El holandés ING se libra de pagar 70 millones tras ser eximido del impuesto del Gobierno
Los criterios fijados en el gravamen dejan fuera a esta entidad, un hecho que los grupos afectados consideran que genera distorsión en la competencia
Una sucursal de ING en España | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ha librado al holandés ING de tener que pagar en los próximos dos años unos 70 millones de euros por el nuevo impuesto a la banca. Las condiciones fijadas por el Ejecutivo, que aún tienen que ser ratificadas por el Congreso de los Diputados, colocan a la entidad naranja en una posición de ventaja competitiva frente al resto de grandes rivales en nuestro país.
El sector en su conjunto abonará en torno a unos 3.000 millones a las arcas públicas en 2023 y 2024 en concepto de los beneficios extraordinarios que sumarán por la subida del euribor. ING no tendrá que rascarse el bolsillo al no verse penalizado, según los cálculos realizados por THE OBJECTIVE, a diferencia de otros grupos financieros con cuotas de mercado relevantes en el segmento minorista y, en especial el hipotecario.
Todos los que asumirán este golpe son de origen nacional, aunque existen dudas sobre el francés BNP Paribas al operar con distintas filiales, aunque tiene enfocado su negocio en clientes con elevados patrimonios y en el mundo empresarial. En principio y atendiendo a las líneas marcadas por el Gobierno en su proposición de ley, los bancos con unos ingresos netos por intereses más comisiones superiores a los 800 millones en 2019 deberán pagar al Estado un 4,8% de la suma de ambas partidas que cosechen por su actividad en España en 2022 y 2023.
ING no cumple los requisitos fijados
ING no alcanzó esta cifra y por ello se librará de tener que asumir este tributo. Un hecho que desde algunas entidades afectadas destacan, ya que las reglas marcadas por el Ejecutivo ocasionan una distorsión de la competencia. «No se puede perjudicar solo a unos pocos», denuncian fuentes de algunos bancos, que añaden que «las condiciones tienen que ser iguales para todos». Hay que tener en cuenta que ING será unos de los grandes beneficiarios de la remontada del euribor debido a su significativa exposición a los créditos hipotecarios.
Precisamente, el argumento esgrimido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para imponer este nuevo impuesto al sector es que la banca tiene que contribuir más a las finanzas públicas y arrimar el hombro ante las ganancias extraordinarias que obtendrá por la escalada de los tipos.
Los datos publicados por las patronales AEB y CECA reflejan que la franquicia española de ING registró en 2019 unos ingresos por intereses más comisiones de 723 millones. Una cuantía que está levemente por debajo del umbral establecido por el Ejecutivo. Si el Gobierno no hubiera puesto ninguna limitación, el grupo holandés tendría que desembolsar en torno a 35 millones cada uno de los ejercicios en los que estará en vigor el gravamen, en función de la facturación obtenida en 2021.
En dicho ejercicio, ambas partidas de la entidad naranja sumaron 709 millones, menos que dos años antes como consecuencia de la caída del margen de intereses debido a los tipos en negativo. Sin embargo, ING en dicho periodo mejoró sustancialmente el epígrafe de comisiones tras empezar a cobrar a los clientes no vinculados por tener contratada una cuenta sin nómina con saldos superiores a los 30.000 euros.
Con los criterios marcados por el Gobierno, de entre las grandes entidades no solo ING no se verá perjudicada. Abanca, propiedad del venezolano Juan Carlos Escotet, tampoco se vería obligado a pagar por este impuesto. En su caso también existen ciertas dudas, ya que los números ofrecen margen para la interpretación.
Los datos públicos indican que por su actividad en España, el grupo gallego logró en 2019 unos ingresos por intereses más comisiones de 721 millones de euros. Una cuantía que, como en el caso de ING, también está por debajo del nivel exigido por Hacienda. Sin embargo, a nivel consolidado (incluyendo sus negocios en Portugal y en menor medida en Latinoamérica), Abanca alcanzó los 808 millones en el conjunto de ambas partidas, por lo que se vería penalizado con el tributo.
De tener que afrontar esta contingencia, Abanca mermaría sus beneficios en casi 100 millones, a razón de cerca de 50 millones en cada año del abono del impuesto, según los ingresos cosechados en 2021.
Las entidades lucharán en los próximos meses por modificar algunos de los criterios de la proposición durante el trámite parlamentario y analizan el texto para llevar el gravamen a los tribunales al considerar que es inconstitucional. Ya han anunciado que estudiarán recursos por vía judicial si el proyecto sigue adelante.
Los bancos afectados
La entidad que más dinero deberá entregar a las arcas públicas será Caixabank, con un importe global de unos 900 millones. El Santander, por su parte, tendrá que abonar entre 600 y 700 millones, mientras que BBVA, unos 500 millones. El Sabadell, por su parte, se verá afectado con un coste de 350 millones; Bankinter, de 180; Unicaja, de 150 millones; Kutxabank, de 100 millones; Ibercaja, de 90 millones; y Cajamar, de 90 millones.
Estas cifras dependerán de la evolución de los ingresos a lo largo del presente ejercicio y el próximo y también del texto final que se apruebe en el Congreso de los Diputados. A priori, el golpe para las entidades será algo superior, ya que se espera que su facturación empiece a incrementarse por la subida de los tipos. Eso sí, para todas las principales, salvo para el extranjero ING.
