PP y Vox no investigarán en el 'caso enchufismo' con Catalá bajo la lupa de Anticorrupción

El primer pleno del Ayuntamiento de Valencia tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa María José Catalá y parte de su equipo se convirtió este jueves en un choque político de máxima intensidad. PP y Vox han votado en contra de investigar el denominado caso enchufismo, destapado por THE OBJECTIVE, rechazando la creación de una comisión de investigación solicitada por la oposición para esclarecer las presuntas irregularidades en la recolocación de trabajadores del extinto organismo público Consorcio Valencia 2007.

La votación llega en un contexto inédito: una alcaldesa en ejercicio investigada por Anticorrupción, junto a sus concejalas Paula Llobet y Rocío Gil, y con la posible ampliación del foco al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras la publicación de audios en los que detalla el amaño de los procesos de selección.

Un pleno marcado por los audios

El debate ha estado atravesado desde el inicio por el contenido de esos audios, adelantados por TO, en los que Olano explicaba en junio de 2024 cómo se diseñaron las convocatorias públicas durante la liquidación del Consorcio.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, abrió su intervención reproduciendo frases literales del edil: «La condición de empleados públicos ha sido un requisito fundamental para reducir la competencia» o «si alguien quiere hablar conmigo de manera personal y reservada, tenéis mi teléfono».

Para la oposición, estas palabras son la prueba de un patrón. Robles denunció que el gobierno de Catalá «privatiza, genera un problema y luego lo resuelve de manera opaca», vinculando la externalización de la gestión de la Marina del Puerto de Valencia, de donde procedían los trabajadores presuntamente enchufados, con la posterior activación de plazas públicas en distintos organismos.

Según las informaciones de este periódico, las plazas (en los organismos municipales de la Fundación Visit Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, así como en el Puerto de Valencia) se diseñaron para facilitar el acceso a personas concretas. «Los trabajadores sabían de antemano quiénes iban a ser los agraciados y lo dejaron por escrito ante notario», afirmó Robles.

La oposición eleva el tono

El portavoz socialista, Borja Sanjuán, fue más allá y acusó directamente al concejal Olano de «amañar procedimientos de empleo público». En su intervención, cuestionó que el edil mantuviera reuniones privadas con trabajadores del organismo liquidado mientras disponía de información privilegiada sobre convocatorias.

«No puede decir que eran reuniones internas cuando lo que estaba haciendo era reunirse con ellos para colocarlos», sostuvo, señalando la contradicción entre la versión oficial del Gobierno y los audios conocidos.

Sanjuán insistió en que el caso refleja una práctica estructural: «Confundir el interés general con el interés privado». A su juicio, la clave no está solo en las plazas, sino en el proceso previo de privatización de la Marina, que habría generado la necesidad de recolocar a determinados perfiles.

El Gobierno niega irregularidades

Frente a estas acusaciones, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, defendió la actuación del ejecutivo y cargó contra la oposición, a la que acusó de «montar un circo mediático».

Caballero sostuvo que el origen del problema se remonta a la decisión del anterior Gobierno de Compromís y PSOE de liquidar el Consorcio Valencia 2007 en 2022. Según su versión, fue ese proceso el que dejó sin salida a los trabajadores, y acusó a la oposición de haber planteado entonces «recolocaciones a dedo» sin procedimiento selectivo.

El Gobierno municipal defendió que todas las convocatorias se realizaron conforme a la legalidad, con el aval de la abogacía del Estado y de los secretarios municipales. «Aquí se respeta la ley», afirmó Caballero, quien rechazó cualquier irregularidad en los procesos investigados.

Cinco investigados y un sexto en el foco

El pleno ha evidenciado la dimensión política del caso. Según recordó Compromís, hasta cinco responsables del Gobierno municipal están bajo investigación o señalados en las diligencias: la alcaldesa, dos concejalas del PP y dos concejales de Vox. A ellos podría sumarse el propio Olano, cuya actuación ha quedado en el centro del debate tras la difusión de los audios.

«Estamos hablando de un Gobierno con cinco responsables investigados, camino de seis, y sin una sola explicación pública», denunció Robles, quien volvió a exigir la dimisión del concejal y la creación de una comisión independiente.

En el origen, THE OBJECTIVE

La investigación de la Fiscalía tiene su origen en las informaciones publicadas por THE OBJECTIVE desde febrero, que revelaron un patrón de convocatorias simultáneas en distintas entidades públicas coincidiendo con la liquidación del Consorcio. Ese patrón incluía perfiles muy concretos, restricciones de acceso que reducían la concurrencia y una coincidencia llamativa entre los nombres previstos y los finalmente seleccionados. Con el paso de las semanas, esos indicios se vieron reforzados por la aparición de un acta notarial en la que trabajadores anticipaban los resultados y por los audios en los que el concejal Olano explicaba el diseño de las convocatorias y ofrecía adaptar requisitos «en privado».

La decisión de PP y Vox de bloquear la comisión de investigación marca un punto de inflexión. Para la oposición, el rechazo confirma la voluntad de no aclarar los hechos. Para el gobierno, se trata de evitar convertir el pleno en un «tribunal paralelo».

Lo cierto es que el caso ha dejado de ser una cuestión administrativa para convertirse en un problema político de primer orden en Valencia, uno de los principales bastiones electorales para la derecha y la izquierda en 2027. La investigación judicial sigue en curso, pero el debate ya se ha instalado en el corazón del Ayuntamiento. Y el pleno de este 30 de abril lo ha dejado claro: el caso enchufismo ha abierto una crisis política que el Gobierno municipal, por ahora, ha optado por contener en lugar de investigar.