El colapso de Hacienda impedirá el castigo a Ferrovial con el que amenazó Calviño
La falta de personal y la entrada de nuevos impuestos tiene colapsado un servicio que además está molesto con las intromisiones del Gobierno
Pedro Sánchez y Nadia Calviño. | Europa Press
El colapso y la saturación que arrastran desde hace años algunos servicios de Hacienda, como la Dirección General de Tributos, no será el mejor aliado del Gobierno de Pedro Sánchez, muy crítico con la operación que ha acometido el Grupo Ferrovial aprobando este jueves el cambio de la matriz de España por la filial internacional de Países Bajos. Una mudanza que ha tenido lugar gracias al régimen especial fiscal al que se ha acogido, y que rige en toda Europa, marcado por la Directiva 2009/133/CE.
Fuentes de la Agencia Tributaria explican a THE OBJECTIVE que la falta de personal, y por tanto de acumulación de expedientes, así como la entrada de los nuevos impuestos a la banca, a las energéticas y el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, están ralentizando los tiempos de los informes y resoluciones, lo que sin duda dibuja un escenario de enormes dificultades para el estudio que corresponde hacer ahora a la Agencia Tributaria, una vez que el Grupo Ferrovial envíe las motivaciones de su fusión.
Una vez aprobado el traslado por la Junta General de Accionistas de Ferrovial, los técnicos de Hacienda disponen de cuatro años para estudiar ese informe que, en el caso encontrar alguna anomalía, empezaría un camino judicial que primero llevaría al Grupo ante los tribunales españoles, y más tarde, de no estar satisfechos con la resolución judicial, hasta los tribunales europeos
Pero llegar a esa fase se antoja difícil, explica una fuente de la AEAT. En primer lugar, porque una fusión de este tipo no se hace de la noche a la mañana, y porque estas sociedades cuentan con los mejores despachos de abogados, de manera que están perfectamente asesorados y «saben más que el personal de Hacienda». En segundo lugar, porque los servicios que dependen de la ministra María Jesús Montero están absolutamente «saturados y se está trabajando a destajo». Y esa es una de las razones del malestar y del enfado que hay en la Agencia; esa, y que el Gobierno haya interferido y enjuiciado las razones de la marcha de Ferrovial a Holanda, cuando esa es «una función meramente técnica y desde luego nada política», apuntan a THE OBJECTIVE.
Colapso hasta para la consulta previa
En cualquier caso, el estudio de los motivos de la marcha de Ferrovial no será inmediato. Primero se comunicarán dichos motivos, después se archivarán, y tras ello se extiende un horizonte de comprobación de cuatro años, que pueden ser muy largos, o muy cortos, depende.
Según aclaran a THE OBJECTIVE expertos en la materia, a la hora de valorar el volumen de trabajo que tienen, resoluciones como una consulta previa -algo que podría haber hecho Ferrovial-, y que según está estipulado obliga a una respuesta en un periodo máximo de seis meses, están llegando a tardar incluso hasta cuatro años.
No en vano, ahondan las fuentes consultadas, la Agencia Tributaria no tiene la última palabra. Porque, en efecto, de fallar en contra, Ferrovial puede litigar en España, y más tarde ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, máxime cuando se trata de una norma de carácter europeo.
Prueba de ello es su articulado. Así, el número 5 determina que «el régimen fiscal común debe evitar una imposición con ocasión de una fusión, de una escisión, de una escisión parcial, de una aportación de activos o de un canje de acciones, al tiempo que salvaguarde los intereses financieros del Estado miembro de la sociedad transmitente o dominada».
Las presiones del Gobierno de Sánchez
Desde el día en que el Consejo de Administración de Ferrovial anunció en una nota de prensa la decisión de que la filial holandesa iba a absorber a la matriz española, han sido numerosas las manifestaciones de los miembros del Ejecutivo español que se han pronunciado en contra de la determinación de la sociedad presidida por Rafael del Pino.
Fue a comienzos de marzo, desde Dinamarca, cuando el jefe del Ejecutivo reprobó a Del Pino por anunciar la salida de la compañía a Países Bajos. Entonces señaló que «en España hay ejemplos de grandes empresarios comprometidos con su país, pero que después de este anuncio, queda claro que no es su caso», apostilló.
Unos días más tarde, la vicepresidenta Nadia Calviño afirmaba que las razones públicas de Ferrovial para su marcha «no se sostienen». Y añadía que la información y los análisis técnicos arrojaban en ese momento «serias dudas sobre la sustancia de los argumentos» de Ferrovial; razón por la que el Ejecutivo de coalición ha reiterado que Ferrovial se expone a «consecuencias fiscales».
Trabajar de manera constructiva
Este jueves, la vicepresidenta sostuvo que respeta la decisión de Ferrovial -de quien hasta el momento siempre ha dicho el Gobierno que sería examinada de cabo a rabo por si entre sus intenciones estaba una evasión fiscal-. Sostuvo que el Gobierno va a continuar trabajando «de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento».
En su alocución mantuvo que «las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan», algo que «ha quedado claro» -matizó- tras los análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME).
