Una exalcaldesa del PP logra una plaza en Valencia en otro proceso bajo sospecha
El Ayuntamiento le adjudica un puesto de casi 65.000 euros tras alterar los criterios de valoración previstos en sus bases
María José Catalá, durante la celebración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia el mes pasado. | Jorge Gil / EP
La adjudicación de una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Valencia ha reavivado las dudas sobre los procedimientos de contratación de puestos públicos en el consistorio de la capital del Turia. La beneficiaria final, Chelo Escrivá, exalcaldesa del PP en la población valenciana de Oliva, ha consolidado su posición con un salario cercano a los 65.000 euros anuales tras un proceso que comenzó con la creación del puesto a finales de 2023 y terminó en enero de 2026 con su nombramiento definitivo, todo en cuestión de dos años.
El caso adquiere relevancia no solo por la secuencia administrativa, sino por el contexto político en el que se produce. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción mantiene diligencias abiertas sobre otros procesos de contratación en el Ayuntamiento de Valencia que afectan a la alcaldesa, María José Catalá, y a dos concejalas de su equipo, Paula Llobet y Rocío Gil; precisamente sobre esta última ha recaído la responsabilidad de adjudicar la plaza a la compañera del partido y pareja también de un jefe de servicio del propio ayuntamiento, Manuel Gómez Tejedor. Aunque este procedimiento concreto no forma parte de las investigaciones, su desarrollo se produce en un clima de creciente escrutinio sobre la gestión del personal público en Valencia.
Una plaza que no existía
El origen del proceso se sitúa en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo municipal de la Universidad Popular, aprobada en octubre de 2023 (justo antes de la firma del acuerdo de Gobierno con Vox por el que dicho ente pasó bajo control de los de Abascal en Valencia) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 31. A diferencia de otros procedimientos habituales, no se trataba de cubrir una vacante preexistente, sino de la creación de un puesto nuevo: el de un coordinador técnico de proyectos (bajo las siglas UT-03 y encuadrado en el grupo A2, nivel 26).
La rapidez con la que se desarrollaron los siguientes pasos es uno de los elementos más llamativos. Solo ocho días después, el 8 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento activó la cobertura del puesto mediante una convocatoria en comisión de servicios, un procedimiento de carácter excepcional y temporal.
Ya en esa primera fase, solo se presentó una candidata: Chelo Escrivá, la exalcaldesa popular en Oliva que cumplía los requisitos exigidos, entre ellos la posesión de un título de Magisterio en Educación Primaria o equivalente. No hubo más candidatos. Su nombramiento en comisión de servicios marcó el inicio de una continuidad que se mantendría en todo el proceso.
Llama la atención que sobre su currículo el Ayuntamiento de Valencia valorase sus conocimientos en idiomas, cuando solo decía hablar valenciano y tener un nivel medio de francés sin llegar tampoco a acreditarlo bajo ningún modo, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
De la provisionalidad a la plaza fija
Menos de dos años después, cuando Vox ya había dejado esa cartera y pasó de nuevo a manos del PP, el gobierno municipal impulsó la provisión definitiva del puesto mediante un concurso abierto. Las bases aprobadas para este proceso introdujeron un sistema de valoración que se apartó del modelo general aprobado por el propio Ayuntamiento en 2017, que debe regir todos los concursos de provisión definitiva de los puestos funcionariales.
Entre las principales diferencias destacó el peso otorgado a la formación continua, que podía alcanzar hasta 25 puntos (cuando en las bases generales todavía vigentes sólo pesan 4,5 puntos), y al conocimiento del valenciano, con hasta diez puntos, frente a otros méritos como titulaciones superiores o idiomas extranjeros, que dejaron de puntuar. Además, el proceso eliminó la entrevista y la defensa de una memoria, elementos contemplados en el modelo general.
El resultado fue un nuevo sistema de baremación que favoreció el perfil de Chelo Escrivá, especialmente aquellos vinculados a la formación continua en el ámbito educativo. En la fase de admisión, varios aspirantes quedaron excluidos por no cumplir requisitos específicos como la pertenencia a la escala de Administración Especial o la posesión del título de Magisterio.
Finalmente, solo cuatro candidatos accedieron a la fase final del concurso, tras un filtrado previo que limitó la concurrencia a perfiles como el de la propia Escrivá.
La valoración de méritos, realizada en diciembre de 2025, situó a Escrivá en primera posición con 67,60 puntos, por delante de otro aspirante que alcanzó los 60,30 puntos. La diferencia se sustentó principalmente en el apartado de formación, donde la exalcaldesa del PP obtuvo la máxima puntuación, así como en otros elementos del baremo que favorecían su trayectoria profesional.
El 20 de enero de 2026, la presidenta de la Universidad Popular y concejala Rocío Gil formalizó la adjudicación definitiva del puesto, cerrando un proceso en el que la misma persona había ocupado el destino desde su fase inicial en comisión de servicios.
Sin cambios de protagonista
La secuencia administrativa presenta una característica común: la continuidad de la misma persona desde el inicio hasta el final del procedimiento. Desde su entrada en noviembre de 2023 hasta su consolidación definitiva en 2026, Escrivá fue la única constante en todas las fases.
Este elemento, unido a la creación previa del puesto, la definición de un perfil específico y la configuración de un sistema de baremación particular, sitúa el foco en la forma que se diseñó del proceso más que en su resultado final.
La plaza adjudicada no es tampoco menor dentro de la estructura municipal. Según las tablas retributivas del Ayuntamiento para 2025, un puesto de estas características (A2, nivel 26) alcanza una retribución anual de 58.174,98 euros, sin incluir complementos adicionales. Además, incorpora un complemento específico superior a los 2.000 euros mensuales, lo que sitúa el salario en torno a los 65.000 euros, según las fuentes consultadas.
Aunque el procedimiento no está incluido en las diligencias abiertas por Anticorrupción, su desarrollo presenta elementos que recuerdan a los patrones que están siendo analizados en otros nombramientos del Ayuntamiento de Valencia.