El Gobierno extiende dos años su derecho de veto sobre las inversiones extranjeras
THE OBJECTIVE adelantó hace más de dos semanas la extensión de esta herramienta para controlar el flujo de inversiones extranjeras
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño | Alberto Ortega (Europa Press)
El Gobierno pretende prorrogar dos años el escudo antiopas que puso en marcha en 2020 para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras. Así lo han han indicado fuentes gubernamentales al diario El País. Se confirma así la información adelanta por THE OBJECTIVE a finales de noviembre en la que nuestro redactor Fernando Cano indicaba de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez preparaba esta nueva extensión del escudo antiopas para empresas europeas a partir del año 2023.
De esta manera, el Ejecutivo seguirá controlando el ingreso de capital extranjero de países comunitarios en compañías estratégicas de nuestro país, pese a las reticencias de inversores y de la propia Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) que hace unos meses pidió la retirada de este instrumento introducido por el Ejecutivo durante la pandemia.
En marzo de 2020, se decretó que todas las empresas de fuera de la Unión Europea que quisieran comprar más del 10% de una compañía estratégica española cotizada -y en las no cotizadas en las que la inversión superara los 500 millones- debían tener la autorización del Consejo de Ministros. Este escudo antiopas se extendió a empresas europeas en abril de este mismo año, en verano de 2021 se amplió su vigencia en seis meses y en noviembre se prolongó para todo el año 2022. La norma se aplica a sectores como las telecomunicaciones, la defensa, la energía, los transportes o los medios de comunicación.
Antiopas a activos estratégicos
En esta oportunidad -según las fuentes consultadas por este diario- la justificación de esta nueva prórroga del escudo antiopas (que ya adelantó este diario hace algunos meses) ya no se encuentra en la pandemia de coronavirus sino que en la inestabilidad internacional y el impacto de la guerra de Ucrania en las bolsas de valores y en la economía en general.
El escudo antiopas tiene dos herramientas: la primera establece que ninguna empresa de fuera de la Unión Europea podrá entrar en empresas españolas sin la autorización del Gobierno. Un decreto que está vigente sine die hasta que se derogue con otro, por lo que seguirá en 2023 sin que el Ejecutivo tenga que hacer nada. En el caso del segundo, la norma está enfocada específicamente en inversores europeos y sí que se tendrá que prorrogar formalmente antes de que termine este año ya que su vigencia es hasta el 31 de diciembre.
Según señala CincoDías, se introducirán modificaciones para atar el control también sobre operaciones de activos que sean considerados estratégicos. De ese modo, el Gobierno quiere evitar que se pueda sortear la norma con la venta de partes de un negocio como podrían ser infraestructuras de telecomunicaciones, de energía o redes digitales, que con la actual guerra de Ucrania y los bloqueos comerciales pueden resultar fundamentales en el futuro económico de España.
Naturgy y Prisa
Un escudo antiopas que cobra mucha más relevancia en un momento de guerra en Ucrania y de máxima tensión comercial entre los Estados miembro de la Unión Europea y Estados Unidos contra países como China o Rusia. De hecho, uno de los grandes temores en España, y en Europa, es que fondos que operen como representantes de inversores chinos se hagan con las grandes empresas de bandera del entorno comunitario.
Hasta la fecha el Gobierno ha tenido más de 40 solicitudes en el marco del procedimiento de autorización de inversiones extranjeras, todas han sido aprobadas y a menos de una cuarta parte de ellas se les han planteado condiciones. El caso más sonado fue la entrada del fondo IFM en Naturgy, donde el Gobierno impuso condiciones para que el desembarco estuviese condicionado a una inversión estratégica y a mantener la integridad de la energética.
Diferente ha sido el caso del grupo Prisa, donde Vivendi presentó su solicitud para subir hasta el 20%, pero la tuvo que retirar seis meses después al ver que la petición no era respondida. En este caso fue el Gobierno el que se opuso a la entrada de este inversor industrial al no estar de acuerdo con su línea editorial cercana a la extrema derecha. Un ejemplo de bloqueo de este escudo antiopas a favor de los intereses del Ejecutivo. Este escudo también ha servido para proteger a grandes empresas del Ibex, en mínimos históricos en Bolsa y con gran vulnerabilidad ante opas hostiles de fondos de inversión oportunistas.
