Convulsión en Valencia al estar investigados la alcaldesa y cuatro concejales de PP y Vox
Anticorrupción investiga un entramado entre Ayuntamiento, fundaciones municipales y el Puerto de colocaciones a dedo
Imagen de los cinco concejales de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, bajo el foco de la Fiscalía. | THE OBJECTIVE
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y contra dos concejalas de su equipo de gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, ha colocado al ejecutivo municipal de PP y Vox en su momento más delicado desde el inicio del mandato. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que las pesquisas alcanzan también a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro empleados públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con procesos de recolocación de personal procedente del Consorcio Valencia 2007.
La investigación parte de la denuncia presentada por Compromís a finales de febrero, después de las informaciones publicadas por THE OBJECTIVE sobre una presunta concertación entre el Ayuntamiento, varias fundaciones municipales y el Puerto para activar al menos siete procesos selectivos en paralelo y facilitar la colocación a dedo de varios trabajadores procedentes del Consorcio Valencia 2007. La Fiscalía ha considerado que existen indicios suficientes para incoar diligencias de investigación penal y ya ha designado fiscal instructor.
El golpe político no se limita a este caso. Con la situación de Catalá, Gil y Llobet, el gobierno local suma ya cinco concejales bajo el foco de la Fiscalía o de procedimientos penales impulsados por el Ministerio Público. A este bloque se añaden las diligencias abiertas en marzo de 2025 contra el exlíder de Vox en Valencia, Juanma Badenas, por los contratos de Valencia Activa a varias empresas vinculadas con el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y revelados por THE OBJECTIVE, y la causa penal que afronta su pareja y edil, Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía solicita hasta tres años de cárcel por mensajes de odio contra inmigrantes, personas LGTBI y personas con discapacidad.
Primer seísmo en el gobierno municipal
El caso Badenas fue el primer terremoto significativo del mandato. La Fiscalía abrió diligencias tras las revelaciones sobre contratos adjudicados desde Valencia Activa, entre ellos uno de 156.030 euros a favor de Imedes, empresa vinculada al marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Según la información publicada entonces por TO, el pliego había sido redactado por la propia mercantil beneficiaria. Aquella investigación provocó una crisis de enorme calado en Vox Valencia y acabó con la salida temporal de Badenas y Herrero al grupo mixto.
Sin embargo, la ruptura duró poco. El 4 de abril de 2025, Vox readmitió a Badenas y Herrero en el partido y en el grupo municipal, una decisión que permitió a Catalá recuperar la mayoría y asegurar la estabilidad del gobierno local. La propia alcaldesa expresó entonces su «satisfacción» porque su socio hubiera resuelto la crisis interna. Esa recomposición dejó claro hasta qué punto la continuidad del ejecutivo dependía de mantener cosido el flanco de Vox.
Ahora el problema ya no está solo en el socio de coalición. La investigación de Anticorrupción se dirige directamente contra la propia alcaldesa y dos de sus concejalas por un presunto esquema de enchufismo en organismos públicos. La denuncia se apoya en la cronología de las convocatorias, en una denuncia notarial previa de trabajadores del Consorcio y en el informe de la Intervención General del Estado, que advirtió de posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad en algunos de los procesos cuestionados.
La acumulación de frentes judiciales ha generado una situación de máxima fragilidad política para el gobierno municipal. PP y Vox gobiernan Valencia gracias a una mayoría ajustada, por un sólo concejal de diferencia, y con una oposición que ha encontrado en los casos de contratación y colocación una línea de desgaste constante. Compromís ya ha pedido una comisión de investigación, mientras que el PSOE exige explicaciones por la deriva del ejecutivo local.
La repercusión trasciende además el ámbito local. Valencia es una de las plazas estratégicas del PP y una pieza central en el equilibrio político de la Comunidad Valenciana. Que la Fiscalía Anticorrupción investigue ahora a la alcaldesa y que el socio de gobierno arrastre, a su vez, causas abiertas o solicitudes de pena por parte del Ministerio Público dibuja un escenario de fuerte desgaste para una coalición que hasta hace poco presumía de estabilidad.