20.000 pymes españolas cerraron en agosto y otras 90.000 están ya en quiebra técnica
Trasladan a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una batería de propuestas para paliar la asfixia de costes que padece el colectivo de autónomos
Varios personas, en el Mercado Central de Valencia. | EP
Según los datos recabados por el último Barómetro de los Gestores Administrativos, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en agosto cerraron 20.000 pequeños negocios y ahora mismo hay 90.000 pymes en situación de quiebra técnica. Se trata de una grave situación que vienen denunciando los gestores en barómetros anteriores. Por eso, estos profesionales demandan del Ejecutivo bajadas de impuestos, inyecciones de liquidez a las empresas y que se promueva que la banca renueve los créditos ICO.
En este sentido se pronuncia el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, quien critica la operativa que las entidades bancarias están teniendo con sus clientes, según ellos mismos les relatan al acudir a las gestorías.
Trabas de la banca con los ICO
El 85% de los beneficiarios de créditos avalados por el ICO, según el sondeo de los gestores, han encontrado trabas por parte de los bancos para ampliar los plazos de amortización recogidos en el Código de Buenas Prácticas, explica. El presidente de los gestores identifica esas pegas que están poniendo los bancos con una intención por parte de las entidades de brindar a los clientes sus propios créditos directos.
Con todo, según el Barómetro, el 40% de los pequeños y medianos negocios cerraron el primer semestre de 2022 en pérdidas, más de 700.000 pymes tienen problemas de liquidez, 90.000 están en quiebra técnica y 20.000 echaron la persiana el pasado agosto. Además, les consta que 250.000 pequeños y medianos negocios están en serio peligro de desaparecer si no se toman medidas que les ayuden a superar su situación de liquidez y de falta de rentabilidad.
Un 10% de empresas sale del sistema
También le preocupa especialmente a Santiago el hecho de que un 10% de los pequeños negocios «se han salido del sistema» a la economía sumergida. El aumento de la economía informal, alerta, es lo que más puede hundir a un país en momentos de crisis como el actual.
Argumenta Santiago que «si no se facilita financiación, no llegan ayudas directas que compensen el déficit de ingresos que aún padecen muchos negocios, si los costes siguen crecientes, si las condiciones laborales siguen siendo difíciles, no es de extrañar que muchos de esos pequeños y medianos negocios hayan decidido salirse de las líneas de obligado cumplimiento».
Por eso, el presidente de los gestores reitera su petición al Gobierno de mecanismos que permitan a los negocios recuperarse, como las bajadas de impuestos, las cuales facultan ser a posteriori duro con quien incumpla.
El peligro acecha ya a grandes empresas
Advierte que si se construyera una pirámide del peligro, en la cúspide -con el menor riesgo- están las grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas. Le siguen los funcionarios y los políticos. En el siguiente escalón, se ubican los trabajadores de las grandes empresas y multinacionales. Más abajo están, los trabajadores de pequeños y medianos negocios y los pensionistas. Y abajo del todo, con el mayor riesgo, se encuentran los empresarios de menor dimensión y los autónomos, con la mayor probabilidad de desaparecer.
Advierte Santiago que los problemas están empezando a calar en los distintos estratos de la pirámide y que pronto podrían afectar a las grandes empresas y multinacionales.
Peticiones de los autónomos a Díaz
La situación es tan atenazante que ayer la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) comunicó que ha enviado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una propuesta con líneas urgentes para paliar los desproporcionados costes de producción que asume el colectivo de trabajadores por cuenta propia.
Consideran esa batería de medidas indispensable para reducir la sangría que se está produciendo entre los autónomos debido al encarecimiento de materias primas y suministros, especialmente el eléctrico. «Estas partidas se están convirtiendo en un lastre casi insalvable», proclama la asociación que encabeza Eduardo Abad.
Entre las medidas reclamadas a Díaz por UPTA, está la creación de descuentos -un bono energético- para autónomos y microempresas; así como medidas complementarias a las recogidas en la Ley Crea y Crece, que tiendan a garantizar el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley de Morosidad.
También una rebaja temporal de la retención del IRPF a practicar en la facturas emitidas por los profesionales, y una merma del IRPF a los autónomos más vulnerables (con ingresos netos inferiores a 18.000 euros). Demandan una bajada del IVA a los alimentos y otros artículos de primera necesidad. Por otra parte, UPTA reclama medidas que promuevan una reducción de las comisiones bancarias y la fijación de topes máximos.
