Anticorrupción investiga por prevaricación a la alcaldesa de Valencia tras una exclusiva de TO

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa del PP de Valencia, María José Catalá, dos concejalas de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner) por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes del Ministerio Público. La decisión llega tras las informaciones reveladas por TO el pasado mes de febrero y que fueron formalizadas en un denuncia presentada por el grupo municipal Compromís, que señalaba una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de la ciudad para recolocar a personal público a dedo.

La apertura de diligencias supone un salto cualitativo en un entramado que hasta ahora se había movido en el terreno político y mediático y que fue destapado en exclusiva por este diario. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía ha considerado que existen indicios suficientes para iniciar actuaciones preliminares y analizar si los hechos denunciados pueden encajar en los tipos penales de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El foco de la investigación se sitúa en una secuencia de decisiones administrativas adoptadas en la primavera de 2024, cuando el Consorcio Valencia 2007, organismo participado por el Gobierno, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento y presidido por la propia Catalá, se encontraba en proceso de liquidación. En ese contexto, se activaron de forma casi simultánea varios procesos selectivos en el Ayuntamiento de Valencia, en fundaciones municipales y en el propio Puerto que, según la denuncia, habrían servido para garantizar la recolocación de determinadas personas.

Uno de los elementos que ha pesado en la decisión de Anticorrupción es la existencia de una denuncia notarial previa. El 8 de mayo de 2024, un grupo de trabajadores del Consorcio dejó constancia ante notario de su «firme convencimiento» de que dos plazas clave del Puerto ya estaban asignadas de facto a Manuela Gras y Alicia Gimeno, entonces empleadas del ente en liquidación. Meses después, ambas fueron efectivamente seleccionadas para una subdirección de Infraestructuras y una jefatura de área económico-financiera, respectivamente, con salarios cercanos a los 100.000 euros anuales.

A esa advertencia anticipada se suma el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), incorporado a la denuncia. El órgano fiscalizador cuestionó el pasado año los procesos selectivos del Puerto y advirtió de posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad. En particular, señaló que algunas convocatorias presentaban perfiles extraordinariamente específicos vinculados a la gestión del propio Consorcio, lo que, en la práctica, podía restringir la concurrencia. El informe también detectó deficiencias en la valoración de candidaturas, ausencia de criterios homogéneos y posibles irregularidades en la composición de los tribunales.

Proceso paralelo en el Ayuntamiento

En paralelo a los procesos del Puerto, el Ayuntamiento de Valencia activó sus propias convocatorias incluso con varios días de antelación. La Fundación Deportiva Municipal, dependiente de la concejala Rocío Gil, aprobó en abril de 2024 dos plazas directivas con perfiles prácticamente idénticos a los que, días después, sacó a concurso la Autoridad Portuaria. Ambas convocatorias estaban dirigidas exclusivamente a personal laboral del sector público en activo, un requisito que no se había utilizado en otros procesos municipales durante la legislatura y que, según la oposición, reducía de forma significativa la competencia.

La evolución de estos procesos es uno de los aspectos que ahora examina la Fiscalía. El Ayuntamiento modificó los plazos de sus convocatorias alegando problemas de publicación en el BOE y trasladó el cómputo al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, lo que permitió extender el plazo hasta el 14 de junio, más allá del cierre del proceso del Puerto. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, esa ampliación permitió que al menos una de las candidatas, Alicia Gimeno, formalizara su solicitud fuera del plazo inicialmente previsto. La otra trabajadora, Manuel Gras, también se presentó a la plaza de dirección de Infraestructuras municipal, pero desistió cuando tuvo asegurada la del Puerto.

El desenlace resultó especialmente llamativo: una vez que Gras y Gimeno obtuvieron sus puestos en el Puerto, el Ayuntamiento declaró desiertos los procesos de la Fundación Deportiva Municipal el mismo día en que ambas se incorporaban al organismo portuario, el 16 de octubre de 2024, dejando a otros potenciales interesados que se habían presentado a las convocatorias en la estacada. Para la acusación, ese movimiento evidencia que las plazas municipales habían cumplido su función como vía alternativa de recolocación.

Plazas en la Fundación Turística

A este esquema se sumaron otras tres convocatorias lanzadas por la Fundación Visit Valencia el 15 de mayo de 2024, también dirigidas exclusivamente a personal del sector público en activo. Según la denuncia, estas plazas fueron ofrecidas desde el departamento dirigido por la concejal Paula Llobet a trabajadores del Consorcio en liquidación. Dos de ellos rechazaron concurrir al considerar que el procedimiento presentaba indicios de irregularidad, mientras que la plaza de administrativo sí terminó adjudicándose a un empleado (Enrique Móner) procedente del mismo organismo.

En total, la denuncia presentada a finales de febrero por Compromís identifica al menos siete procesos administrativos activados de forma paralela entre el Ayuntamiento, sus fundaciones y el Puerto. La formación sostiene que todos ellos responden a una estrategia coordinada para facilitar una «subrogación encubierta» de trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en otras estructuras públicas.

Desde el entorno municipal y los organismos implicados se ha defendido la legalidad de los procedimientos. La Fundación Visit Valencia, por ejemplo, aseguró que las convocatorias se realizaron «con pleno respeto a la normativa vigente» y que la limitación a personal del sector público en activo respondía a las restricciones de la tasa de reposición previstas en la legislación presupuestaria. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido ir un paso más allá y analizar si, más allá de la formalidad administrativa, existió una utilización instrumental de estos procesos.

La investigación se encuentra en una fase inicial. Las diligencias abiertas por Anticorrupción tienen como objetivo recabar documentación, analizar los expedientes completos de contratación y determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso.

Preguntada hace uno días la Autoridad Portuaria de Valencia al respecto manifestó que «no informamos de los tramites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha que consideramos forman parte de una instrucción. Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador».

Cinco concejales investigados

Con este caso, son ya cinco los concejales del equipo de gobierno de Valencia (en coalición entre PP y Vox) bajo investigación por parte de la Fiscalía. A los nombres de la alcaldesa, María José Catalá, y de las ediles Rocío Gil y Paula Llobet, se suman las diligencias abiertas el pasado año contra quien fuera concejal de Vox en la ciudad, Juanma Badenas, por el presunto amaño de contratos públicos desde la fundación municipal Valencia Activa en favor de la empresa Imedes, de la que es directivo el marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en un caso también destapado por THE OBJECTIVE.

A todos ellos, se suma la pareja de Badenas y también concejal de Vox, Cecilia Herrero, denunciada por la Fiscalía por un presunto delito de odio, para quien el Ministerio Público solicita tres años de prisión por la difusión de mensajes contra inmigrantes y personas con discapacidad.

Aquel episodio provocó además una fuerte crisis interna en el grupo municipal de Vox, con la salida temporal de Badenas y Herrero al grupo mixto, hasta su posterior reincorporación a las filas del partido de Santiago Abascal para garantizar la estabilidad del gobierno municipal que encabeza Catalá.

Con la apertura de estas diligencias, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta al primer caso de posible corrupción que afecta a una de sus principales plazas: la ciudad de Valencia. Un escenario especialmente sensible a las puertas de un nuevo ciclo electoral, en el que se prevé una disputa política de alta intensidad por el peso estratégico que tiene la capital en la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana.