Vox no descarta romper su pacto con el PP en Valencia tras la investigación de Anticorrupción

En medio de la oleada de negociaciones entre Partido Popular y Vox para cerrar los pactos autonómicos —Aragón y Castilla y León son las siguientes paradas—, el buen entendimiento mostrado en los últimos días entre ambas formaciones podría verse alterado como consecuencia de lo que está pasando en Valencia, una ciudad que no estaba —por ahora— en el foco de estos acuerdos de estabilidad entre partidos.

Coincidiendo en el tiempo con el pacto alcanzado en Extremadura, surgió una tormenta política al otro lado de la península que, de endurecerse, podría crear una carambola que afecte a unos pactos que parecen ir por buen camino, pero que, en vista de los antecedentes entre PP y Vox, siempre entrañan un riesgo latente de derrumbe.

Tras las informaciones reveladas en exclusiva por THE OBJECTIVE el pasado mes de febrero, que llevaron a la presentación de una denuncia por parte del grupo municipal Compromís, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto en los últimos días diligencias de investigación contra la alcaldesa del PP de Valencia, María José Catalá, dos concejales de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La denuncia, ahora investigada por Anticorrupción —de momento con actuaciones preliminares—, señalaba una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de la ciudad para recolocar a personal público a dedo. Unas acusaciones que salpican de lleno al Gobierno municipal, liderado por el Partido Popular y sostenido por los concejales de Vox, fundamentales para asegurar la estabilidad del consistorio valenciano.

Vigilancia de Vox

Desde Vox señalan desde hace días el buen entendimiento con el Partido Popular de cara a lograr sellar pronto los pactos pendientes. Sin embargo, las novedades que llegan desde Valencia podrían hacer saltar por los aires esta sintonía. La formación insiste en que están «en la denuncia permanente del estado de corrupción en la política española». La dirección nacional de Vox avanza que estarán «viendo el desarrollo de los acontecimientos» desde Valencia y avanzan que si este asunto se judicializa «se tomarán las decisiones oportunas».

La dirección de Vox mantiene un perfil bajo en este caso y no tienen pensado presionar para que se formalice una comisión de investigación sobre el Gobierno municipal. Alegan que estas comisiones terminan convirtiéndose en «circos» políticos que no aportan nada a la causa. No obstante, lanzan un mensaje sobre la posibilidad de que cualquier caso de corrupción afecte a los acuerdos de gobierno: «En todos nuestros pactos vamos a pedir siempre una acción eficaz y definitiva contra la corrupción». «No podemos seguir así».

Fuentes de la dirección nacional consultadas por este periódico señalan que en los pactos de gobierno alcanzados hasta ahora «no hay puntos concretos para esas situaciones». Y añaden: «Lo primero es observar cómo lo gestiona el PP» para después actuar en consecuencia. Mientras tanto, el partido se muestra dispuesto a avanzar en cualquier investigación sobre corrupción, colaborando con sus propios servicios jurídicos en caso necesario.

En cualquier caso, Vox no considera que sea momento de agitar este avispero, y menos en vísperas de un acuerdo casi inminente en Aragón y a punto de arrancar una campaña para las elecciones andaluzas en las que la formación sueña —pese a las encuestas— con arañar otro pacto de Gobierno en una comunidad que supondría un espaldarazo para sus aspiraciones nacionales.

‘Tregua’ en Valencia

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la alcaldesa popular de Valencia y sus concejales llega en un momento de relativa calma en las relaciones entre PP y Vox, tanto en la capital como en la Comunidad Valenciana.

El año pasado, otro episodio destapado por THE OBJECTIVE referente a la adjudicación de contratos desembocó en una fuerte crisis interna en el grupo municipal de Vox. Dos de los concejales de la formación, Juanma Badenas y Cecilia Herrero, terminaron recalando en el grupo mixto; aunque finalmente se reincorporaron a las filas del partido y aseguraron la estabilidad del Gobierno municipal.

Ahora, el Ejecutivo local se encuentra en una situación con cinco concejales —tres del PP y dos de Vox— investigados por la Fiscalía que podría desembocar en una nueva crisis de gobierno no solo en la ciudad de Valencia, sino en la comunidad autónoma, donde Vox apoyó la investidura de Pérez Llorca.

Aparte de la región levantina, de consumarse las actuaciones judiciales ante esa «vigilancia de los acontecimientos» anunciada por Vox, podrían trastocarse los pactos en ciernes en otras comunidades autónomas. De momento, las fuentes consultadas contemplan ese escenario como poco probable, básicamente porque la investigación judicial en Valencia apenas está dando sus primeros pasos y los acuerdos de gobierno se espera que se cierren en los próximos días.