La fiscal rebaja de seis a tres años su petición de cárcel para Granados en el juicio de Púnica
El Ministerio Público suaviza la acusación en la causa por contratos irregulares en fiestas locales
El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados | Archivo
La fiscal ha rebajado de seis a tres años de prisión su petición de prisión para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraudes en contrataciones públicas, en el juicio del caso de corrupción Púnica relacionada con el PP.
Para los otros 13 acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, ha mantenido sus solicitudes de hasta 4 años y 10 meses de cárcel por contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo de Granados desde la época en la que este era alcalde de Valdemoro (Madrid), según la Fiscalía.
En concreto ha pedido cuatro años y diez meses de prisión para el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza, y dos años y ocho meses para José Miguel Moreno, exregidor de esta misma localidad, y para los exalcaldes de Ciempozuelos Ángeles Herrera, de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada y de Móstoles Esteban Parro, además de ocho años de inhabilitación para el también exregidor de Móstoles Daniel Ortiz.
La fiscal ha rebajado la pena para Francisco Granados al retirar la acusación contra él respecto a los delitos relacionados con las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Sin embargo ha estimado acreditado que Granados -que fue considerado número 2 de Esperanza Aguirre en la época en la esta presidió la Comunidad de Madrid- influía por su poder en los alcaldes, sobre todo sus sucesores en Valdemoro, para que se adjudicaran los actos de las fiestas locales a la empresa de José Luis Huerta.
La representante de la Fiscalía ha mantenido que la posición de Granados dentro de la Comunidad de Madrid y en el PP -llegó a ser secretario general del partido en la región- le permitía tener una posición de superioridad bien directa o por influencias en otras autoridades y funcionarios públicos para favorecer a Huerta en adjudicaciones municipales y también del Gobierno autonómico.
La jornada de este jueves ha comenzado con la continuación de la declaración de Granados que ha insistido en negar que tuviera una posición de prevalencia sobre el resto de consejeros de la Comunidad y ha mantenido que la que mandaba era la entonces presidenta, Esperanza Aguirre.
También ha negado que diera instrucciones en la Comunidad de Madrid y en ayuntamientos madrileños para que favorecieran a José Luis Huerta ni que le encargara a este actos del PP y celebraciones particulares para pagarlos con cargos a las arcas municipales como si fueran gastos de las fiestas locales.