La demanda de electricidad baja un 6% en el primer día de 'apagón' energético en España

La demanda de electricidad ha registrado una caída del 6% este miércoles en comparación con el mismo día de la semana pasada. En concreto, en las primeras 24 horas del decreto de ahorro energético se consumieron alrededor de 700 gigavatios hora (GWh) en el sistema eléctrico peninsular, frente a los 741 GWh del día 3 de agosto, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

En la demanda eléctrica influyen factores como la temperatura, el hecho de que se celebren festivos en grandes ciudades y que, por tanto, haya menos gente trabajando. Fuentes del sector señalan a THE OBJECTIVE que habrá que esperar más tiempo, sobre todo a medio plazo, para concretar el efecto de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo y saber cuánto han influido en ese 6% menos de demanda eléctrica, tal y como ocurrió con la ‘excepción ibérica’.

No obstante, las mismas fuentes explican que ya el martes a las 23.50 horas, unos minutos antes de la entrada en vigor del decreto, se produjo un «desacople notable» entre la demanda prevista y la real, cuando el comportamiento más habitual es el contrario y que el consumo real esté por encima del previsto. En concreto, a esa hora la demanda real del sistema eléctrico peninsular fue de 27.292 megavatios hora (MWh) y la prevista, de 27.381 MWh.

También ocurrió lo mismo este miércoles, con una demanda real de 27.951 MWh y una prevista de 27.970 MWh. Desde ayer, edificios públicos y comercios tienen que cumplir con límites de temperatura y apagar sus luces por la noche y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que «no hay una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas», haciendo referencia a las críticas del Partido Popular, que ha pedido directamente que se retire el decreto.

Aire a 27 grados

España afronta así sus primeras medidas para el consumo energético en las últimas décadas con la finalidad de cumplir con el objetivo europeo de acabar con la dependencia del gas ruso tras la invasión a Ucrania. En concreto, mediante el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, se limita a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, mientras que a partir de las 22:00 horas se deben apagar las luces de escaparates y edificios públicos. Todas estas medidas tendrán una vigencia desde este miércoles hasta el 1 de noviembre de 2023.

Bajo este contexto, el Teatro Real de Madrid comenzó ya desde este lunes a apagar su iluminación a las diez de la noche, con la excepción de los días en los que haya funciones o eventos, según ha asegurado a Europa Press la directora de Infraestructuras y Servicios Generales de la institución, Nuria Gallego.

Asimismo, todos los edificios de Patrimonio Nacional, como los Palacios Reales de Madrid, Aranjuez (Madrid) y La Granja (Segovia) o el Real Monasterio de El Escorial (Madrid), apagan también desde hace varios días su iluminación, incluida la monumental. También se guarda la necesidad de iluminar cuando se celebren eventos culturales y abiertos al público durante la noche.

Respecto a los edificios de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos y el resto que tienen categoría de monumento en la región permanecerán con las luces encendidas, al no verse afectados por el decreto energético del Gobierno. En estos lugares, se va a seguir con el mismo régimen y el edificio de la Puerta del Sol se mantendrá la fachada del reloj iluminada hasta la 1 de la madrugada por «interés cultural y turístico». En la calle Preciados apagaron su fachada El Corte Inglés y FNAC, al tiempo que el Ayuntamiento se quedaba a oscuras. 

De su lado, los bares y los restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al «entorno de los 25 grados», teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral. Los comercios y establecimientos deberán justificar cuando no aplican el límite de temperatura en el termostato.

En comunidades como Andalucía, los comerciantes aseguran que pasaron el primer día de las medidas sin cambios bruscos en cuanto a clientela e incluso ven el plan con buenos ojos. «La economía no está para tirar cohetes y es una oportunidad para ahorrar», apuntan.

Cantabria también apaga las luces exteriores de sus comercios por la noche para dar cumplimiento al real decreto-ley, mientras que los comerciantes bilbainos consideran que las medidas «no van a servir» y piden más comunicación al Gobierno. El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha ido más allá y ha instado directamente a los establecimientos a no cumplir el decreto energético defendiendo que «no tiene régimen sancionador».

De su lado, la Confederación Española de Comercio (CEC) pide que se revise el real-decreto ley. Considera que el plan no tiene en cuenta la diversidad y las diferentes particularidades de establecimientos en cuanto a tipo de producto y zona geográfica en la que se ubican. Subraya que el Gobierno debería de haber contado con el consenso y aportaciones del pequeño comercio, antes de fijar unas medidas que ve de «difícil aplicación» y que, en su opinión, provocan «inseguridad jurídica por su contradicción con otras normativas existentes».

España ya contaba con un marco exigente

España ya contaba con un marco normativo exigente para el consumo racional de energía. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado en 2007, ya recoge obligaciones para una adecuada gestión y un consumo eficiente de energía en los sistemas de climatización o producción de agua caliente sanitaria.

En particular, para edificios y locales de uso administrativo, incluidas las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales como cines o centros de congresos, o infraestructuras destinadas al transporte de personas como estaciones y aeropuertos, prevé que no pueda utilizarse energía convencional para calefactar por encima de los 21 grados ni refrigerar por debajo de los 26.

Asimismo, establece que estos edificios deben disponer de dispositivos que midan las condiciones de temperatura, además de la obligación a disponer de sistemas de cierre de puertas que eviten el despilfarro energético que supondría que éstas se mantuvieran abiertas. Por último, establece unos regímenes de inspección de las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, que incluyen, para instalaciones de más de 70 kilovatios (kW), inspecciones específicas de eficiencia energética una vez cada cuatro años.