La Confederación española de las pymes «rechaza» la subida de las cotizaciones sociales

Las pymes, la Confederación española de la pequeña y la mediana Empresa (Cepyme) ha manifestado este viernes «su rechazo absoluto al fuerte incremento de las cotizaciones sociales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023«, que suben las bases máximas de cotización un 8,6%.

Cepyme critica en un comunicado que este incremento se ha dado «sin haber sido objeto de consulta en el diálogo social, en un contexto de máxima incertidumbre y fuerte desaceleración económica».

Además, denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado en cinco años las bases mínimas de cotización en más de un 40% y las máximas, cerca de un 20%. Para 2023, el incremento de las mínimas se determinará con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las máximas, ese 8,6%.

«Las Cuentas del Estado para el próximo año incluyen subidas de tipos y de bases de cotización. El aumento del 0,6%, recogido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, supone la primera subida de los tipos de cotización desde la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social. Por otra parte, suben las bases máximas, un 8,6%, y las mínimas, cuyo incremento se determinará con la subida del SMI», cuenta el comunicado.

«Estas alzas afectan especialmente a las pymes, cuyos costes laborales han registrado crecimientos en los últimos años de más del 6% anual, perdiendo competitividad con nuestros países vecinos. Recordamos que un país con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea (UE) debería incentivar y no penalizar el empleo. De hecho, estas nuevas subidas amplían la brecha fiscal entre los costes soportados por las empresas y los salarios percibidos por los trabajadores», añaden desde Cepyme.

Asimismo, Cepyme considera que la indexación total y generalizada de las pensiones al IPC «no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema». También rechaza la sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y su aumento de las cotizaciones.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno aprobó el pasado martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los terceros del Ejecutivo de coalición y los últimos de la legislatura.

Unos Presupuestos criticados por la oposición, que asegura que son «antisociales» porque no bajan impuestos a las rentas medias y bajas, tal y como ha asegurado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez defiende que son los más expansivos de la democracia española, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto, que incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que el objetivo de estos Presupuestos es poder transitar un momento de «enorme incertidumbre» por la guerra de Ucrania, al tiempo que ofrecen «seguridad y estabilidad» a las familias y lanzan un «claro mensaje» al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de la economía española.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado que las nuevas cuentas públicas se sustentan en una previsión de crecimiento del 2,1% para el próximo año, que ha calificado de «prudente», y anticipan un deflactor del PIB del 4% para este año y del 3,8% para 2023. El deflactor del consumo privado se estima en el 7,7% en 2022 y en el 4,1% para el próximo ejercicio. Sobre la evolución del mercado laboral, Calviño ha destacado que a finales de 2023, el Gobierno espera que haya 21 millones de personas ocupadas y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 12%.