El Gobierno plantea subir el sueldo de los funcionarios y reducir sus jornadas laborales
El coste de esta medida tendrían un coste de unos 5.000 millones de euros, que se sumarían a los 141.000 millones que ya se desembolsan anualmente
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluirán, si nada se tuerce en los planes del Gobierno de coalición, una subida salarial para los funcionarios que ascendería al 3,5%. El Ministerio de Hacienda ha convocado a la mesa de negociación de la función pública para cerrar esta medida que busca rebajar el golpe que la inflación ha tenido en los bolsillos de los empleados de la Administración.
Este plan ha sido adelantado por El País, que señala que ambas partes se verán este miércoles para comenzar la negociación. Por el momento, la propuesta del Gobierno no es definitiva y puede ser negociada. Además, la medida viene condicionada de una serie de valores macroeconómicos como el crecimiento económico o el nivel del IPC, por lo que su aplicación podría no resultar inmediata y necesitar de tiempos estables para darse.
A pesar de ello, Hacienda ha defendido que los resultados obtenidos a lo largo del encuentro serán solo el comienzo, ya que se espera que sea un proceso con vista a largo plazo y que reste peso a la inflación durante varios años. Los sindicatos han resaltado este último punto, ya que destacan que la negociación ha de tener en cuenta que el aumento en el IPC (del 10,5% interanual) y de la inflación subyacente (del 6,4%) hacen necesario que se compense la pérdida de poder adquisitivo sufrido este año.
El Gobierno tantea reducir las jornadas
Hacienda es consciente de estas demandas y según apunta el citado medio tendría otras cartas que jugar en la partida, entre ellas una reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas para todos los trabajadores de la Administración central del Estado, una medida a la que también podrían sumarse los autonómicos.
La subida salarial aumentaría el gasto salarial que ya realiza el Ejecutivo, que el curso pasado desembolsó más de 141.000 millones de euros para pagar a todos los empleados bajo el erario de la Administración. Por ello, el nuevo plan tendría un coste de 5.000 millones de euros, incluyendo al Estado central, las comunidades y los ayuntamientos.
Este ‘guiño’ del Ejecutivo se da a las puertas de un año electoral en el que también deberá resolver uno de los grandes problemas del funcionariado español: la gran edad media de sus empleados y las plantillas desgastadas. Ante las perspectivas de unos comicios municipales y otros generales en menos de año y medio, la coalición debe afrontar la forma de evitar que los trabajadores del Estado no puedan cumplir de forma óptima con los desafíos que se avecinan.
