Hacienda elevará los sueldos de los funcionarios hasta el 9,5% entre 2022 y 2024: sólo CCOO y UGT aprueban la propuesta

Se subirán hasta un 3,5% los salarios de los empleados públicos en 2023 y habrá un incremento adicional del 1,5% para 2022

La Mesa General de Negociación de la Función Pública ha aprobado este lunes la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para subir hasta un 3,5 % los salarios de los empleados públicos en 2023 -un 2,5 % fijo y 1 % variable-, lo que quedará recogido en los Presupuestos Generales del Estado.

Según ha confirmado el Ministerio, también se ha cerrado un principio de acuerdo con CCOO y UGT para aprobar un incremento adicional del 1,5 % para 2022, que se sumará al 2 % aplicado desde principios de año.

El principio de acuerdo contempla también un incremento del sueldo para 2024 del 2 %, más un 0,5 % variable, con lo que el incremento salarial durante el período 2022-2024 será del 8 % fijo, con la posibilidad de que alcance el 9,5 % con la parte variable, una subida que en términos reales será del 9,8 %, según Hacienda.

Esta subida beneficiará a 2.717.570 empleados públicos, de los que 513.721 pertenecen al sector público estatal, 1.611.697 son empleados públicos de las comunidades autónomas y 592.152 son trabajadores de las entidades locales.

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha mostrado su «absoluto rechazo» a la propuesta del Gobierno porque, ha subrayado, implica que los empleados públicos van a «volver a perder capacidad adquisitiva».

CSIF ha criticado que con la subida fija de tres años «no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año», cuando los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo de casi el 10 % en los últimos dos años.

Borra ha afeado que la propuesta consista únicamente en una subida fija del 6 % en tres años (8 % contando con los dos puntos ya subidos en 2022) y que la parte variable, vinculada a la evolución del PIB y el IPC, requiera, por ejemplo, que en 2023 la economía crezca un 5,9 %, algo «muy difícil».

Por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza en poder cerrar «durante las próximas horas» el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para llevarlos este martes al Consejo de Ministros.

«Hasta el final de un pacto no se puede dar nada por seguro», ha admitido en declaraciones a EFE, pero ha asegurado que espera «que durante las próximas horas podamos confirmar esa afirmación (en referencia al acuerdo) y llevar mañana al Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos».

Los socios de Gobierno negocian desde hace semanas el proyecto de Presupuestos de 2023, el tercero de la legislatura, que el Ejecutivo pretende presentar a tiempo para que esté en vigor el 1 de enero.

El pasado mes de julio, el Gobierno aprobó un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 1,1 % el de las cuentas de 2022, con una referencia de déficit del 3,9 % del PIB, 1,1 puntos menos que lo que se espera para este ejercicio.

Todo apunta a que las cuentas del próximo ejercicio incluirán una revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como la ya citada subida salarial para los empleados públicos. También incorporarán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero no la extensión de las medidas para atajar la inflación -como la bonificación del carburante o la bajada del IVA eléctrico-, que se decidirá a final de año.

Por el lado de los ingresos, Hacienda ya presentó la pasada semana su paquete fiscal, que en parte será incluido en el texto presupuestario, como las nuevas bonificaciones en el IRPF para rentas por debajo de los 21.000 euros.

El paquete también incluye un aumento de la tributación para las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la rebaja del impuesto de sociedades para micropymes, la bajada del IVA para productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales, rebajas en el IRPF para autónomos o una limitación temporal a la compensación de pérdidas dentro de los grupos empresariales.

En cambio, el nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros tendrá que tramitarse en una ley independiente, igual que sucedió con los gravámenes para la banca y las energéticas, recogidos en una proposición de ley actualmente en tramitación en el Congreso.

Fuente: EFE