La víctima del alcalde de Almusafes lleva al consistorio a los tribunales y pide 60.000 euros
Denuncia una campaña de «descrédito, aislamiento y escarnio público» tras enfrentarse al regidor
El alcalde de la población valenciana de Almusafes, Toni González. | EFE/Raúl Sanchidrián
La crisis abierta en torno al caso de presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde exsocialista del Ayuntamiento de Almusafes suma un nuevo capítulo. La víctima denunciante ha decidido dar el salto definitivo a la vía judicial y ha presentado una demanda contra la empresa pública municipal EMSPA y contra el propio consistorio en la que solicita la nulidad de su despido, su readmisión y una indemnización de 60.000 euros por daños morales.
El movimiento judicial se produce tras meses de tensión creciente y después de que la Agencia Valenciana Antifraude haya señalado la existencia de un «patrón de represalias» contra la trabajadora, lo que terminó por convertir el caso en una de las mayores crisis internas del PSOE valenciano de los últimos años.
De denunciante a despedida
Según consta en la demanda, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la trabajadora, empleada desde 2018 en la empresa pública municipal, sostiene que su despido no respondió a motivos disciplinarios reales, sino que fue la culminación de una cadena de presiones, hostigamiento y represalias iniciada tras denunciar irregularidades internas y el presunto acoso del alcalde.
La denunciante, que ejercía funciones de representación sindical dentro de la empresa local, afirma que, tras comunicar irregularidades en la contratación laboral y acudir a la Agencia Valenciana Antifraude en julio de 2025, comenzó a sufrir un deterioro progresivo de sus condiciones laborales y personales. Según su relato, esa presión derivó incluso en una baja médica por ansiedad.
El conflicto escaló definitivamente cuando, en enero de 2026, la empresa inició un expediente disciplinario contra ella que desembocó en su despido en febrero. La trabajadora sostiene que los hechos que se le imputan, relacionados con la difusión de un informe de auditoría, no suponen infracción alguna y, en cualquier caso, se basan en información que ya era pública o había circulado previamente.
Sospecha de represalias
La clave de la demanda radica en la interpretación del despido como un acto de represalia directa. La denunciante sostiene que su cese respondió a un intento de «torcer su voluntad» y frenar su actividad sindical y sus denuncias ante Antifraude.
En este sentido, la demanda encuadra los hechos dentro de una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical y de la llamada garantía de indemnidad, que protege a los trabajadores frente a represalias por denunciar irregularidades.
La trabajadora describe un contexto de «descrédito profesional, aislamiento, descalificaciones y escarnio público», que se habría producido tanto en el entorno laboral como en el ámbito político y social de la localidad. Según expone, estas conductas habrían culminado con el despido disciplinario, que considera el «corolario» de todo el proceso.
Antifraude avala su versión
El paso a los tribunales llega después de que la Agencia Valenciana Antifraude adoptara una decisión clave el pasado 9 de marzo. En esa resolución, el organismo autonómico ordenó la readmisión inmediata de la trabajadora, al considerar que el despido podía causar un perjuicio irreparable y que existían indicios de represalias.
Además, Antifraude requirió tanto a la empresa pública como al Ayuntamiento que se abstuvieran de realizar «nuevos actos de presión, descrédito o hostigamiento» mientras se tramita el procedimiento.
En su resolución, el organismo no solo apuntó a la empresa, sino que amplió el foco de responsabilidad a distintos cargos públicos y al propio alcalde, lo que refuerza la tesis de la denunciante sobre la existencia de una actuación coordinada.
Batalla judicial
La demanda no se limita a la nulidad del despido. La trabajadora solicita también una indemnización de 60.000 euros por los daños sufridos, alegando el impacto que la situación ha tenido en su salud, su reputación y su vida personal.
El procedimiento judicial añade un nuevo frente a un caso que ya había tenido consecuencias políticas de gran calado. El alcalde de la población, Toni González, fue expulsado del PSOE tras meses de polémicas y acumulación de denuncias, en un contexto marcado por la presión mediática y por las conclusiones preliminares de Antifraude.
Sin embargo, lejos de cerrarse, el caso sigue creciendo. La vía judicial abre ahora un escenario en el que será un juzgado de lo social el que deba determinar si el despido fue legal o si, como sostiene la denunciante, se trató de una represalia directa por haber denunciado irregularidades y acoso.
Un caso que sigue escalando
El conflicto de Almusafes ha ido evolucionando desde una denuncia inicial por acoso sexual y laboral hasta convertirse en un entramado más complejo que incluye acusaciones de hostigamiento, represalias, despido improcedente y vulneración de derechos fundamentales.
La propia demanda pone de relieve que las actuaciones denunciadas no se limitaron al ámbito interno de la empresa, sino que se extendieron al entorno político y social del municipio, amplificando el impacto del caso. De este modo, el proceso entra ahora en una nueva fase en la que las responsabilidades ya no se dirimirán únicamente en el terreno político o administrativo, sino en los tribunales. Y lo hace con un elemento que puede resultar determinante: el respaldo previo de Antifraude a la versión de la denunciante.