Nueva tarifa regulada de la luz: ahorro de 300 millones para nueve millones de hogares
El Gobierno estima que con la nueva metodología para calcular el PVPC la volatilidad anual del precio diario de la electricidad se reduce al 17%
Un cable, dinero y una factura de luz. | Alberto Ortega (Europa Press)
El Gobierno ya tiene una propuesta para la reforma de la tarifa regulada a la que están acogidos unos diez millones de hogares. El proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) incorpora referencias basadas en una cesta de productos a plazo con las que se prevén reducir hasta un tercio la volatilidad de la tarifa.
La tarifa regulada actual fue introducida por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y se regula por Real Decreto 216/2014. Los consumidores tienen contrato con comercializadoras de referencia (COR), designadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, y una potencia contratada no superior a los diez kilovatios (kW). También es la tarifa que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico.
En octubre del año pasado, con varios meses ya de tendencia alcista del precio de la electricidad, el departamento que dirige Teresa Ribera ya lanzó una consulta pública para modificar el PVPC, pero quedó en agua de borrajas. Ahora, la maquinaria se pone de nuevo en marcha después de que la Comisión Europea (CE) impusiera a España una revisión como condición para aprobar la ‘excepción ibérica’.
En este contexto, el Ejecutivo se lanza a reformular el cálculo del coste de producción de energía eléctrica para dotar al PVPC de una «mayor estabilidad» a la vez que se preservan las señales de precios del mercado (horarias) y a medio plazo. Para ponernos en contexto, antes de que estallara la crisis energética en verano del año pasado, al calor del incremento del precio del gas y los derechos de emisión de CO2 -y ahora fuertemente agravada por la invasión de Rusia a Ucrania- un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz que uno en el mercado libre.
Señal de precios a los productos a plazo
Sin embargo, el panorama cambia con la actual crisis de precios energéticos, ya que el PVPC se caracteriza por ofrecer un precio del kilovatio por hora (kWh) para cada momento exacto de cada día, brindando un total de 24 precios diarios y una alta volatilidad. El propio Gobierno señala en la memoria del proyecto del Real Decreto que la competitividad que ofrecía la tarifa regulada se ha logrado «a costa de una elevada exposición de los agentes al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo».
En este sentido, lo que el Gobierno pretende ahora es introducir una señal de precios a los productos a plazo, configurando dicha señal como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual. «Este reparto entre productos a plazo permite, por un lado, indexar (al menos parcialmente) el PVPC a señales de precio de con un claro componente de largo plazo, y al mismo se introducen productos de más corto plazo que permiten igualmente a las comercializadoras de referencia ajustar con mayor precisión su portfolio de energía a las verdaderas necesidades de suministro», explica el texto de Transición Ecológica.
El reparto se haría de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual sea del 54%. Asimismo se establece un marco transitorio por el cual la representatividad de la señal a plazo se incrementará de manera gradual para el periodo 2023-2025, de tal forma que, para el primer año, el peso de la señal sea del 25% y vaya incrementándose un 15% hasta alcanzar el 55% en 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria.
Transición Ecológica, que deja hasta el 7 de noviembre para recibir alegaciones, también se guarda la posibilidad de introducir, mediante orden ministerial, modificaciones en el peso y reparto de los productos a plazo, incorporando, en su caso, una referencia al precio resultante de las subastas de energía inframarginal, gestionable y no emisora, en caso de que estas subastas prevean finalmente la participación de las comercializadoras de referencia.
Para calcular el impacto económico de la reforma del PVPC, el Gobierno ha comparado para el período enero 2018-junio 2022 la evolución histórica del precio con la evolución que este hubiera tenido si se calcula en función de la propuesta de reforma. Así, ha supuesto que el peso del mercado spot es del 40% y el del mercado de futuros, del 60%.
Teniendo en cuenta lo anterior, la volatilidad anual del precio diario se reduce al 17%, frente al 27% del precio del mercado mayorista (pool). Por su parte, la volatilidad anual del precio medio mensual baja al 16%, en comparación al 23% del pool. En relación con el impacto en precios, durante el período analizado, descendería en 2,5 euros/MWh de media. Sin embargo, este diferencial es positivo en algunos años y negativo en otros: en un año con la electricidad cara el precio baja, pero en un año con los precios baratos se consigue el efecto contrario.
Según datos de la CNMC, la energía final medida correspondiente a las comercializadoras de referencia para el año 2022, teniendo en cuenta que aún no se dispone de todos los datos mensuales, se estima en 9.713.081,8 MWh, lo que logra una reducción de precio de 297,1 millones de euros.
La UE elimina progresivamente el PVPC
Siguiendo las directrices de la Unión Europea, la regulación sobre las tarifas eléctricas está siendo eliminada progresivamente por parte de los distintos Estados miembro, pero todavía quedan 15 países, entre los que se incluyen España, Francia, Italia y Portugal, en donde siguen existiendo este tipo de tarifas reguladas accesibles para el consumidor doméstico minorista.
En el caso de España, Aelec, patronal de las grandes eléctricas que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, viene defendiendo desde hace tiempo la necesidad de acabar con el PVPC. Según un informe elaborado por PwC para la Fundación Naturgy, la existencia de este tipo de tarifas reguladas, especialmente cuando abarcan cuotas elevadas de consumidores, «puede generar importantes barreras de cara a la fijación de precios de una manera eficiente, además de obstaculizar el desarrollo de la Transición Energética».
Reforma del bono social
Otros de los puntos más importantes de la normativa que prepara el Gobierno es la reforma del bono social eléctrico, que a partir de ahora se repercutirá en la propia tarifa como un «nuevo componente». Este recogerá el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia. Hasta ahora lo financian las comercializadoras eléctricas y su coste anual es de unos 200 millones de euros. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo anula la obligación al considerarla discriminatoria e impone que se indemnice a las empresas afectadas con las aportaciones que hayan realizado desde 2018.
Por otro lado, se establece que «podrán acogerse a los precios voluntarios para el pequeño consumidor los titulares de los puntos de suministro, que sean personas físicas o microempresas, efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW en cada uno de los periodos horarios existentes».
Con esta modificación, se pondrá en marcha un sistema de acreditación basado en declaración responsable para certificar la consideración de microempresas para aquellas compañías que decidan acogerse a dicho precio. Esta acreditación y acceso al PVPC será supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
