El Gobierno fracasa en las negociaciones y los transportistas mantienen la huelga para el lunes
El paro indefinido ha reavivado el temor a problemas de suministro como los sufridos el pasado marzo durante las movilizaciones de camioneros
La huelga de transportistas sigue adelante. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte mantiene su convocatoria de paro indefinido a partir del lunes, tras no haber llegado a un acuerdo con los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con los que se han reunido esta mañana.
El nuevo paro indefinido convocado por la plataforma -integrada en su mayoría por autónomos y pymes- ha reavivado el temor a problemas de suministro como los sufridos el pasado marzo durante las movilizaciones promovidas por la misma organización, que asegura que los cargadores no respetan el precio de coste.
Respecto a la ley aprobada en agosto, el Gobierno defiende que garantiza que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes. En este sentido, la inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento y, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.
Por todo ello, desde el Ministerio han pedido de nuevo a la Plataforma a recapacitar y desconvocar un paro que creen que «no beneficia a nadie», ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
Sin embargo, la Plataforma no ha dado su brazo a torcer y ha pedido un aumento del número de inspectores, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, así como un plan de inspección nuevo, que en los contratos de carga se elimine la imposibilidad de denunciar al cargador en determinadas situaciones, y que el importe de las sanciones sea «ejemplar», entre otras medidas, y todo bajo un acuerdo firmado y por escrito.