Hacienda retrasa el impuesto a multinacionales hasta el fin del 'hachazo' a energéticas y banca
El Ministerio de Hacienda no quiere prorrogar los gravámenes a las empresas energéticas y al sector financiero, más allá de dos años, ni que se solape con el impuesto a las multinacionales
El 24 de marzo, el Ministerio de Hacienda cerrará el trámite de información pública del nuevo impuesto que gravará a las multinacionales un tipo mínimo del 15%. Respondiendo a la Directiva UE 2022/2523, el tributo gravará a todas las multinacionales radicadas en la Unión Europea, por lo que también afectará a las instaladas en Países Bajos, en un momento en que sigue latente la polémica por la marcha del Grupo Ferrovial. Entretanto, la previsión del actual Gobierno es que el impuesto de Sociedades a las multinacionales entre en vigor a partir de 2024, fecha en la que, de no revisar los gravámenes, como así recogen las cláusulas de los reales de decretos, caerán tres impuestos que también podrían estar afectando a multinacionales y sus trabajadores.
La semana pasada, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, afirmaba desde el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está abierto a replantearse la continuidad de los gravámenes a empresas energéticas y al sector financiero.
Una afirmación que ha sido puntualizada por fuentes de ese ministerio, subrayando que ambos gravámenes están diseñados para ser ejecutados en los dos años previstos, sin dar cabida a aquella cláusula que recoge el Real Decreto Ley, y que abre la posibilidad de que dichos gravámenes se puedan prorrogar, como quería uno de los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, EH Bildu.
La acotación de los tiempos llega en un momento en el que el mundo de la empresa acusa al Gobierno por verse hostigado de críticas, que «no se han visto nunca en la democracia española -señalan a THE OBJECTIVE-», y que desde luego, «tampoco se han visto en Europa».
Revisión del impuesto a la banca y a las energéticas en 2024
De ser así, y cerrado el trámite de exposición pública, que sí que ha coincidido con el fragor del debate del derecho de movimiento de las multinacionales –como ya reconoció Pedro Sánchez en su tesis doctoral, a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE-, lo cierto es que la tramitación parlamentaria del tipo mínimo podría ser cuestión de semanas, de manera que el nuevo tributo estaría a punto en breve. Cuestión aparte es su ejecución. Y ahí es donde el Gobierno, al menos el secretario de Estado de Hacienda, ha matizado que podría entrar en vigor en 2024, fecha en la que tocaría revisar la compatibilidad de este tributo con los recientemente aprobados del sector energético y financiero, y también con el de las grandes fortunas.
En medio de la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno de coalición llegó a un acuerdo con EH Bildu para sacar adelante los impuestos al sector financiero y al energético -no exentos de polémica, y cuya resolución está pendiente de los tribunales-, que pasaba por la posibilidad de dar carácter permanente a estos tributos, una vez analizados los resultados en el último trimestre de 2024.
Por otra parte, cabe señalar, que el impuesto del tipo mínimo del 15% para las multinacionales se gravará en todo el suelo europeo, por lo que da igual dónde esté ubicada esa sociedad, tendrá obligación de pagarla. Una cuestión que se cruza de bruces con la declaración de intenciones del Gobierno, que insiste en que tendrá que ver la «letra pequeña» del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos para «preservar los intereses» de España ante la decisión de la empresa.
Precisamente, y cuando ya se sabía que Ferrovial se perfila para un contrato de 621 millones de euros de Adif al lograr la mejor puntuación técnica, también la semana pasada, los altos cargos directivos de Ferrovial recibían cerca de 54.000 acciones de la compañía por un valor total de 1,44 millones de euros, una remuneración extraordinaria relacionada con el cumplimiento de los objetivos corporativos. Asimismo, El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, recibía cerca de 425.000 euros en acciones de la compañía como parte de una remuneración extraordinaria relacionada con el cumplimiento de los objetivos corporativos, en concreto, por el V Plan de Entrega de Acciones vinculado a los objetivos de 2020.
Un acuerdo de 136 países
La OCDE cerró un acuerdo con 136 países para aplicar una fiscalidad mínima para empresas multinacionales. Sin embargo, dicho acuerdo necesita ahora de implementación y cambios a nivel de jurisdicción en los países firmantes.
El acuerdo global se centra en dos pilares de actuación. El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10% excluyendo a las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados.
El segundo pilar abarca a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global e incluye que el tipo mínimo de los Impuestos sobre Sociedades sea del 15% en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.