Batalla entre PNV y Bildu por la duración del impuesto que afecta a Iberdrola y a Petronor
Los dos gigantes energéticos tienen sus sedes sociales en el País Vasco. Los ‘jeltzales’ buscan estabilidad frente a los ‘abertzales’, que aprietan a las eléctricas
Diputados de EH Bildu. | Europa Press
En País Vasco ya suenan los irrintzis. Los dos grandes partidos –PNV y EH Bildu– mantienen estos días una disputa con respecto al impuesto a las energéticas. No tanto en su aplicación, sino en su duración. Los abertzales han logrado arrancarle a los socialistas un compromiso para convertir -después de un estudio- el tributo en permanente. Una realidad que rechazan los jeltzales, que defienden la necesidad de imponer este gravamen por el contexto actual, pero solo de forma temporal.
El PNV lleva gobernando ininterrumpidamente desde el año 2012. Su partido, que ha buscado siempre cuidar su imagen de formación pulcra y responsable, conoce sobradamente la importancia del tejido empresarial en País Vasco y los ingresos que repercuten en sus arcas. Así, dos gigantes energéticos, Iberdrola y Petronor (filial de Repsol), tienen sus sedes sociales en Vizcaya, y cualquier gravamen nuevo puede tener repercusión en las inversiones que lleven a cabo.
Desde EH Bildu, en cambio, aprietan. «Es el momento de repartir la riqueza. Todos sabemos que este impuesto no les va a afectar ni a un 10% sobre los beneficios que estas empresas consiguen año tras año». Mientras, el PNV se congratula por la temporalidad del impuesto y lo achacan a que no es un gravamen sino una prestación patrimonial. Un encaje que afectaría, según dicen, a su régimen económico.
«Aunque se dice que se va a estudiar la permanencia de esos gravámenes en un futuro, lo cierto es que hoy no van a tener continuidad. Y me alegro. De seguir así, como prestación patrimonial, tendríamos un problema con el concierto económico», alegan desde el PNV. Ha habido durante estos días polémica sobre la forma con la que el Gobierno busca tramitar el nuevo impuesto, que ha sido por medio de una etiqueta que lo convierte en un gravamen y no en un tributo. No obstante, los jeltzales tampoco confirman si, en el hipotético caso de que se aprobase ‘vía impuesto’, lo apoyarían como herramienta permanente.
La lucha por ser socio prioritario del PSOE
«Hemos alcanzado un acuerdo con el PSOE y Podemos para blindar el impuesto a las energéticas para nuestro autogobierno y, también, la posibilidad de que las medidas con carácter temporales puedan ser permanentes a través de un estudio para ver como erradicar la desigualdad». Fueron las palabras que entonó el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que supusieron un jarro de agua fría para el PNV. Así, estos acusaron a la izquierda abertzale de excluirles de la negociación.
«Los gravámenes cuentan con el aval de Europa. Así lo ha establecido la Comisión Europea en un reglamento. Pero no es menos cierto que el procedimiento ha sido inaudito. Primero por las formas, fue un anuncio precipitado. Luego, para darle encaje, se ha hecho en forma de proposición de ley, con lo que se evitaban los trámites del Ministerio de Hacienda, la información publica previa o la memoria de impacto», se quejan desde el PNV, que sentencian, «el objetivo es garantizar la calidad normativa y la participación de los afectados. Ahora nos encontramos con una tramitación exprés para que estos gravámenes entren en vigor en 2023».
Para los ‘jeltzales’ hubiera sido mejor «una planificación más estructurada». «Una cuestión tan importante como la política fiscal merece un trabajo previo para debatir dialogar e intentar acordar». El PNV además deja caer la posibilidad de que en un futuro los tribunales puedan tumbar el impuesto. «Hemos buscado solventar aspectos técnicos para mejorar la norma y que no lo acaben tumbando en un futuro los tribunales provocando grandes devoluciones dinerarias«.
Por otro lado, el PNV ha buscado a través de sus enmiendas aliviar la carga del impuesto que prepara el Gobierno. Muchas de ellas han sido logradas. «Hemos presentado enmiendas para dejar fuera de la aplicación del gravamen las sociedades de grupo cuya actividad principal no sea energética, y concretamente, aquellas cuya actividad energética no superase un porcentaje de la cifra de negocio más restrictivo que lo que establecía la UE. También excluir los establecimientos permanentes del extranjero y el impuesto de hidrocarburos por su particular mecánica de aplicación, además de determinadas actividades reguladas cuya retribución está fijada por una norma y por tanto estas actividades no generan beneficio alguno».
