Las empresas soportarán tres cuartas partes de la subida de impuestos prevista para 2023
La presión fiscal sobre el tejido empresarial rebasará el 11% el año próximo, un punto por encima de la media europea, algo que resta competitividad según el IEE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. | Europa Press.
Las medidas fiscales incorporadas previstas por el Gobierno para el próximo ejercicio, de materializarse, supondrán un alza de los ingresos públicos de 5.735 millones de euros, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre las Cuentas Públicas para el año próximo. Tres cuartas partes de esa cifra, 4.235 millones, el 74%, será sufragado por las empresas, colige el documento Opinión del IEE sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
De este modo, la presión fiscal sobre el tejido empresarial -indica el IEE- rebasará el 11% del PIB el año próximo, frente al 10,3% de niveles prepandemia y a la media del 10% de nuestros socios de la Unión Europea (UE).
Pérdida de competitividad de las empresas
El hecho de que el grueso de la subida impositiva recaiga sobre las empresas supone, a juicio del brazo intelectual de la patronal CEOE, una pérdida de competitividad relativa de nuestras empresas frente a nuestros socios y competidores, derivada del aumento de sus costes fiscales.
En este sentido, aporta documentación el IEE a partir de trabajos del monitorizador fiscal internacional Tax Foundation, según el cual en competitividad fiscal, España ocupaba el pasado ejercicio la posición 30 de 37 países anailazados, habiendo perdido tres posiciones en el ranking internacional desde 2020 y siete desde 2019. Vaticina el IEE, presidido por Íñigo Fernández de Mesa y cuya dirección general encabeza Gregorio Izquierdo, que España seguirá perdiendo posiciones en esta clasificación tras incorporarse gravámenes a eléctricas y entidades financieras y figuras como el impuesto a los plásticos no reutilizables.
Aumento selectivo para las empresas
Por otra parte, consideran los autores del informe que el aumento de la tributación selectiva para la empresas, que se representa como neutral para las personas físicas, obvia las fuertes interacciones entre los distintos actores que operan en el mercado, y que el flujo de eventuales nuevas inversiones se resiente ante las mayores cargas tributarias empresariales, lo que -a su vez- contrae el empleo y acrecienta la desigualdad.
Por ello, el Instituto recomienda incrementar la recaudación tributaria por otras vías distintas al aumento de la carga fiscal de las empresas, como la recuperación de la actividad perdida, algo más lejano cuanto más se suba la presión fiscal a las empresas, concluyen los expertos del Instituto.
El cuanto al llamado Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, el IEE considera que su creación es un intento de resucitar la generalización del Impuesto sobre Patrimonio, privando a las autonomías de su capacidad para organizar su fiscalidad y avanza, como ha adelantado este periódico, que es susceptible de ser inconstitucional. Por otra parte, consideran los fiscalistas implicados en el informe que el tipo máximo del tributo, del 3,5%, es muy alto, por lo que se torna en potencialmente confiscatorio.
Empresas que soportan carga fiscal adicional
Además, critica el estudio que se una la creación de esta figura a una subida del tipo de gravamen del ahorro en IRPF, algo que redunda en la dualidad del impuesto y que aumenta la probabilidad de que la tributación conjunta de los dividendos repartidos por sociedades a personas físicas, entre Renta y Sociedades, pueda llegar a niveles cercanos al 50%, encareciendo el coste de capital de las empresas, y haciendo que invertir en España sea más caro que hacerlo en otros países, lo que incide -por una nueva vía- en la pérdida de competitividad de las empresas del país.
También critica el informe la limitación a la compensación de pérdidas en el Impuesto sobre Sociedades lanzada por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, porque «aumenta la tributación efectiva de las empresas, vulnerando el principio de capacidad económica en un momento en que muchas compañías arrastran pérdidas derivadas de la última crisis». Es justo, una medida en contra de las que adoptan economías punteras, como la alemana, que ha flexibilizado la compensación de pérdidas para acelerar la capitalización de las empresas vapuleadas por la pandemia.
Gravamen a los plásticos, precipitado
En cuanto al impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que se prevé entre en vigor el próximo enero, el Instituto considera que llega en un momento especialmente delicado, que impacta sobre sectores empresariales que soportan tasas de inflación de dos dígitos, y que contribuirá al aumento de la inflación, perjudicando -de nuevo- la competitividad de las empresas frente a las de otros países que no soportan ese gravamen.
«El impuesto impactará negativamente en la competitividad, no solo en el sector del plástico sino en toda la industria española que utiliza envases plásticos en la producción y el transporte», amén de considerar el estudio del IEE que «se plantean multitud de problemas prácticos de aplicación del tributo a menos de tres meses de su entrada en vigor», que consideran precipitada en el vigente entorno de incertidumbre.
Impuestos disfrazados
Por otra parte, el estudio del IEE cuestiona los nuevos gravámenes, previsiblemente temporales, dirigidos a las entidades financieras y empresas energéticas bajo la figura de prestación patrimonial de carácter público no tributario, porque de facto ponen de relieve la capacidad económica, se gestiona como un tributo, se revisan como un tributo, se ingresan en el Tesoro para financiar gasto público y, por tanto, su sustrato es de carácter impositivo. Duda el Instituto de su constitucionalidad, advierte de la litigiosidad que puedan deparar y avisa de que alteran el régimen de financiación de las comunidades autónomas.
Además, la entidad de estudios considera que existe una notable desproporción entre los ingresos que proyecta el Presupuesto y el incremento del PIB. De hecho, con las cifras ofrecidas por Hacienda, y de cumplirse su escenario de previsiones, la recaudación crecería el 23,4%, más del doble que el PIB nominal (crecimiento más inflación), que lo hará el 11,5%. Ello depara un nuevo lastre para la economía española, en general, que soportaría el año próximo un máximo de presión fiscal del 42,3% en un momento de máxima incertidumbre económica y geopolítica.
Al borde de una recesión
Con todo, el IEE no sólo critica la falta de adecuación de los Presupuestos para 2023 del lado de los ingresos, sino que critica también el despliegue del gasto y la irrealidad de las previsiones macroeconómicas en las que se basa. Por otro lado, hace objeciones sobre el temple de las Cuentas Públicas, que debería ser más prudente -a juicio del Instituto- teniendo en cuenta los elevados volúmenes de deuda y déficit públicos que arroja nuestra economía, en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras y de ralentización del PIB que puede llevar a una contracción durante este trimestre o el primero de 2023, y a España a una recesión técnica.
El IEE denuncia que España está entre los países con más déficit estructural y más deuda pública de Europa, que carece de una estrategia de consolidación fiscal de las cuentas públicas a medio y largo plazo, y que para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y nuestra credibilidad de cara al exterior, son necesarios unos Presupuestos más prudentes en la estimación de ingresos y en los compromisos de gasto. De hecho, considera el Instituto que los Presupuestos son cortoplacistas, inflacionistas y poco dinamizadores del crecimiento.
Además, cuantifica en un 10,7% la subida total del gasto reflejada en el Presupuesto y del 6,2% si se tiene en cuenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que supone a juicio de la entidad un perfil fuertemente expansivo.
Peor pronóstico para el empleo
Por otra parte, el Instituto cuestiona la previsión de creación de empleo del cuadro macroeconómico presentado por la vicepresidenta Nadia Calviño, habida cuenta de la cascada de revisiones a la baja del PIB español para el año próximo, a resultas del empeoramiento de la coyuntura.
Razonan Fernández de Mesa e Izquierdo que si el Gobierno aventura un alza del empleo del 0,6% con un crecimiento del PIB del 2,1%, desmentido por los principales organismos de análisis, y prácticamente descartada, sucede que si se produce un avance del PIB en torno a la mitad -no el del escenario más pesimista- lo más factible es que el empleo no crezca el año próximo.
En declaraciones a THE OBJECTIVE, Gregorio Izquierdo explica -además- que la persistencia en el alza de los costes laborales, que ya se está adelantando vía alza de bases de cotización y a través de la subida de cuotas derivada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de 0,5 puntos para el empresario, puede llevar, incluso, a una evolución negativa del empleo.
