El Gobierno prepara un impuesto a las fortunas, la «excepción gala» que Macron retiró en 2018
Los expertos critican que se cree un impuesto ideológico, que ataca la autonomía de las CCAA, con poca eficacia recaudatoria y ahuyentador de la riqueza
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press.
El Gobierno prepara un impuesto a las grandes fortunas -de carácter temporal- que entrará en vigor en 2023, tal y como anunció este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque algunos países gravan manifestaciones de la alta riqueza, y la figura más parecida al tributo que preparan los técnicos de Hacienda, según los expertos fiscalistas consultados, es el Impuesto de Solidaridad a la Fortuna (ISF) francés, que existió en el país vecino desde la década de los ochenta, que François Hollande subió en 2016, y que dos años después, en 2018, retiró el presidente galo Emmanuel Macron. Sus tipos impositivos oscilaban entre el 0,5% y el 1,5%.
Considerado el impuesto sobre la fortuna francés como la «excepción gala», ya que no existía en ningún otro país una exacción con esas características, Macron lo sustituyó por el Impuesto a la Fortuna Inmobiliaria, de mayor certeza recaudatoria -explican los expertos- y menos contestado por «el carácter ideológico de la anterior figura».
Ahuyenta la inversión
De fondo a esta conversión del impuesto galo, considerado una singularidad en la fiscalidad internacional, subyace una de las debilidades de los impuestos a las grandes fortunas: que generan deslocalizaciones, inseguridad jurídica y huida de capitales. Como explica a THE OBJECTIVE el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Luis del Amo, al fin y al cabo los bienes raíces son los únicos que no pueden soslayar este tipo de tributaciones.
Así, explica, solo hay tres países de la OCDE con impuestos sobre las fortunas como tal: Noruega, Suiza y España, con el gravamen de Patrimonio que algunas autonomías bonifican en uso de las competencias conferidas por la Constitución y sus Estatutos. Sin perjuicio, aclaran los expertos, de que en otros países, a través de otras figuras tributarias, se grave en mayor medida a los patrimonios más grandes.
En clave nacional, los expertos consideran que el plan del Gobierno de crear un impuesto a las grandes fortunas es una suerte de armonización fiscal encubierta, alentada por las bonificaciones que al Impuesto de Patrimonio han decretado autonomías como Madrid o Andalucía.
Contra la autonomía de las CCAA
En este sentido, razona el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, que el anuncio de Montero refleja «una pataleta» contra el ejercicio de libertad fiscal llevado a cabo por algunas autonomías. De hecho, el economista Javier Santacruz sostiene que este anuncio es una vía que el Gobierno de Pedro Sánchez «se ha inventado para no enfrentar a las CCAA» y cree que las autonomías acabarán presentando un conflicto competencial. Máxime cuando, como explica Del Amo, sigue sin abordarse la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2009.
Lacalle asegura que además el tributo colisiona con otros que ya giran sobre las manifestaciones de mayor riqueza, como el IBI, Patrimonio o los gravámenes sobre plusvalías. El profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles se posiciona en la misma línea al resaltar, en primer lugar, el fracaso del tributo francés; en segundo lugar, que aunque sea de forma temporal, un impuesto de estas características se superpone a otros tributos, lo que le confiere un sesgo confiscatorio que puede fomentar la huida de capitales y cambios de domicilio fiscal.
Por su parte, el profesor e investigador de la UAH Juan de Lucio recalca las dificultades que, desde el punto de vista práctico, supone implementar un impuesto a las grandes fortunas de manera local -en España- cuando precisamente las grandes fortunas tienen movilidad internacional y son capaces de aprovechar entresijos fiscales muy eficazmente. «Ningún país ha conseguido recaudar una parte relevante de sus recursos a través de este tipo de impuestos», zanja De Lucio.
Falta una hoja de ruta fiscal para superar la crisis
Desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, su presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero, llama la atención a que se trabaje en el ajuste del déficit público también desde el lado de los gastos y no sólo desde el de los ingresos. Santiago Ollero también considera que un impuesto a las grandes fortunas supone un ataque frontal a la libertad fiscal de algunas comunidades autónomas y echa de menos que haya una hoja de ruta tributaria para sacar al país de la crisis.
El presidente de Freemarket International Consulting, Lorenzo Bernaldo de Quirós, considera que el impuesto sobre las grandes fortunas es demagógico, ineficiente y sin poder recaudatorio. Recuerda que España es uno de los países con mayor progresividad fiscal y uno de los tres que mantiene la imposición patrimonial. Y concluye, además, que hacer tributar a los más ricos no mejora per se las finanzas de las rentas bajas.
La propuesta del socio de coalición de Gobierno, Podemos sobre un eventual impuesto a las grandes fortunas apuntaba a patrimonios de más de un millón de euros con un mínimo exento de 400.000 euros por vivienda habitual y unos tipos desde el 2% para patrimonios superiores al millón de euros hasta el 3,5% para los patrimonios mayores de 100 millones de euros. En este último tramo se sitúan los mil patrimonios más altos del país. La propuesta de Podemos excluía la posibilidad de que las autonomías bonificaran el tributo.
