La nueva gerente del CNIO dimitió en febrero tras un escándalo por amaño de oposiciones

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) eligió el pasado viernes como gerente a Cristina Navarro Enterría. Un nombramiento con el que este organismo, el mayor centro del cáncer de España, quiso poner punto y aparte a meses de polémicas que han afectado a la institución. Entre ellas, la dimisión del anterior director, Jose Manuel Bernabé, tras ser señalado por acoso por la ex secretaria general o la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama que habría podido robar hasta 20 millones de euros en dinero público. Sin embargo, la que será la primera mujer que se pone al frente de la dirección del CNIO también tiene algún borrón en su currículum. Y además, reciente.

Cristina Navarro dimitió como subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hace dos meses, el pasado 6 de febrero. Su salida se justificó por «motivos personales» desde el área dirigida por Elma Saiz; pero fue especialmente llamativa porque se produjo en pleno escándalo por el presunto amaño en unas oposiciones al cuerpo de administrativos de la Seguridad Social que investiga el Ministerio Público. Una gestión, la de los procesos selectivos vinculados al departamento, que dependía directamente de la entonces subsecretaria. De hecho, Navarro dejó su cargo el mismo día que firmó la resolución definitiva de los aprobados en las oposiciones, pese a las irregularidades que investiga la Fiscalía.

Esa decisión implicará que los aspirantes que supuestamente cometieron irregularidades tomarán posesión de su plaza pese a que están siendo investigados. La revisión de los datos estadísticos sobre los presentados y aprobados en las provincias mostró que de las primeras 63 notas a nivel nacional, 33 pertenecían a la sede de La Coruña, tal como reveló este periódico. Es decir, que la mitad de las mejores calificaciones eran de aspirantes examinados en la misma región. Un hecho insólito, jamás visto en ninguna oposición, que tras ser denunciado por varios aspirantes fue trasladado por el ministerio —que también llevó a cabo una investigación interna— a la Fiscalía para que determinase el alcance de lo sucedido. 

La paralización del proceso selectivo

Al parecer, el departamento dirigido por Elma Saiz no encontró ninguna fórmula legal para paralizar el proceso solo para quienes habían cometido presuntamente irregularidades a la hora de superar la oposición. Por este motivo, la Seguridad Social decidió que debía «prevalecer el interés general y de terceros», habida cuenta de que la suspensión frustraría «las legítimas aspiraciones de quienes verían dilatada innecesariamente su nombramiento e incorporación a sus destinos obtenidos (…) con consecuencias personales, familiares y laborales perjudiciales para sus intereses», según señaló el ministerio en un escrito de respuesta a distintos afectados, que pedían la suspensión del proceso selectivo hasta que finalizase la investigación policial. Unas pesquisas sobre las que, por otro lado, todavía no ha trascendido ningún detalle. 

Sin embargo, el área de Elma Saiz ha asegurado que las irregularidades no están en ningún caso vinculadas al ministerio. «La auditoría interna realizada descarta cualquier negligencia o irregularidad cometida por parte de la Administración (miembros del tribunal, vigilantes, custodia de exámenes, etc.)». «Las informaciones recibidas de terceras personas apuntan a la utilización de pinganillos y otros dispositivos electrónicos por parte de los opositores, a través de los que conectar con el exterior y con personas ajenas a la institución», argumenta el ministerio, en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. 

En estas circunstancias, otras fuentes consultadas explicaron a este diario que la salida de esta licenciada en Derecho se debía en realidad a «continuas desavenencias» con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, en un departamento ya de por sí difícil de gestionar por las materias tan dispares y complejas que integra. Otras fuentes, sin embargo, aseguraban que el presunto amaño era consecuencia de su dimisión por la cronología de los hechos. Estas mismas fuentes ven ahora en la dirección del CNIO «un premio por los servicios prestados» a Cristina Navarro. 

El patronato del organismo considera que Navarro reúne «tanto la experiencia como la capacitación técnica óptimas para un puesto de la máxima exigencia personal y profesional, ya que cuenta no solo con una sólida trayectoria como gestora, sino que también posee la capacidad de liderazgo que requiere la dirección administrativa del mayor centro de investigación en oncología de nuestro país», según señaló en un comunicado. Como funcionaria de carrera, ha desarrollado su actividad en todas las áreas gerenciales de las entidades del sector público institucional: tramitación normativa, gestión económico-presupuestaria, recursos humanos, así como las relaciones entre departamentos y gestión de fondos europeos. Actualmente, es también vocal asesora del Ministerio de Hacienda.

Un pueblo de Ourense

En paralelo, la Fiscalía investiga las pruebas que se hicieron en la sede de La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia. No obstante, Celanova (Ourense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (la localidad tiene 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograron altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, pero también de Hacienda y ADIF. 

Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresaliente en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE). 

Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo con un mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional.