El BCE insta al Gobierno a frenar el impuesto a la banca para analizar sus efectos adversos
El informe, que rubrica la propia Christine Lagarde, responde a una solicitud del Congreso de los Diputados, y en él cuestiona abiertamente este nuevo tributo
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. | Europa Press
Jarro de agua fría del Banco Central Europeo (BCE) a España por el nuevo impuesto a la banca que pretende introducir el Gobierno. El organismo que dirige Christine Lagarde ha hecho público este jueves un dictamen muy crítico con la medida porque considera que puede resultar contraproducente, e insta al Ejecutivo a que frene su tramitación hasta analizar mejor sus efectos.
El informe, que rubrica la propia Lagarde y que no es vinculante, responde a una solicitud del Congreso de los Diputados, y en él cuestiona abiertamente este nuevo tributo que, en principio, se aprobará a finales de año con el apoyo de PSOE y Podemos y con el que Hacienda pretende recaudar unos 3.000 millones en dos años. Entre las dudas que expresa el organismo destaca el riesgo de que este nuevo impuesto se traslade al coste de los préstamos.
Por ello, el BCE encomienda al Gobierno a que lleve a cabo un «análisis exhaustivo» sobre las posibles consecuencias negativas para el sector bancario: «La imposición de impuestos o gravámenes ad hoc a las entidades de crédito con fines presupuestarios generales debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, al objeto de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real», recoge el informe.
«Esta recomendación -añade el texto- es especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real».
Asimismo, el supervisor bancario europeo pide al Ejecutivo que tenga en cuenta «que las entidades de crédito ya han tenido que registrar provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético».
El gravamen temporal que prepara el Gobierno atiende a los ingresos totales por intereses y comisiones correspondientes a 2019, pero es posible que los bancos registren unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen, según advierte el BCE, por lo que la capacidad de los bancos para alcanzar posiciones de capital adecuadas se puede ver perjudicada. En este sentido, el organismo indica que «la consideración de una entidad de crédito afectada como obligada al pago del gravamen temporal mientras registre pérdidas netas, distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario».
Además, «la aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria».
El Gobierno seguirá adelante
El Gobierno, por su parte, minimiza el dictamen del BCE. Fuentes del Ejecutivo han subrayado a EFE que el informe no es vinculante y no se posiciona contra el impuesto, sino que se pronuncia sobre aspectos técnicos que considera necesario aclarar. «Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de hacer la propuesta», aseguran las citadas fuentes, que añaden que los bancos han logrado fuertes incrementos de beneficios en los nueve primeros meses del año gracias a la subida de tipos de interés y que «la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida», entre otras razones.
El sector bancario se encuentra en una posición «muy sólida en términos de solvencia», a juicio del Gobierno, que no prevé que el impacto vaya a tener «un impacto significativo tanto por su naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo». Además, el Ejecutivo considera que «el horizonte temporal minimiza cualquier efecto distorsionador».
Un impuesto polémico
Lo cierto es que el impuesto a la banca que pretende aprobar el Ejecutivo ha recibido críticas de otros organismos, que incluso lo han calificado de «potencialmente inconstitucional». Es el caso del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que advirtió en septiembre de que es «potencialmente inconstitucional y no se adecúa al derecho comunitario», por lo que ve probable que dé lugar a una serie de recursos contra su aplicación que termine con su declaración de inconstitucionalidad.
Según este informe, este tipo de impuestos generan inseguridad jurídica, tanto en el fondo como en la forma elegida para su tramitación, al eludir la consulta pública, la Memoria de Impacto Normativo y el Dictamen del Consejo de Estado. Así, los expertos del Instituto han reprochado que muchas de las contradicciones se podrían haber evitado si la propuesta hubiera sido presentada como proyecto de ley y no como proposición.
Además, estos expertos insistieron en que calificar el impuesto como prestación patrimonial pública no tributaria supone vetar la participación de las comunidades autónomas en la recaudación, lo que entraría en conflicto con la Constitución.
