Los expertos calculan que diez millones de españoles pagarán la rebaja fiscal del Gobierno
Las rebajas a rentas bajas de la subida fiscal del Gobierno no aprovecha a unos 4 millones de no declarantes del IRPF con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press.
Diez millones de contribuyentes de clase media -prácticamente la mitad del total, según estadísticas oficiales- cargarán en sus bolsillos con la factura fiscal de 5.000 millones de euros (3.144 de recaudación adicional más 1.881 de alivio a declarantes de los tramos bajos) anunciada este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según los cálculos de los expertos Daniel Lacalle e Ignacio Ruiz-Jarabo.
¿Por qué pagará más el colectivo de rentas medias? Podría parecer que como no se les sube el tipo impositivo su carga tributaria queda intacta, pero no es así. Porque sufren una subida encubierta al no haberse deflactado la tarifa estatal del impuesto.
Así, añaden los fiscalistas consultados, la carga fiscal real es mayor porque no se ha tocado ni el tamaño de los tramos ni las deducciones. Con lo cual, proporcionalmente van a pagar más, ya que la carga fiscal la determina no sólo el tipo. «Más importante que el tipo es el tamaño de los tramos y las deducciones y mínimos personales» que el elenco de rentas medias no ve modificados. Ello sin olvidar que en el paquete de medidas de Montero sí se incluyen subidas en la tributación de rentas de capital y plusvalías dentro del IRPF.
El profesor de Finanzas del CEF Juan Fernando Robles lo ejemplifica con un asalariado de 30.000 euros de ingresos anuales que no recibe ninguna reducción impositiva en la batería de medidas de Montero. «Si su sueldo se ha revalorizado, supongamos, un 4%, y no es de los beneficiados porque gana 30.000, aumenta su tributación por ese 4% y está, además, perdiendo poder adquisitivo: tributa más ganando menos, luego la progresividad del impuesto se destruye». Porque no deflactar la tarifa, añade Robles, equivale a subir el impuesto aunque no se toquen los tipos y, con la reforma de Montero, esa subida recae sobre los 10 millones de contribuyentes de clase media del IRPF.
Como explican los autores del estudio y otros fiscalistas a THE OBJECTIVE, al saldo neto de recaudación adicional motivada por el paquete tributario anunciado por la ministra -con subidas a grandes fortunas, rentas de capital y plusvalías- de 3.144 millones hay que añadirle los 1.881 millones de alivio a los asalariados de tramos más bajos que sufragarán, por traslación, las clases medias -entre 30.000 y 60.000 euros- a lo largo de los próximos años.
En esa lista de 10 millones de contribuyentes se incluye el 0,1% que afrontan una nueva figura que gravará grandes patrimonios -unos 23.000, según el Gobierno-, más de 400.000 pymes que facturan por encima del millón de euros, los declarantes de grupos consolidados (un 0,2% del total, según Hacienda) que verán demorada su capacidad de reducirse bases imponibles negativas en 2023 al 50% y, explican los fiscalistas, los contribuyentes de IRPF que por efecto de las rebajas a los tramos más bajos acabarán soportando su carga fiscal.
En este sentido, además, los fiscalistas rechazan el cálculo efectuado por el Ministerio de Hacienda, según el cual la ampliación del mínimo exento de 18.000 a 21.000 euros ahorra 746 euros por contribuyente frente a 23 euros por ciudadano de la deflactación acometida por autonomías como Andalucía, Madrid o Galicia.
Comparación impropia
Explican que esa reducción tan baja de 23 euros blandida por la ministra frente a la resultante de ampliar el mínimo no tributable por los asalariados no es real ya que en su comparación el Ministerio solo toma el tramo autonómico y no una deflactación total-del tramo estatal y autonómico- del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Una deflactación total de media, según el estudio de Lacalle y Ruiz-Jarabo, sería cercana a los 550 euros para un caso tipo de un contribuyente con dos hijos sin plan de pensiones ni inversión en vivienda con la inflación en los actuales niveles: 9% según el último dato correspondiente a septiembre, hecho público por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este jueves.
Por lo tanto, los expertos consideran equiparable la rebaja tributaria que para el contribuyente supondría la deflactación total de los tramos de IRPF y su repercusión en la cuota frente al efecto de subida de los mínimos exentos del impuesto que promueve Montero para el año próximo.
Medidas tardías
Algo que también se señala desde varios servicios de estudios como una medida tardía ya que la inflación que está soportando el ciudadano proviene de finales de 2021 y hace más de siete meses del comienzo de la guerra de Ucrania a la que el Gobierno de Pedro Sánchez atribuye la subida de precios.
Por otra parte, el economista Javier Santacruz, con el que convienen el resto de los consultados, destaca que la propaganda de ayuda a las rentas más bajas no es tal, ya que -aduce- no se toca a los no declarantes de IRPF, personas con ingresos inferiores a 15.000 euros (frente a 14.000 hasta ahora). Es decir, alrededor de 4 millones de ciudadanos de las rentas más bajas no reciben una medida directa de alivio a su anemia financiera.
La batería de medidas que prepara el Gobierno se arbitrará en parte a través de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo y en parte a través de iniciativa legislativa de las Cortes, ya que las Cuentas Públicas tienen vedada por ley la creación de impuestos, como el de las grandes fortunas, que se denominará -en calco del difunto tributo francés- Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, y que nace de forma temporal, con dos años previstos de vigencia, y cuya primera declaración, a mediados de 2024 girará sobre el ejercicio 2023.
No evita la doble imposición
Critican además en este punto los fiscalistas que, pese a que el Gobierno trata de eludir cualquier estigma de doble imposición, al haber previsto que el contribuyente se deduzca del nuevo impuesto a las grandes fortunas la cuota de Patrimonio pagada en las autonomías donde el tributo esté vigente, eso no es real ni técnicamente un soslayo a la doble imposición porque el contribuyente es sujeto pasivo de dos figuras impositivas a la vez.
Por otra parte, el saldo neto adicional que ingresará el fisco, de 3,144 millones de euros, apenas supone un 1,4% de la recaudación total sobre la base de 2021, muy inferior a la de este año. En consecuencia, los expertos destacan la escasa capacidad recaudatoria de las medidas que siguen sin constituir una reforma global del sistema tributario español.
En este sentido se pronuncia el profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros (CEF), Juan Fernando Robles, que además teme por los cambios de domicilio fiscal que pueda ocasionar el nuevo tributo.
Mejoras que copian las propuestas del Partido Popular del pasado abril
Desde el Partido Popular se critica que las medidas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez se quedan cortas y llegan tarde. Se reivindica que el PP las viene solicitando en vano desde abril y que en algunas en las que se ha hecho caso al partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo se han usado tramos inferiores, ya que Génova proponía rebajas en IRPF para tramos inferiores a 40.000 euros anuales.
Destacan fuentes populares que se ha replicado de sus propuestas la reducción del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros, la extensión del mínimo exento del impuesto a 15.000 euros y la rebaja de la tributación por el régimen de módulos.
Satisfechos de que medidas del PP por fin lleguen al ciudadano, desde el partido se lamenta que se aborden meses más tarde y no entren en vigor hasta 2023.
Por otra parte, se recrimina la exigua recaudación que supone la batería de medidas de Montero, de 3.144 millones de euros, al lado de la sobrerrecaudación granjeada por la inflación, de 22.280 millones de euros hasta el mes de julio.
En cualquier caso, el vicesecretario de Economía popular, Juan Bravo, celebra que un documento del PP, el pacto que Feijóo ofreció al presidente Pedro Sánchez en abril, haya inspirado algunas acciones del Gobierno para mejorar la situación financiera de familias y empresas, aunque sea seis meses después.
