de ser un simple espacio de gestión para convertirse en un símbolo del desgaste institucional que atraviesa el gobierno local.