García dice que los inmigrantes usan menos el sistema sanitario que los nacidos en España

La población inmigrante utiliza menos el sistema sanitario que las personas nacidas en España y su acceso, «con frecuencia», es «más limitado, más intermitente» y «más tardío», según se desprende del informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, elaborado por el Ministerio de Sanidad.

«Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en Atención Primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas», ha señalado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del documento.

En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18 y un 51 por ciento más visitas a Atención Primaria (AP), entre un 32 y un 69 por ciento más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38 por ciento más enfermedades crónicas que la población inmigrante, en función de la región con la que se compare. En lo que respecta a las enfermedades crónicas, la tasa de personas que padecen tres o más de estos problemas es hasta un 65 por ciento mayor en la población autóctona que en otras regiones.

El estudio ha centrado su análisis en las personas procedentes de la Unión Europea, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras regiones, siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial.

Según recoge, en cuatro de estas patologías, trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma, las tasas de prevalencia en España superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.

Solo hay cinco excepciones en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud: estas son la diabetes mellitus no insulinodependiente, en la región de Mediterráneo Oriental; la hipertensión arterial no complicada, en África; el infarto agudo de miocardio, en Europa; la insuficiencia renal crónica, en África; y los problemas con el sistema sanitario, en Latinoamérica.

Acceso tardío

La ministra ha aseverado que lo «más preocupante» es el acceso «más tardío» por parte de la población migrante, lo que pone de manifiesto «dificultades» para acceder a una Atención Primaria que «permita prevenir, diagnosticar precozmente y realizar un seguimiento adecuado de los problemas de salud», lo que termina suponiendo una mayor exposición a servicios de Urgencias y a ingresos hospitalarios.

«Cuando se interrumpe esa continuidad asistencial o cuando existen obstáculos para acceder al sistema, las personas terminan llegando tarde y en peores condiciones», ha lamentado.

A su vez, el informe confirma que las personas migrantes «suelen llegar con mejor estado de salud» que el que tiene la población autóctona, pero esa «ventaja inicial» se va perdiendo «con el paso del tiempo», como recoge la literatura científica. Esto es resultado de la suma de razones biológicas y otras de carácter social, conocidas como determinantes sociales de la salud.

«La salud empeora cuando hay peores condiciones de vida, cuando existe una mayor precariedad laboral, más dificultades para acceder a la vivienda, más obstáculos para acceder a recursos básicos o más barreras para relacionarse con el sistema sanitario», ha detallado la titular de Sanidad, quien ha puesto en valor, por ello, la «universalidad» del Sistema Nacional de Salud, no solo como una «cuestión de justicia social», sino también de «solidaridad», «humanidad» y «eficacia».

En este punto, ha advertido de que las desigualdades en salud «no afectan a todos los grupos por igual» y, entre los colectivos más vulnerables, ha mencionado a las mujeres migrantes. «En ellas confluyen todas las desigualdades, todos los sesgos asociados al género, asociados al origen, asociados a las condiciones económicas, asociados a las condiciones laborales, generando todavía mayores dificultades en el acceso y peores resultados en salud», ha explicado, para precisar, a continuación, que este «acúmulo de obstáculos» se observa en el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

Frente a la «falsa» prioridad nacional, prioridad «universal»

Sanidad ha presentado este informe para desmentir los «bulos» y «prejuicios» surgidos tras la aprobación del Real Decreto 180/2026, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria de la población migrante en situación irregular, buscando recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria. El estudio concluye, en este sentido, que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de Urgencias.

Al hilo, Mónica García ha subrayado que, frente a la «falsa prioridad nacional de la extrema derecha», la prioridad del Gobierno «es universal: proteger los derechos humanos, cuidar a todos y no dejar a nadie atrás». A este respecto, ha apuntado que la sanidad pública en España se alinea con el código deontológico de los profesionales, por el que la atención se presta «sin exclusión».

Asimismo, ha destacado que la sanidad pública funciona como «red de seguridad» que «garantiza» la atención a las personas que tienen «menos alternativas», a pesar de que ha reconocido que siguen existiendo «obstáculos» relacionados con factores administrativos, culturales y sociales, como trámites complejos o dificultades lingüísticas, frente a los que hay que «seguir haciendo iniciativas».

«La población migrante recurre mayoritariamente al sistema público», ha señalado García. Según los resultados, se observa una mayor asistencia exclusiva a la sanidad pública por parte de los nacidos fuera de España (61,5% frente a 59,3%), con una predominancia de asistencia a servicios exclusivamente privados por parte de los nacidos en España (8,5% frente al 5,2%), a lo que se añade una asistencia a servicios tanto públicos como privados ligeramente más elevada en países diferentes a España (33,3% frente al 32,3%).

La ministra también ha subrayado que las personas migrantes «contribuyen al sistema sanitario» a través de sus «impuestos indirectos» y ha apuntado que la regularización iniciada por el Gobierno «también va a permitir que puedan contribuir al sistema sanitario a través de sus cotizaciones». «Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país», ha afirmado.

Así, ha indicado que el «colapso» del sistema sanitario se explica por una «baja inversión», «recortes» y «privatizaciones». «Esto es lo que está amenazando nuestro Sistema Nacional de Salud», ha remachado, para añadir que el «siguiente desafío» del que hay que hacerse cargo es el aumento de la cronicidad y la pluripatología.