Interior aprueba 12 millones en barreras móviles contra los narcos en el Guadalquivir
Los guardias civiles recuerdan el precedente de Guadarranque, marcado por sabotajes, y reclaman más medios
Intervención de narcolanchas en el río Guadalquivir. | Ministerio del Interior
Las nuevas barreras contra el narcotráfico en el río Guadalquivir ya tienen respaldo institucional. El Ministerio del Interior y la Autoridad Portuaria de Sevilla han firmado un convenio que permitirá destinar 12 millones de euros a la instalación de un sistema móvil con el que tratar de dificultar el tránsito de narcolanchas por el principal cauce fluvial de Andalucía.
La iniciativa fue anunciada por Fernando Grande-Marlaska en el Senado como parte de la estrategia del Gobierno frente al avance del narcotráfico en el sur de España. Sin embargo, el proyecto llega acompañado de interrogantes y no está exento de incertidumbre. Algunos de ellos tienen que ver con un precedente que todavía sigue muy presente entre los agentes destinados en la zona: la barrera instalada en 2016 en el río Guadarranque.
El precedente
En 2016, el Ministerio del Interior impulsó una barrera en la desembocadura del río Guadarranque, entre los municipios de San Roque y Los Barrios. El objetivo era impedir el acceso de las narcolanchas a una zona que entonces concentraba buena parte de la actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar.
Según la documentación, la infraestructura estaba formada por pilotes de acero rellenos de hormigón unidos mediante elementos metálicos de refuerzo. Las autoridades la presentaron como una herramienta para dificultar la navegación de estas embarcaciones pero la realidad fue distinta.
La estructura sufrió sabotajes poco después de su puesta en funcionamiento. Los daños permitieron reabrir pasos para pequeñas embarcaciones y obligaron a realizar reparaciones sucesivas. Con el tiempo, la barrera terminó convirtiéndose en un ejemplo citado por sindicatos y asociaciones profesionales cuando cuestionan la eficacia de este tipo de soluciones.
La complejidad del río
Las dudas no se limitan al precedente sino que se extienden al propio río. El Guadalquivir presenta unas características muy distintas a las del Guadarranque. Se trata de una vía navegable de gran extensión, con tráfico comercial hacia el puerto de Sevilla y con numerosos ramales, caños y zonas de marisma.
Las organizaciones criminales llevan años aprovechando esa complejidad geográfica para esconderse y zafarse de los agentes. Las operaciones policiales desarrolladas en los últimos años han confirmado la creciente utilización del río como corredor para el transporte de droga y para el apoyo logístico a las narcolanchas. Precisamente por eso, asociaciones de guardias civiles han expresado a THE OBJECTIVE su escepticismo respecto al proyecto anunciado por el Gobierno.
Su argumento principal es que una infraestructura fija o semipermanente puede encontrar dificultades para adaptarse a un entorno tan amplio y cambiante. También recuerdan que las organizaciones criminales han demostrado históricamente una gran capacidad para modificar rutas y métodos cuando aumenta la presión policial.
La pugna sobre la falta de medios
Buena parte de los representantes de los agentes sostienen que la prioridad debería pasar por reforzar los recursos humanos y materiales destinados a combatir el narcotráfico. Esta lucha se ha intensificado en los últimos meses, especialmente tras varios episodios que han vuelto a poner de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los efectivos desplegados en Andalucía.
La reclamación tampoco es nueva. Las asociaciones reclaman más embarcaciones, mejores medios tecnológicos y un incremento de personal en las zonas consideradas más sensibles. La inversión de 12 millones de euros en una infraestructura concreta ha generado preguntas sobre si ese dinero podría haberse destinado a otras herramientas operativas.
El Ministerio del Interior ha defendido que el proyecto es el resultado de meses de estudios e informes y sostiene que permitirá reforzar la lucha contra las narcolanchas sin afectar al tráfico ordinario de buques. La incógnita, explican los agentes, está en comprobar si esa previsión se traduce en resultados sobre el terreno o por el contrario, no ofrecerá los resultados esperados por el Gobierno de Sánchez.