El colapso en el Registro Civil Central deja atrapadas al menos a 5.000 personas
Los ciudadanos llegan a tardar más de cuatro meses en ser atendidos para realizar trámites esenciales
Sede del Registro Civil Central, en Madrid.
El colapso en el Registro Civil Central (RCC) de Madrid deja atrapadas al menos a 5.000 personas, según cálculos de los Gestores Administrativos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que pueden tardar más de cuatro meses en ser atendidas en trámites urgentes y necesarios para su desempeño vital, económico y laboral.
Ello sucede porque este organismo -necesario para hacer trámites esenciales y necesarios para ulteriores operaciones administrativas o comerciales- dejó de atender presencialmente al comenzar el confinamiento, en marzo de 2020, de modo que conseguir una cita a título particular se torna la mayoría de las veces imposible.
Se forman colas en la sede. Estériles, ya que no se consigue acceder. La vía telefónica es infructuosa. Por ello, los particulares acuden tanto a gestores como a abogados, ya que estos despachos tienen un cupo de 55 trámites diarios. Pero el cupo ha provocado que solo en las gestorías haya más de 1.600 clientes que aún no han podido cursar sus expedientes en el registro, como explica el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, que ha constatado cómo diariamente se han venido quedando sin atender a razón de 30 o 35 administrados al día de media, y en ocasiones, más.
Hay jornadas en las que se reciben más de 100 encomiendas de trámites en las gestorías y otras tantas en los despachos de abogados, que también han de ajustarse al cupo. Por ello, la acumulación de personas sin atender rebasa las 5.000 personas y puede agravarse cuando, a partir del 10 de enero, se añadan nuevas peticiones.
Documentos clave
Como explican los gestores a este periódico, el problema es muy grave, ya que al registro central acuden españoles nacidos en el extranjero o nacionalizados que han de tramitar documentos tales como certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, necesarios muchas veces para un trámite ulterior, tal como adquirir una vivienda, acceder a un empleo, casarse o percibir una ayuda estatal.
La situación se torna aún más adversa, como explica Fernando Jesús Santiago Ollero, si tenemos en cuenta que se trata de trámites imprevisibles, que surgen de forma extemporánea y generalmente han de hacerse de forma urgente y en orden a una operación posterior.
Los gestores reclaman la atención de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que encabeza Sofía Puente, y han intentado recibir una solución al atasco que sufren sus clientes sin de momento conseguir una mejora de la atención, explican portavoces del sector.
Tras sus intentos de recabar una mejor y más amplia atención para sus clientes, el pasado 28 de noviembre recibieron los gestores un correo electrónico firmado por un letrado de la Administración de Justicia en el que se anunciaba que «como consecuencia del incremento de las solicitudes que se efectúan por la vía ordinaria, de las bajas de personal y del inminente periodo vacacional», se interrumpía el servicio de cupos desde el 1 de diciembre hasta el 10 de enero.
Retrasos acumulados
Esta situación empeora aún más el colapso del organismo. Los gestores consideran que no se ha considerado el daño en cuanto a los plazos que se puede causar a los solicitantes de certificados, pues esos 40 días de suspensión del servicio pueden llevar a que a los afectados se les pasen otros plazos o les precluyan acciones urgentes.
Santiago Ollero reclama soluciones, ya que esta situación se ha dado en el pasado y podría planificarse la atención de modo que no se sigan acumulando personas sin atender. Insiste el presidente de los gestores en que los ciudadanos que acuden al Registro Civil Central lo hacen para solicitar certificaciones que son precisas para otras peticiones y trámites que tienen sus propios plazos y que muchas veces se pierden si no se ha sido atendido en el RCC.
Los gestores insisten en que su petición no es en interés de su colectivo, sino que persigue mitigar el daño que se está generando al ciudadano con los retrasos en la atención a trámites fundamentales para la vida de las personas.
