La mano derecha de Catalá, sobre los enchufes en Valencia: «Yo propongo, otros deciden»
El concejal Olano se ofreció a tratar en privado las candidaturas a puestos públicos: «Tenéis mi teléfono, podéis llamarme»
Ilustración de Alejandra Svriz. | Ilustracción de Alejandra Svriz
La reunión de junio de 2024 entre el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá, y los trabajadores del Consorcio Valencia 2007 no fue una mera sesión informativa. Los audios a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran cómo el edil desgranó el funcionamiento interno de las convocatorias de empleo público activadas en paralelo a la liquidación del organismo, hoy bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese encuentro, Olano no solo explicó el despliegue de plazas, sino también su papel dentro del proceso. En uno de los pasajes más reveladores, el concejal delimita su posición en la cadena de decisiones:
José Marí Olano: «Yo, como representante del actual Gobierno Municipal… estas decisiones no las he tomado yo, evidentemente. Se han tomado por parte de los órganos oficiales que tienen que tomar, que es quien atiende a las propuestas que he hecho yo».
La afirmación introduce un elemento central: la separación entre quien impulsa las iniciativas y quien las formaliza. En ese esquema, Olano se sitúa como el canal a través del cual se articulan propuestas que posteriormente son validadas por la persona, personas u órganos administrativos.
Anticorrupción amplía el foco
Este material se suma a una investigación ya en marcha. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias penales contra el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras las informaciones publicadas por TO desde el pasado mes de febrero.
En el foco de la investigación se encuentran la alcaldesa, María José Catalá; las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil; la presidenta del Puerto, Mar Chao; y varios trabajadores que habrían resultado beneficiados por estos procesos. A raíz de los audios conocidos en los últimos días, la oposición ha solicitado que el propio Olano sea incorporado a las diligencias.
Relación directa con el Puerto
Durante la reunión, el edil también aludió a la relación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, en un momento clave del proceso. Dos de las plazas más relevantes, ocupadas por Manuela Gras y Alicia Gimeno, se resolvieron en el Puerto con salarios cercanos a los 100.000 euros anuales.
«Las noticias que yo tengo… no soy representante de la Autoridad Portuaria… pero las relaciones con la administración municipal son magníficas», enfatizó.
La declaración se produjo semanas antes de que ambas trabajadoras accedieran a esos puestos. Su referencia a la «excelente» relación institucional cobra relevancia en un contexto en el que la Fiscalía analiza si existió coordinación entre Administraciones en la creación de estas plazas.
Reuniones paralelas
El tramo final del encuentro dejó otro elemento significativo. Tras dirigirse al conjunto de trabajadores, Olano pidió mantener una conversación aparte con dos de las futuras adjudicatarias ya señaladas e investigadas: «Me gustaría hablar una cuestión puramente técnica con Alicia y con Manuela».
Ese encuentro, según algunos de los asistentes al encuentro, se produjo al margen del resto de asistentes. Ambas trabajadoras se habían presentado también a las convocatorias impulsadas por la Fundación Deportiva Municipal, pero finalmente optaron por las plazas del Puerto, con mejores condiciones económicas.
Poco después, el Ayuntamiento declaró desiertos esos procesos municipales, dejando sin efecto convocatorias en las que concurrían otros aspirantes.
El requisito clave: ser empleado público
Uno de los puntos más relevantes de la reunión es la explicación del requisito que condicionaba el acceso a muchas de las plazas: la obligación de ser trabajador público en activo.
«Porque, además, como se requiere que seáis empleados públicos para que podáis presentaros, no vais a perder esa condición hasta que finalice el plazo de presentación».
La afirmación sitúa el foco en la gestión de los tiempos. Mantener esa condición permitía a los trabajadores del Consorcio concurrir a procesos restringidos, en los que ese requisito operaba como filtro de acceso.
Este criterio, como ya adelantó THE OBJECTIVE, tuvo un efecto directo: reducir el número de aspirantes y limitar la competencia desde las fases iniciales.
Gestión «en privado»
La reunión también dejó constancia de la existencia de canales de interlocución al margen de los procedimientos formales. El propio Olano lo planteó abiertamente y de forma directa a los asistentes: «Si alguien quiere hablar conmigo de una manera personal y reservada… tenéis mi teléfono… podemos quedar».
La invitación a tratar cuestiones relacionadas con las convocatorias fuera del ámbito público resulta llamativa, sobre todo porque la normativa exige publicidad y transparencia en el acceso al empleo público.
Información anticipada
Pero el edil no solo se limitó a explicar las convocatorias ya activadas. Durante la reunión facilitó también información sobre futuras plazas aún no publicadas oficialmente, incluso de otros organismos que nada tenían que ver con el Ayuntamiento de Valencia:
«Van a salir dos o tres plazas en Espais Industrials… de perfil técnico, económico-jurídico y auxiliar… no son como las otras, aquí la competencia será mayor», advirtió a los trabajadores.
Olano distinguió así entre estos procesos y los ya activados en organismos municipales como Visit Valencia o la Fundación Deportiva Municipal, donde el requisito de pertenecer al sector público limitaba la concurrencia. El edil cerró su intervención con una frase que resume el alcance de las actuaciones: «Esto es básicamente todo lo que se ha podido hacer… no creo que salgan más plazas. Esto es todo lo que he podido conseguir».
Un patrón bajo análisis
Los audios conocidos en los últimos días refuerzan una línea de investigación que ya contaba con otros elementos: un acta notarial en la que trabajadores del Consorcio anticiparon con nombres y apellidos quiénes ocuparían determinadas plazas, y un informe de la Intervención General del Estado que cuestiona algunos de los procesos selectivos en el Puerto de Valencia.
La secuencia: creación de plazas, restricciones en el acceso, coincidencia en los resultados y explicación posterior a través de los audios del propio mecanismo, sitúa ahora el foco en el ajuste legal real de los procedimientos. Y, sobre todo, en quien impulsó cada fase del proceso.