Colapso en la Seguridad Social: retrasos en las citas previas, cobros y gestión de jubilaciones
Los sindicatos se manifiestan con el fin de solicitar un aumento de plantilla para tramitar las solicitudes de trabajadores, pensionistas y perceptores de IMV
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. | Europa Press.
La plantilla de la Seguridad Social denuncia su colapso para atender a los ciudadanos, y la incapacidad material para tramitar gestiones básicas de 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, y 1,4 millones de empresas, debido todo ello -aducen- a la pérdida de 4.500 efectivos en una década, no suplidos por las incorporaciones de interinos, y que representan un decremento del orden del 15%.
Las cifras reales no son accesibles a través de registros públicos, pero portavoces de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aseguran a THE OBJECTIVE que hace una década, sobre todo entre la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y algunos otros departamentos, la plantilla ascendía a 30.000 efectivos frente a los 25.500 actuales.
Explican las mismas fuentes que debido al envejecimiento de la plantilla, en los 59 años de media -remacha el responsable de Seguridad Social de CSIF, Ricardo Aguirre- y al aluvión de jubilaciones, las salidas de empleados de la Seguridad Social son muy superiores a las incorporaciones, a razón de una pérdida de personal de 2.000 efectivos anuales entre la Tesorería y el INSS, que no son repuestos en la misma cuantía. Aguirre señala que se van a a añadir 1.615 interinos en los próximos tres años, pese a que el déficit de plantilla asciende a 7.000 trabajadores.
Retardos de tres meses
De ahí que se produzcan retrasos en la atención con cita previa, demoras en el cobro de prestaciones y un retardo medio de tres meses para cobrar la jubilación en el momento de producirse. Antes de la salida de tantos efectivos, ese ingreso se percibía por el recién jubilado en el mismo mes de la comunicación de retiro.
Este viernes se manifiestan en los jardines del complejo de Nuevos Ministerios, en el Paseo de la Castellana, organizados por CSIF, CCOO y UGT para denunciar la falta de personal y el retraso en la gestión y tramitación de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Consideran que la ciudadanía está percibiendo un «servicio deficiente» en sus gestiones básicas con la Seguridad Social, padeciendo retraso en las citas, cierre de atención de oficinas, colas interminables, demoras en la concesión de prestaciones e incertidumbre.
Insuficiente ejecución del IMV
La sobrecarga de trabajo de la plantilla ha provocado también el colapso en la tramitación del IMV, lo que ha obligado al Gobierno a improvisar un plan de emergencia que incrementa el trabajo de una plantilla ya sobrepasada, explican las mismas fuentes de CSIF: el plan de intensificación.
Esta iniciativa de la plantilla de la Seguridad Social busca no solo que se cumpla la reposición de personal ajustada a las necesidades de atención al público, sino una mejor atención al ciudadano. Los funcionarios reclaman una reposición que cubra el gap de 7.000 funcionarios que consideran necesarios para atender un número posible de expedientes por funcionario de forma que los administrados no sufran quebranto económico durante un tiempo indeterminado.
Un autobús recorre España informando del IMV a los posibles beneficiarios. Consideran los funcionarios de la Seguridad Social que «lejos de dar solución al conjunto de la ciudadanía con especial vulnerabilidad, fracasa desde su puesta en marcha» debido a la «falta de personal y mala organización».
Según datos oficiales a los que CSIF ha tenido acceso, el 73% de las solicitudes del ingreso mínimo resueltas se ha denegado por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia, y solo se ha ejecutado el 56% del presupuesto destinado a esta prestación, sin poder cuantificar en millones la cantidad efectivamente desplegada, explican.
Lo advirtió AIReF
En este sentido se pronunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su primera opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital que impulsó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expresidente de la Autoridad. En julio de este mismo año, el órgano fiscalizador confirmó que la prestación solo llega al 40% de sus beneficiarios potenciales.
Los funcionarios calculan que aún quedan pendientes de solicitud el 57% de posibles beneficiarios, unos 400.000 hogares, y que esta prestación, con vocación de permanencia, está gestionada -además de por el personal permanente de Seguridad Social- por 1.050 interinos que «precipitadamente se contrataron para dedicarse a ello en exclusiva, para los que el Ministerio no tiene nada previsto cuando termine su contrato, produciéndose el cese, como muy tarde, en septiembre de 2023».
En este punto, Aguirre recalca la especialización y experiencia que es necesario adquirir para desempeñar puestos de relevancia en el funcionariado de la Seguridad Social. Sobre los interinos, CSIF destaca que su marcha malgasta el esfuerzo en formación y especialización realizado por otros cuadros de la Seguridad Social con más antigüedad, y concluye que el IMV se instala como un incremento de trabajo en convivencia con el resto de las prestaciones, «que irremediablemente acumularán la carga de trabajo junto con la deficiencia actual de nuestras plantillas».
Esta situación ya está teniendo consecuencias. No solo en el descontento de los ciudadanos afectados consultados por este periódico, que relatan las demoras en concertación de citas y tramitación de solicitudes, sino en que los funcionarios revelan que «se está generando una bolsa de expedientes pendientes de tramitación que ha motivado que, por parte del INSS, se adopten medidas urgentes bajo el paraguas del denominado plan de intensificación, consistente en ofertar horas extraordinarias».
Plantilla envejecida
Los funcionarios lamentan que «las envejecidas y mermadas plantillas de la Seguridad Social no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones del Sistema, que están produciendo retrasos que producen interrupción de rentas», amén de que los empleados ven incrementada su carga de trabajo, fuera de su jornada laboral, para la resolución de expedientes de IMV, «situación insostenible porque no se encuentra personal que asuma dichas tareas extraordinarias debido al carácter voluntario de las mismas».
Fuentes internas relatan la opacidad que hay que cuanto a los datos reales de plantilla y la evolución de los plazos de tramitación desde cuando la Seguridad Social tenía, hace una década, 4.500 efectivos más. Además, indican que dada la especialización que requieren este tipo de trámites y el fuerte flujo de jubilaciones de la Tesorería y el INSS, se torna cada vez más difícil explicar a funcionarios temporales detalles concretos de la operativa diaria.
