Los audios del enchufismo en Valencia: «He conseguido sacar siete plazas municipales»

El concejal de Grandes Proyectos de Valencia, José Marí Olano, mano derecha de la alcaldesa María José Catalá, explicó ante un grupo de trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en junio de 2024 los mecanismos utilizados en el diseño de convocatorias de empleo público municipal para la reubicación de personal procedente del ente en liquidación, en unos procesos que actualmente investiga la Fiscalía Anticorrupción. En los audios a los que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, el edil describe en primera persona los criterios aplicados en esas convocatorias, en el marco de una reunión que ha situado bajo el foco judicial a la alcaldesa María José Catalá y a las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil.

En aquel encuentro con los trabajadores del organismo en liquidación, Olano no solo detalló el número de plazas puestas en marcha, sino también los criterios utilizados para su diseño y las posibilidades de adaptación de las convocatorias públicas. «Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas».

El concejal explicó que esas vacantes se distribuían entre la Fundación Visit Valencia, la Fundación Deportiva Municipal y la empresa pública Aumsa. «Las cinco que ya han salido… y las tres plazas de Visit Valencia… y las dos de Aumsa que espero que salgan esta semana, aunque, de nuevo, no me comprometo porque ya os digo que al final acabaré teniendo un problema personal serio en Aumsa que no quiero tener», añadió, en una descripción precisa del despliegue simultáneo de convocatorias.

Efectivamente, los servicios jurídicos de Aumsa se negaron a sacar dichas plazas, según ha podido averiguar THE OBJECTIVE de fuentes solventes, a pesar de que la presidencia de dicha sociedad pública recae en el compañero de Gobierno de Olano y concejal de Urbanismo.

«Han intervenido tres secretarios municipales»

En otro momento de la reunión, Olano describió el encaje legal de la operativa de las convocatorias. «Han intervenido tres secretarios municipales… y no quiero utilizar la palabra ‘forzado’, pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer», afirmó.

La expresión no disipa las dudas. Al contrario, pone el foco en cómo se diseñaron las convocatorias de empleo público y en el alcance de la interpretación jurídica aplicada. El edil apunta a una lectura extensiva de la normativa para habilitar plazas en organismos públicos en pleno proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007.

Este contexto resulta determinante. El organismo, que presidía la propia alcaldesa, se encontraba en fase de extinción, con decenas de trabajadores abocados al despido. Paralelamente, se activaron procesos selectivos en distintas entidades municipales y en el Puerto de Valencia, algunos de los cuales han acabado bajo investigación por presunta prevaricación y tráfico de influencias.

Reducir la competencia

El fragmento más comprometedor de los audios se refiere a cuando el concejal explica el papel del requisito de ser trabajador público. «La condición de empleados públicos ha sido un requisito fundamental para reducir la competencia», afirma de forma explícita.

La frase resulta especialmente significativa porque conecta directamente con uno de los elementos centrales del caso: las convocatorias restringidas a personal en activo del sector público. Este criterio, poco habitual en otros procesos del consistorio durante la legislatura, tuvo como efecto inmediato la exclusión de la mayoría de aspirantes en fases iniciales.

Olano va más allá al explicar que este requisito permitía evitar «un régimen de concurrencia competitiva que es el normal cuando se seleccionan empleados públicos». Es decir, vincula el diseño de las bases no solo a criterios técnicos, sino también a su efecto en la limitación del número de candidatos.

El caso de la plaza de Visit Valencia

Uno de los procesos que mejor refleja este esquema es el de la plaza de administrativo en el servicio de turismo municipal, la Fundación Visit Valencia, actualmente bajo investigación por Anticorrupción. La convocatoria, publicada el 15 de mayo de 2024, restringía el acceso a personal en activo del sector público. El resultado fue una criba masiva: solo tres aspirantes llegaron al examen y uno de ellos acabó obteniendo la plaza.

Sin embargo, hay un elemento que introduce una nueva dimensión en el caso. El candidato finalmente seleccionado, Enrique Móner, no había formalizado su candidatura dentro del plazo inicialmente previsto en la convocatoria, según se desprende de la documentación analizada y de los audios de la reunión mantenida días después con trabajadores del Consorcio.

En ese encuentro, el propio concejal de Grandes Proyectos planteó la posibilidad de manipular los requisitos de la convocatoria en función de si había interesados:

José María Olano: «Si alguna de las plazas de Visit que no ha tenido convocatoria se puede… Si hay interesados, aunque sea modificando un poco, no en lo esencial, los requisitos de la convocatoria y no de la plaza, pues es una cuestión que soy todo oídos. Yo creo que es mejor que lo hablemos en privado, pero que yo estaré encantado de intentar solucionarlo. Os reitero, de la convocatoria, no de la plaza, ¿qué quiere decir? En Visit las condiciones laborales no son las mismas que aquí. El sueldo es inferior. Con carácter general, se trabajan dos tardes a la semana. Eso no se toca. Eso no se toca».

Y así ocurrió. Junto a una quincena de aspirantes que, en principio, habían presentado su candidatura dentro de plazo, se incorporó posteriormente y fuera de plazo, la solicitud del trabajador finalmente seleccionado.

Pero hay un elemento adicional. Cuando se celebró el examen-oposición, el 25 de octubre de 2024, ese mismo candidato ya había sido despedido del Consorcio Valencia 2007, por lo que no cumplía el requisito de pertenecer al sector público en activo exigido en la convocatoria.

Las declaraciones de Olano adquieren especial relevancia en este contexto. Los procesos selectivos en el ámbito público deben regirse por los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. La referencia a la posibilidad de ajustar requisitos y tratar determinadas cuestiones «en privado» sitúa estas prácticas y el modelo de gestión bajo sospecha.

Los audios conocidos ahora se suman a otros elementos ya incorporados a la investigación de la Fiscalía, como el acta notarial en la que varios trabajadores anticiparon con nombres y apellidos quiénes ocuparían determinadas plazas antes de su resolución, o el informe de la Intervención General del Estado que cuestiona algunos de los procesos del Puerto de Valencia. La relevancia de las declaraciones no reside únicamente en el número de plazas activadas, sino en la descripción de un esquema que permite entender cómo se articularon las convocatorias en distintos organismos del sector público municipal en la capital valenciana.