El PSOE de Almusafes ficha al abogado de la trama Gürtel para responder a Antifraude

El Ayuntamiento de Almusafes (Valencia) ha adjudicado un contrato de 14.700 euros para la defensa jurídica del alcalde expulsado del PSOE y tres concejales del grupo socialista en el marco del expediente abierto por la Agencia Valenciana Antifraude, en un movimiento que ha generado controversia tanto por el procedimiento como por el perfil del letrado elegido.

El contrato, tramitado como contrato menor y con un único licitador, ha sido adjudicado al abogado Juan Carlos Navarro, conocido por haber ejercido la defensa de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

La adjudicación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene como objeto la «defensa vía administrativa en expediente sancionador contra varios miembros corporativos», en referencia directa a la investigación abierta por Antifraude por un presunto patrón de represalias contra la trabajadora que denunció al alcalde Toni González por acoso sexual y laboral, y que provocó una fuerte crisis entre los socialistas que terminó con la expulsión del primer edil.

Defensa con fondos públicos

El contrato ha levantado críticas en distintos ámbitos por el hecho de que sea el propio Ayuntamiento el que asuma el coste de la defensa de los cargos investigados, en lugar de tratarse de una actuación a título personal.

Las personas afectadas por el expediente de Antifraude son, además del exalcalde socialista Toni González, ya expulsado del PSOE, los miembros del consejo de administración de la empresa pública EMSPA que aprobaron el despido disciplinario de la trabajadora el pasado 13 de febrero.

Se trata de los concejales socialistas Jaime Wic, Davinia Calatayud (primera teniente de alcalde) y Ramón Ribera, todos ellos implicados en las decisiones que ahora analiza el organismo autonómico.

Según fuentes conocedoras del caso, el contrato busca cubrir la defensa de estos cargos tanto en el procedimiento administrativo abierto por Antifraude como en posibles derivadas judiciales, incluida la demanda presentada por la víctima ante los tribunales.

Un contrato al límite y sin competencia

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el contrato se haya adjudicado con una única oferta presentada, pese a tratarse de un servicio jurídico que, según distintas fuentes, suele contar con mayor concurrencia.

La normativa de contratación pública establece la necesidad de solicitar varios presupuestos en los contratos menores para garantizar la competencia, aunque en la práctica este requisito no siempre se cumple de forma efectiva.

«Lo normal es que haya al menos tres ofertas. Aquí solo aparece una, y eso llama la atención», señala una fuente consultada, que cuestiona la falta de concurrencia en el proceso. Además, el importe del contrato (14.700 euros) ha sido considerado elevado por algunas voces, que lo comparan con servicios similares prestados a otras administraciones por cantidades inferiores.

Desde el ámbito local también se cuestiona que el coste de la defensa recaiga en las arcas públicas: «Es llamativo que sea el Ayuntamiento quien asuma este gasto y no las personas directamente afectadas, como ocurre en otros casos».

Perfil controvertido

La elección del letrado tampoco ha pasado inadvertida. Juan Carlos Navarro ha sido conocido por su participación en la defensa de Francisco Correa, figura central de la trama Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política en España.

Aunque no existe impedimento legal alguno para su contratación, fuentes municipales reconocen que el perfil del abogado resulta «cuanto menos llamativo en un contexto de investigación por posibles irregularidades en una administración pública».

Además, según estas mismas fuentes, se trata de la primera vez que este letrado trabaja con el Ayuntamiento, que habitualmente recurre a otros despachos.

Antifraude amplía el foco

La contratación se produce en un momento especialmente delicado para el Ayuntamiento de Almusafes y para el PSOE valenciano. La Agencia Valenciana Antifraude abrió el mes pasado un expediente sancionador en el que señalaba la existencia de una «escalada de hostigamiento» contra la trabajadora denunciante, a la que sitúa como víctima de posibles represalias tras haber informado de irregularidades internas.

El organismo consideró que el despido disciplinario aprobado por EMSPA formaba parte de ese patrón de presión y ordenó su readmisión inmediata, además de requerir al Ayuntamiento y a la empresa pública que se abstengan de cualquier actuación que pueda suponer un nuevo menoscabo de sus derechos.

La resolución, de tono especialmente duro, apuntó no solo al gerente de la empresa pública, sino también a los responsables políticos que participaron en la toma de decisiones, ampliando así el alcance de la investigación.

Un caso con múltiples frentes

El procedimiento de Antifraude se suma a la vía judicial abierta por la propia víctima, que ha demandado al Ayuntamiento y a la empresa pública por despido nulo y vulneración de derechos fundamentales, reclamando una indemnización de 60.000 euros por daños morales.

En paralelo, el caso ha tenido consecuencias políticas directas. El alcalde, Toni González, fue expulsado del PSOE tras semanas de presión interna y mediática, en un intento de la dirección autonómica de contener una crisis que amenaza con erosionar la imagen del partido.

Sin embargo, la contratación ahora conocida evidencia que el conflicto no solo sigue abierto, sino que entra en una nueva fase, marcada por la defensa jurídica coordinada de los cargos implicados. Una situación en la que confluyen intereses distintos: por un lado, los del exalcalde ya fuera del PSOE, y por otro, los de los concejales del equipo de gobierno que siguen formando parte de las filas socialistas.

Un debate de fondo

La decisión del Ayuntamiento de asumir con fondos públicos la defensa de los investigados reabre un debate recurrente: hasta qué punto debe la administración cubrir los costes legales de cargos que actúan en el ejercicio de sus funciones cuando están siendo investigados por posibles irregularidades.

En este caso, la línea entre lo institucional y lo personal se vuelve especialmente difusa, en un contexto en el que Antifraude apunta a comportamientos que podrían ir más allá de la actuación administrativa ordinaria.

Y con el expediente aún en marcha, todo indica que el caso de Almusafes seguirá generando nuevos capítulos próximamente.