Ribera 'cierra' otras cuatro comercializadoras de luz y da más poder a las grandes eléctricas
No podrán operar durante un año y están obligadas a transferir sus clientes a Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol o Gaselec Diversificación
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Gustavo Valiente (Europa Press).
Suma y sigue. La crisis de las comercializadoras de electricidad independientes no cesa y van otras cuatro inhabilitadas. En concreto, no podrán continuar con el ejercicio de su actividad hasta pasado un año Elektron Comercializadora de Energía, Kipin Energy, Relax Energía y Simples Energía de España.
La Subdirección General de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica inició el procedimiento a finales de mayo y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica ahora los cuatro anuncios. En ellos se informa del traspaso de clientes a un comercializador de referencia (mercado regulado), es decir, las grandes eléctricas, por el impago de garantías y de peajes a distribuidores.
En este sentido, estas compañías no podrán transferir sus clientes a cualquier otra empresa del mismo grupo o que estén vinculadas. A estos efectos, podrán entenderse como empresas vinculadas las que posean o hayan tenido un mismo administrador. En el lado contrario, el BOE recoge la finalización del procedimiento acumulado de inhabilitación de Helioelec Energía Eléctrica y Gas.
En España hay ocho comercializadoras de referencia (COR), que son las que ofertan la tarifa regulada (PVPC). De estas, seis actúan en la península ibérica, Canarias y Baleares, mientras que hay dos específicas para Ceuta y Melilla. En concreto, son Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser COR (EDP), Régsiti (Repsol), CHC COR (CHC), Teramelcor (Gaselec Diversificación) y Energía Ceuta XXI (Endesa).
«Son tiempos complicados»
Los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista son los culpables de que muchas comercializadoras independientes hayan quebrado tras no poder hacer frente a los pagos. «Son tiempos complicados, el alto precio de la energía no solo afecta a los consumidores finales. Las comercializadoras de electricidad están soportando varias obligaciones adicionales a las que tenían previamente, y entendemos muy bien que algunas comercializadoras pequeñas no puedan con ello», señalan a THE OBJECTIVE desde la patronal del sector ACIE a este medio.
Bajo este contexto, en diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó medidas para aliviar las cargas financieras a estas compañías y consumidores directos en sus operaciones de compra y venta en el mercado eléctrico.
En noviembre ya había modificado las reglas de los mercados eléctricos diario e intradiarios, e incorporó un mecanismo de pago anticipado, previo a la emisión de las liquidaciones semanales, que permite a las comercializadoras que compran energía en el mercado liberar sus obligaciones de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas.
Con ello, reducen el importe de las garantías que necesitan depositar para operar en el mercado. El volumen de garantías, a grandes rasgos, debe cubrir las obligaciones de pago resultantes de la actividad semanal. Bajo este contexto, las comercializadoras independientes se han visto obligadas a afrontar mayores costes, lo que les obligaba a aportar más garantías al Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), a lo que se ha unido una mayor dificultad para acceder a avales bancarios.
Con la aplicación de la ‘excepción ibérica’, que limita el precio del gas que se usa para la generación eléctrica, las comercializadoras sufren aún más. Como ya publicó este medio, tienen que presentar un mayor respaldo económico para poder participar en el pool. Feníe Energía señalaba denunciaba a finales de mayo que la exención de parte del pago al gas no se haría sobre la electricidad finalmente consumida y pagada por los clientes, sino por la cantidad de energía previamente comprada por las comercializadoras para los próximos 12 meses.
Una de las medidas que plantea el ministerio que dirige Teresa Ribera para intentar campear la crisis que están sufriendo estas empresas es la de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre ellas y grandes consumidores industriales, aunque lleva aparcada desde septiembre del año pasado pese a que cuenta con todo lo necesario para ponerla en marcha.
Las eléctricas amenazan con romper contratos
El mecanismo, incluido en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, plantea que las grandes eléctricas vendan un total de 15.830 gigavatios hora (GWh), que equivalen al 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020. El reparto por empresas se estableció así: Endesa 6.737,26 GWh; Iberdrola 7.323,63 GWh; Naturgy 1.405,48 GWh; y EDP 363,72 GWh. Iberdrola y Endesa han amenazado con romper contratos si finalmente se celebra la subasta, ya que defienden que tienen vendida toda su energía y que supondría «quitársela a unos para dársela a otros».
En este sentido, pese a que el propio decreto recogía que la primera subasta se debía celebrar antes del 31 de diciembre de 2021 y Transición Ecológica cuenta desde hace meses con el visto bueno de la CNMC, la puja está aparcada y no hay noticias sobre su posible celebración.
«Desde ACIE hemos venido pidiendo al Gobierno en estos últimos meses la regulación de las subastas inframarginales recogida en el Real Decreto 17/2021, así como medidas urgentes para reducir el volumen de garantías que tenemos que poner en el mercado, todo ello, por el incremento de los precios mayoristas que estamos viviendo. Ambas cosas ayudarían a que hubiera menos comercializadoras pequeñas que no pudieran seguir con su actividad», sentencian desde ACIE.
