Los expertos rechazan el control de precios de alimentos que propone Díaz por ser inflacionista
La medida es de difícil aplicación y cuando se ha abordado en algún país ha generado más inflación, desabastecimiento, además de alentar el mercado negro
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. | Europa Press.
Los expertos rechazan la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que se establezca un control de precios sobre una cesta de alimentos básicos, ante la subida de la inflación (del 10,5% interanual en agosto) y en orden a promover una dieta equilibrada.
Según trasladan a THE OBJECTIVE numerosos economistas, la medida, amén de imposible de aplicar en el marco legal español, generaría justo los efectos contrarios a los que necesitan los abultados precios. Es decir, que -de poder aplicarse- sería en última instancia una medida inflacionista, como se ha demostrado cuando en algún país y momento pasado se ha aplicado, y que, además, alentaría el fraude, las compras en el mercado negro y provocaría eventuales desabastecimientos y racionamientos.
El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, explica a este periódico que la medida, aparte de ser de difícil aplicación en la práctica, y una barbaridad en lo ortodoxo, atenta contra la libertad de mercado y la libre formación de los precios.
De difícil aplicación
Añade Pedraza que la medida ya se aplicó en los años setenta en Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon, cuando se padecía una inflación del 14,5% en el país. Esta actuación se incluyó en el paquete de medidas impulsado por el Gobierno sin poder finalmente aplicarse nada más que a modo de ensayo en ciertos servicios públicos.
Reitera los argumentos de Pedraza el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles al señalar que la propuesta de Díaz «afortunadamente, es una medida que con la legislación vigente no puede aplicarse». Remacha Robles que este tipo de medidas, cuando se han aplicado, en países como Venezuela, lo que han demostrado es que destruyen el mercado porque impiden una correcta asignación de los recursos entre los diferentes agentes que intervienen -productores, distribuidores, consumidores- y al final el desenlace es desastroso para la economía, amén de generar escasez.
Argumenta el experto que «fijar los precios de forma arbitraria normalmente solamente es posible, y de forma muy limitada, en mercados regulados como el de la energía, donde ha habido una intervención de precios y probablemente se vaya a una mayor». Por otra parte, señala que una decisión de este calibre debería tener la autorización de la Unión Europea, y cree que en ningún caso la recibiría la propuesta de Díaz.
Desabastecimiento y mercado negro
Esto se debe a que, como explican en denominador común los expertos consultados, rompe las leyes del mercado y la competencia. El presidente de la consultora Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, añade que una medida así, que interviniese el precio de los alimentos más básicos, «sería una medida estupenda para conseguir lo contrario de lo que busca, y que empíricamente experimentos así han deparado desabastecimiento y más recurso al mercado negro y estraperlo».
Aparte, considera De Quirós que la medida sería finalmente inflacionista. Un argumento que avalan tanto el economista Javier Santacruz como el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle.
Santacruz explica que la propuesta «es un disparate porque los controles de precios nunca sirven para atajar la inflación. Crean déficits tarifarios que deben ser cubiertos por gasto público, el cual a su vez genera tensiones inflacionistas».
Detener la subida de impuestos
Lacalle añade que la idea «no tiene ningún sentido ni para los consumidores ni desde el punto de vista de la realidad económica del país». Ese control de precios a lo Cristina Kirchner en Argentina, aduce, no tiene ningún resultado positivo y, desde luego, lo más importante, lo que tiene que hacerse, es dejar de subir los impuestos en toda la cadena alimentaria, que es uno de los grandes problemas. Y el otro gran problema es el exceso regulatorio.
Por su parte, el profesor e investigador de la UAH Juan de Lucio redunda en la falta de sentido de la propuesta. «La fijación de precios es un despropósito desde el punto de vista económico y distorsiona la información que reciben los consumidores, lo que dificulta la toma de decisiones adecuadas».
Concuerda con los demás expertos es que sería, en su caso, «difícil, por no decir imposible, de implementar correctamente». Como se ha demostrado en otros países y momentos históricos, este tipo de intervenciones y controles sobre los precios de los alimentos básicos «generan desabastecimiento, economía sumergida y mercados negros, comportamientos estratégicos por parte de las empresas creando productos sustitutivos, efectos no deseados en el comercio internacional, y un largo etcétera de problemas».
No ayuda a las rentas bajas
Por otra parte, y clave para la situación de las rentas más bajas, explica De Lucio que la fijación de precios no consigue los objetivos perseguidos, como el acceso a ciertos bienes por parte de las clases más desfavorecidas o la distribución de la renta.
Existen otras propuestas mejores para facilitar el acceso a bienes básicos, coinciden los expertos, principalmente por el lado del gasto público o por la demandada deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que exige tanto el Partido Popular y los principales expertos del país.
Por otra parte, los expertos comentan el carácter electoralista de una propuesta de la ministra de Trabajo que no corresponde a su Departamento. Robles explica que se trataría de una estrategia para desmarcarse dentro del Gobierno y proponer soluciones que puedan gustar a las bases de la órbita comunista o de Podemos.
