El Gobierno atribuye a un error el fin del veto a contratar con quien no persiga la corrupción
THE OBJECTIVE denunció la eliminación por sorpresa del artículo que prohibía dar licitaciones a empresas que no protegieran a denunciantes de irregularidades
El secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, Rafael Simancas, junto al ministro de Presidencia, Bolaños. | Europa Press
El Gobierno, a través de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, ha atribuido a un «error», que ya están trabajando para resolver, la eliminación del veto a contratar con las empresas que no defiendan y protejan a los trabajadores informantes de corrupción, fraudes e irregularidades, un asunto que denunció el pasado sábado THE OBJECTIVE.
Así al menos lo ha asegurado este domingo Simancas a través de un mensaje en la red social Twitter a raíz de las quejas de varios usuarios tras la noticia publicada por TO: «Somos conscientes del error y ya estamos trabajando para resolverlo en breve. Muchas gracias por la alerta».
Esta medida anticorrupción, que parte de una directiva clave de Bruselas que España había aplicado con retraso, estuvo presente en la Ley de Contratación del Sector Público solo unos días y desapareció de un plumazo con la incorporación a la normativa de contratos de un artículo relacionado con la ley trans. En concreto, la nueva cláusula impide trabajar con el sector público a las compañías condenadas por discriminación de sexual y de género.
Somos conscientes del error y ya estamos trabajando para resolverlo en breve. Muchas gracias por la alerta. @MANUELVILLORIA1 @SafiraCantos @FernandoJS63
— Rafael Simancas (@SimancasRafael) April 9, 2023
Fue Javier Vázquez Matilla, abogado especialista en Contratación Pública el que se percató en primera instancia del grave error, que constató THE OBJECTIVE y que puede estar motivado, entre otras razones, según han dejado constancia decenas de juristas en sus cuentas de Twitter en solo dos días, a la vorágine legislativa.
El Gobierno rectificará
Fernando Jiménez Sánchez; profesor de Ciencia Política; Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración; y Safira Cantos, abogada, ex directora de la Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid y actual directora general de la Fundación Hay Derecho, han jugado un papel trascendental en la rápida reacción de Simancas en un tuit en la mañana del Domingo de Pascua. El diputado ha agradecido a los juristas a THE OBJECTIVE las alertas que han destapado el error.
Cantos, que lanzó un revelador hilo su cuenta de Twitter solo unas horas después de aparecer la noticia, aseguraba que en su opinión la eliminación de la importante cláusula era «un error, pero no accidental, sino fruto de este trajín atropellado de reformas legislativas como churros desde compartimentos estancos».
En la práctica y hasta que no se subsane el «error», una empresa con más de 50 empleados condenada por no haber prestado apoyo y protección a un trabajador que ha denunciado infracciones o corrupción podrá trabajar con las administraciones y recibir licitaciones, ya que la limitación no se contempla. Sin embargo, las compañías que discriminen por razón de sexo o género tienen vetados los contratos públicos desde el pasado 2 de marzo, según recoge el actual art. 71.1.b) de la LCSP.
«La Ley de Contratación, en vez de adicionar una nueva infracción por razón de igualdad de trato / discriminación, lo que ha hecho es eliminar de facto la anterior prohibición de contratar con las empresas que no protegiesen a los informantes de infracciones normativas y de corrupción», ha señalado el abogado Vázquez.
‘Ley Whistleblowing’
Gracias a @FernandoJS63 leo esto de @_enriquemorales. Tiene su enjundia y es fruto de una motorización legislativa a la que ya no le puede seguir el ritmo ni la propia Administración😵💫🧵1/10👇
— Safira Cantos (@SafiraCantos) April 8, 2023
📣@justiciagob y @Congreso_Es ¡corrijan el error!🙏 https://t.co/zQXGLKDxtX
La ley Whistleblowing, una pieza clave para luchar contra los delitos dentro de las empresas, transpone la Directiva (UE 2019/1937 de Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, comúnmente conocida como Directiva Whistleblowing, es una pieza clave para luchar contra la corrupción.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado febrero la nueva ley que regula la protección de las personas que informen sobre casos de corrupción, una norma que traslada a la legislación española una directiva europea. El respaldo fue mayoritario -solo votaron en contra Vox y el PP.
La Cámara Baja la ratificó solo un día después de que Bruselas anunciara que denunciaba a España y a otros siete países de la UE ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber traspuesto la directiva a tiempo. La empresas que vulneren la normativa se enfrentan a multas de hasta un millón de euros.
