Compromís pide una comisión de investigación en Valencia por la investigación a Catalá
El partido denuncia que la alcaldesa «ha convertido el Ayuntamiento en una agencia de colocación para los suyos»
Papi Robles (Compromís) durante la rueda de prensa. | Compromís
Compromís per Valencia va a pedir una comisión de investigación en el próximo Pleno del Ayuntamiento de la localidad por los cinco conejales que están siendo investigados por la Justicia, por diferentes delitos y en diferentes casos, así como la propia alcaldesa, María José Catalá, según ha informado el propio partido este martes en una nota de prensa.
El primer investigado fue Juanma Badenas, por prevaricación, malversación y delito de falsedad documental en la gestión de Valencia Activa. Después, su compañera de Vox, Cecilia Herrero, por delitos de odio. En este caso de clientelismo, están investigadas la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por prevaricación y tráfico de influencias ; la concejala Rocío Gil, por los mismos presuntos delitos; y la concejala Paula Llobet, también por prevaricación y tráfico de influencias.
El anuncio ha llegado el mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra Catalá, Gil y Llobet, así como contra la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner) por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, según ha adelantado THE OBJECTIVE esta martes.
Este mismo periódico reveló el pasado mes de febrero unas informaciones que señalaban a una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de la ciudad para recolocar a personal público a dedo, algo que fue formalizado en una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís.
«La Fiscalía Anticorrupción confirma que hay indicios suficientes para que se investigue penalmente a Catalá. Ha convertido el Ayuntamiento en una agencia de colocación para los suyos, una presunta red clientelar utilizando recursos públicos para beneficiar a su entorno», ha denunciado Compromís, que ha señalado que los hechos se remontan a abril de 2024, cuando el Consorcio Valéncia 2007 estaba en proceso de liquidación: «Mientras unas personas eran enviadas a la calle, otras ya tenían preparado su futuro con plazas a medida en distintos organismos públicos. Es indecente y profundamente injusto».