El Gobierno promete buscar soluciones para que las pensiones futuras no bajen el 9%
El ministro Escrivá pretende compensar el impacto negativo que en algunos cotizantes podría tener la ampliación de los años de cálculo de la pensión de jubilación.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Europa Press.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comienza en los próximos días la negociación con los agentes sociales sobre los años de vida laboral computables para el cálculo de las pensiones iniciales. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, intentará evitar que las pagas iniciales bajen un 9%, como pasaría si se aplicase la ampliación del cómputo a 35 años sin más matices.
Según cálculos del Grupo de Trabajo de Pensiones y Protección Social del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), integrado por reputados expertos como Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Robert Meneu y Francisco B. Encinas, la hipotética ampliación de 25 a 35 años de vida laboral computables para el cálculo de la base reguladora sobre la que girarán las nuevas pensiones implicaría una disminución media de las pagas del 9%.
Ampliación… pero ¿a qué años?
Pero esa ampliación de años laborales de cómputo para la pensión puede contar con variaciones, como que se cuenten los 25 mejores años de retribución o que se integren las lagunas de cotización -más frecuentes en la vida laboral de las mujeres- con un formato menos lesivo para el futuro jubilado. De hecho, si se ampliase el periodo laboral computable para el cálculo de la pensión a 35 años contando los 25 ejercicios de mayores retribuciones del afectado las pagas se elevarían, en promedio, un 5,6%, según el mismo informe del IVIE.
Desde el Gobierno, se traslada a este diario que la voluntad de Escrivá es que prevalezcan los resultados de la negociación que a primeros de septiembre abordará el ministro con los agentes sociales (patronales, sindicatos y representantes de los autónomos) y que no se adopten medidas en contra del consenso.
Negociación simultánea del destope
No en vano, el consenso máximo, la Comisión del Pacto de Toledo, y base para cualquier actuación en materia de pensiones, en su Recomendación Quinta, propone evaluar «la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión».
En paralelo al cambio en los años computables para definir la base reguladora sobre la que se calcularán las pensiones, Seguridad Social prepara un destope de las cotizaciones que afectará, se calcula, al 15% de los cotizantes, y que supondrá una mejora correlativa de su pensión futura.
Estas decisiones, que el Consejo de Ministros ha de alcanzar antes de fin de año en orden a cumplir sus compromisos con Bruselas de cara a la recepción de los fondos europeos, redefinirán el nivel de contributividad y de sostenibilidad del Sistema. Por otra parte, cualquier variación en el cálculo de las pensiones iniciales es independiente de la revalorización anual vinculada a la inflación que Escrivá ya se ha comprometido a efectuar, tal como recoge la primera parte de la reforma de las pensiones.
Cambios en la sostenibilidad del Sistema
Según los informes del IVIE, el mero aumento del periodo de cómputo a 35 años supondrían una mejora de la contributividad y de la sostenibilidad financiera del sistema, efecto que no produciría la medida si se computan los 25 años de mayor retribución entre los 35 de cómputo. En este caso, el gasto en el sistema de pensiones en 2050 aumentaría en un 0,57% del PIB en 2050, tras dejar atrás el máximo del 0,82% del PIB en 2037.
Por tanto, los planes de Departamento que encabeza Escrivá son lograr en la negociación una fórmula intermedia que apuntale la sostenibilidad pero no penalice las pensiones iniciales en una cuantía tan elevada como el 9%. Se habla de fórmulas como eliminar los años de menores ingresos y de una implantación progresiva tendente a reflejar con mayor fidelidad la vida laboral del futuro pensionista.
Diferente impacto según colectivos
Hay otros escollos por resolver en la negociación y son el desigual impacto de las medidas por colectivos. Moviéndose entre los dos extremos -ampliar a 35 años el cómputo sin más, o ampliar a 35 contando los 25 mejores- según el informe de Devesa, Domínguez, Meneu y Encinas, las más beneficiadas por el recálculo serían las carreras de cotización cortas, las de los hombres y de los autónomos.
De hecho, con el promedio del 5,6% en la fórmula más favorable (ampliación a 35 años contando los 25 mejores), las carreras laborales cortas mejorarían su pensión inicial un 11,82% frente al 3,4% de las más largas; los hombres un 5,87% frente al 5,13% de las féminas; y los autónomos, un 8,71% frente al 5,04% del régimen general de los asalariados.
Protesta para que la recaudación permita subir las pagas mínimas a 1.080 euros
Miles de personas, convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, se han manifestado este lunes en Bilbao para recordar su defensa de una pensión mínima de 1.080 euros, que se asegure el carácter público del Sistema de Pensiones y que el Gobierno y el Congreso de Diputados den los pasos legislativos «necesarios» para garantizar pensiones y salarios acordes al «IPC real». A la manifestación se han sumado grupos de pensionistas procedentes de otras autonomías, como Asturias, y también ha contado con la adhesión y el apoyo en la distancia de plataformas de Andalucía, Galicia o Extremadura. Los manifestantes han recordado la subida de los ingresos tributarios. En concreto, la registrada en el País Vasco. Esos datos avalan, a su juicio, que «no hay ninguna razón» para que esas cuantías no puedan servir para complementar las pensiones mínimas hasta 1.080 euros, en línea con los 1.100 euros a los que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide al Gobierno que lleve el salario mínimo.
