Ofensiva del PP contra Marlaska por disolver el grupo Ares en Barajas al investigar a Plus Ultra

El Partido Popular ha presentado el pasado jueves una batería de preguntas parlamentarias para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclare por qué decidió disolver el grupo Ares de la Guardia Civil en marzo de 2025, después de que los agentes que trabajaban en el aeropuerto de Barajas elevasen un informe a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) con presuntas irregularidades de Plus Ultra, según adelantó THE OBJECTIVE en exclusiva a mediados de mayo.

Los diputados populares subrayan de inicio que la trama vinculada a la aerolínea hispano-venezolana «no solo realizaba determinadas operaciones de ingeniería financiera para blanquear», sino que también usó supuestamente «el procedimiento de enviar remesas de dinero en efectivo, a través de fajos de billetes en vuelos que llevaban determinados pasajeros que se usaban como ‘correos’ o con maletas ‘autorizadas’».

Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo señala que la Policía Nacional ha detectado desde 2021 la llegada a Madrid, a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas, «de ciudadanos ecuatoguineanos sin visados y documentos falsos en los vuelos de Plus Ultra» y que, según ha trascendido en grabaciones y otros archivos, la compañía aérea «presuntamente era consciente y tenía conocimiento de la falsedad de los documentos usados para la compra de los billetes de vuelo a Madrid desde Malabo».

A ello se une que recientemente «se han conocido nuevas supuestas irregularidades adicionales en la ‘operativa’ de la aerolínea». Concretamente, entre 2022 y 2025. Un período en el que Plus Ultra «ha sido escenario de supuestas prácticas que van mucho más allá de una mala gestión». De ahí que la Guardia Civil iniciase una investigación sobre la aerolínea «en la que se agrupaban dos elementos».

En primer lugar, una «posible falsificación» de documentos oficiales de vuelo en —al menos— tres episodios: el aterrizaje con sobrepeso del vuelo de regreso de Caracas en Tenerife (enero de 2023), el vuelo PUE889 Madrid-Malabo (noviembre de 2023) y el vuelo PUE221, posteriormente modificado a PUE231, Madrid-Bogotá (agosto de 2024). «En los tres, los papeles oficiales del avión no cuentan supuestamente lo que realmente pasó», incide el PP.

En al menos dos de ellos, «la orden de falsificar u ocultar la documentación parte directamente del mismo responsable jerárquico». El segundo elemento es el presunto uso ilegal de pilotos en formación. Durante más de dos años, «Plus Ultra empleó a pilotos que aún estaban en fase de prácticas como si fueran pilotos titulares».

En opinión de los populares, el problema es la existencia de «fallos graves [por parte] de las instituciones que debían controlar a la compañía». La Guardia Civil abrió «un expediente sólido que concluyó con indicios claros», subrayan los diputados del principal partido de la oposición. «Evacuadas las consultas con el fiscal jefe de la Fiscalía madrileña (Pilar Rodríguez), esta se negó a iniciar instrucción. Se activó la derivación a AESA, donde hubo una primera toma de contacto telemática de la que derivó la conveniencia de celebrar una reunión presencial a la vista de la gravedad de los hechos. Y, justo antes de esa reunión planificada con AESA, se procedió a la disolución de la unidad del cuerpo de la Benemérita que investigaba los hechos», aseguran refiriéndose al Equipo Ares.

Como consecuencia de dicha disolución, que explica que «al parecer se perdió rastro del expediente», y lo que se ha conocido, gracias a las exclusivas de THE OBJECTIVE, los populares sentencian que «no puede considerarse un simple problema de papeleo». A juicio de estos, «de confirmarse, en sus términos, estaríamos ante una cadena de decisiones que podrían suponer la comisión de determinados ilícitos penales de cierta gravedad, como falsedad documental, o un delito contra la seguridad colectiva por operar conscientemente un avión fuera de los límites certificados con pasajeros a bordo».

El PP finaliza su exposición de motivos recordando que la Audiencia Nacional ha imputado esta semana a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, «en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo en relación [con el] rescate y posteriores acciones de Plus Ultra».

¿Quién autorizó la disolución?

Por todo ello, la formación de Feijóo pregunta al Gobierno quién tomó la decisión formal de disolver el Equipo Ares, qué motivos hubo para ello y quién autorizó esa decisión. Además, inquiere si finalmente hubo alguna reunión sobre el traslado del expediente a AESA, cita programada antes de la disolución de este grupo de agentes que trabajaban en Barajas, y si este organismo dependiente del Ministerio de Transportes llegó a tomar alguna decisión al respecto.

Asimismo, el PP exige conocer cuál fue el cauce institucional al que se envió la denuncia sobre el uso ilegal de pilotos en formación y qué comunicaciones hubo entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía, AESA y la Guardia Civil «durante el periodo clave» en el que se decidió el cierre de esta unidad adscrita a Barajas. Por último, pregunta al Gobierno si hay una «relación funcional» entre las decisiones tomadas en este expediente y la supuesta intervención de Zapatero «en labores de mediación y ejercicio de presunta influencia a favor de la compañía Plus Ultra, especialmente en lo relativo a la concesión del discutido rescate» de 53 millones que la aerolínea recibió en marzo de 2021.

La Guardia Civil bautizó como «Ares» hace una década a un pequeño grupo de agentes operativos de la Unidad Fiscal y de Fronteras en el aeropuerto de Barajas a cargo de la seguridad aduanera y el control del contrabando, narcotráfico y tráfico de personas que pasa por el principal punto de entrada de viajeros a nuestro país. A este equipo compuesto por media docena de agentes se le encomendó la tarea de indagar en las cuestiones de seguridad aérea que afectan a las aerolíneas y a las que no suele llegar la agencia estatal encargada de ello —AESA— por falta de recursos. Se puso en marcha junto a los equipos Pegaso, creados en los principales aeropuertos para el control de drones furtivos. Pero a diferencia de estas unidades, que ya están repartidas por toda la geografía española, el equipo Ares especializado en seguridad aérea solo se activó en Barajas.

La presencia de estos agentes en el aeropuerto de Madrid junto a operarios, comandantes de vuelos o personal del handling les ha permitido tener información de primera mano sobre defraudaciones fiscales y diferentes delitos, tanto de las grandes aerolíneas como de personajes famosos y de los negocios. Y fueron ellos los primeros en analizar las denuncias de varios trabajadores de Plus Ultra por presuntas irregularidades internas.

La unidad Ares fue disuelta en marzo de 2025, para sorpresa de sus agentes, y el expediente sobre las presuntas irregularidades de Plus Ultra se quedó en el limbo. Desde entonces, no constan más indagaciones ni se ha abierto formalmente una investigación judicial. Y en cuanto a AESA, la autoridad española encargada de supervisar a las aerolíneas, tampoco ha sancionado en este tiempo a la compañía hispano-venezolana, según subrayaron desde la empresa dirigida por Julio Martínez Sola a preguntas de este periódico.

«El expediente se evapora»

«La disolución [de Ares] se produce en el momento operativo exacto en que el expediente, ya instruido, con conclusión clara, y una vez constatada la negativa de la Fiscalía a actuar, iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. La cadena institucional se corta justo en ese punto. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora», esgrimió una fuente próxima a la investigación.

El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a la mencionada denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste», concluyó la citada fuente.