El PP se opone a los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y empresas energéticas
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha explicado que su partido se opone a dicha medida ya que todo apunta a que será repercutido sobre los ciudadanos
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha explicado que su partido se opone a dicha medida ya que todo apunta a que será repercutido sobre los ciudadanos
El PP se opone a los impuestos a los beneficios extraordinarios a la banca y a las compañías energéticas, cuya toma en consideración se debate mañana martes en el Congreso de los Diputados, aunque será el grupo parlamentario en la Cámara el que anuncie si su posición será en contra o una abstención.
Así lo han expresado este lunes fuentes del PP, que consideran que no tiene sentido debatir una medida así cuando en Europa se está negociando si se van a topar o no las energías inframarginales o el gas a nivel comunitario o si se va a establecer algún tipo de impuesto.
En cuanto al impuesto a la banca, el principal partido de la oposición explica que se opone a cualquier tasa que finalmente acabe repercutiendo en los ciudadanos, y «todo apunta» a que éste sería el caso.
«No podemos estar a favor de un impuesto que grava a los españoles», han apuntando las citadas fuentes del PP.
También propone descuentos en las facturas de luz y gas de particulares y pymes que consigan unos determinados niveles de ahorro que podrían suponer un importe conjunto de hasta 2.900 millones de euros, según sus cálculos.
Los populares han presentado este lunes su «Plan de rescate energético para familias y empresas», que incluye otras medidas, como la prolongación de la vida de las centrales nucleares o la reducción de los impuestos energéticos de ocho a uno.
La idea del PP es incentivar el ahorro de los consumidores en lugar de imponer medidas obligatorias, por lo que propone unas bonificaciones en las facturas de luz y gas entre noviembre y marzo.
Inicialmente serían financiadas por las comercializadoras y luego se haría un ajuste, para lo cual se podrían utilizar diversas vías, entre ellas los recursos extraordinarios recaudados por los elevados costes de la energía.
Las bonificaciones en las facturas tendrían tres tramos, según han detallado fuentes del PP: en el caso de conseguir un ahorro respecto al mismo mes de 2021 del 3 % al 7 % en el consumo, el descuento sería del 5 % en el recibo de la luz y del 10 % en el del gas.
Si la reducción es de entre el 7 % y el 15 % del consumo, la reducción sería del 10 % en la electricidad y del 20 % en el gas; y su supera el 15 %, los descuentos serían del 20 y el 40 %, respectivamente.
El descuento es mayor en el gas porque el PP considera que es precisamente donde es necesario conseguir más ahorro.
Estos descuentos serían de aplicación para particulares y pymes, pues para las grandes empresas habría medidas específicas y podrían suponer un coste de hasta 2.900 millones de euros si el ahorro medio conjunto en la factura de los consumidores se sitúa entre un 7 y un 15 %.
En rueda de prensa, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha defendido que la medida reportaría muchos beneficios, porque la reducción de consumo eléctrico reduciría el precio de la luz, con lo que se atacaría la inflación.
Un solo impuesto para la energía
Otra de las propuestas que el PP incluye en su documento es la reducción en una sola figura tributaria la fiscalidad sobre la energía, aunque habría que hacerlo de acuerdo con Europa.
Según fuentes del PP, ello permitiría que si la recaudación se dispara por el alza de los precios, se podría atajar sin tener que tocar ocho impuestos distintos.
Esa reducción de las figuras tributarias sobre la energía ha sido propuesta por Bélgica y al PP le ha parecido una propuesta interesante, según las citadas fuentes.
El principal partido de la oposición también ve aceptable, siempre que la medida tenga ámbito comunitario, topar el precio de las energías inframarginales (renovables, nucleares e hidráulicas).
A juicio del PP, una rentabilidad acorde evitaría que hubiera beneficios extraordinarios, como los que el Gobierno quiere gravar, y que hubiera mayor estabilidad en los precios, y hacerlo de forma conjunta en la Unión Europea (UE) evitaría que la inversión se desplazara de unos territorios a otros.
Fuente: EFE