Los alcaldes adjudican un millón de contratos a dedo con los costes inflados por la burocracia
En cuatro años, las administraciones públicas han concedido 1,36 millones de adjudicaciones menores a empresas, un método que debería ser excepcional
Los contratos menores siguen siendo el método más empleado por el sector público para gestionar la mayoría de sus necesidades. | Europa Press
Los contratos menores, una fórmula que permite a las administraciones adjudicar servicios y obras pequeñas a discreción, sin fiscalización y eludiendo la competencia entre empresas -que facilita precios menores-, siguen siendo el método más empleado por el sector público para gestionar la mayoría de sus necesidades.
Este tipo de contratación siempre ha estado bajo el punto de mira y determinados ministerios han abusado de un método diseñado para compromisos excepcionales o imprevistos. Los márgenes de la permisividad se han ensanchado y los departamentos de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Igualdad que han tirado de esta vía para formalizar al menos siete de cada diez de sus adjudicaciones desde enero de 2020.
Mientras, las entidades locales, con presupuestos y medios muy limitados, son claras protagonistas de este modelo de contratación, que pese a observar unas normas básicas, no está unificado y que permite una discrecionalidad que facilita el fraude y el amiguismo. Según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público a los que ha accedido THE OBJECTIVE, en los últimos cuatro años, diputaciones, ayuntamientos y entidades locales han adjudicado un millón de contratos a dedo.
Mientras, las consejerías de las diferentes comunidades autónomas repartieron 105.000 y los diferentes departamentos de la Administración General del Estado (AGE) 156.249. En total, 1,36 millones de acuerdos, que según la ley deben tener inferior a los 15.000 euros si se trata de servicio y menos de 40.000 si se trata de obras.
Los expertos y alcaldes coinciden que en que el actual modelo, sometido a cambios constantes y con exigencias que no impiden el fraude y multiplican la burocracia, supone un coste económico extra y que provoca que lo que se paga por lo que se contrata supere con creces el precio real de los productos.
Contratos sin un esquema definido
Diana Gordo, abogada especializada en contratación pública, que trabaja en el despacho Javier Vázquez, asegura a THE OBJECTIVE, que en la actualidad no existe un esquema a seguir por las administraciones públicas a la hora de tramitar un contrato menor.
La experta destaca que el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) junto con las modificaciones que se realizaron por el Real Decreto-ley 3/2020, el expediente debe contener como mínimo varios documentos. Por una parte de be contemplar un informe motivado del órgano de contratación y otro que acredite que no se está fraccionando el contrato, una de las principales irregularidades en la que se incurre con este tipo de adjudicaciones.
Otra de las consideraciones importantes es la obligación de solicitar tres ofertas, lo que ayuda en buena medida a poder elegir calidad y precio. Esta exigencia solo existe, curiosamente, para la AGE, ya que no resulta obligatoria para administraciones autonómicas y locales. Incluso, la AGE puede eludir la tres peticiones de ofertas justificando porque no solicita más de un presupuesto.
Otro de los trámites es la lógica aprobación del gasto y la incorporación de la factura, destaca Diana Gordo. Este tipo de adjudicaciones también deberían incorporar informes jurídicos -no obligatorio- y técnicos. En el caso de un contrato de obras también es necesario el presupuesto de las obras, el proyecto cuando así se requiera, y el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Menos requisitos
La abogada señala que todos estos trámites, y algunos más, que están implantados, podrían reducirse considerablemente y evitar que las corporaciones locales, con personal muy reducido, pierdan medios en labores burocráticas, «que además no suponen que se obtengan mayores garantías de no fraccionamiento«.
Por su parte, el alcalde de Cangas de Onis, José Manuel González Castro, apuntaba algunas de los inconvenientes que generan los contratos menores en la gestión municipal. En el Foro Municipalismo de La Nueva España celebrado recientemente, González Castro, que volverá a ser candidato del Partido Popular a la alcaldía de la localidad asturiana, explicaba todos los problemas que pueden suponer comprar una simple grapadora por parte de los responsables municipales.
Justificar un gasto mínimo puedes suponer hasta 14 documentos y expedientes y la participación de numerosos funcionarios. La burocracia es el principal enemigo de los pequeños consistorios, algo en lo que coincidieron ediles de todos los colores políticos, según destacó el diario La Nueva España. González Castro destacó otro de los inconvenientes del método diseñado para los contratos menores: poder adjudicarlos a las empresas locales, que son incapaces de competir con las habituales de la contratación pública.
En cuanto a los costes, el alcalde del PP se atrevió a calcular cuánto se estaría pagando de más por una grapadora de cinco euros en las circunstancias actuales, que implican a nueve funcionarios, que dedicarían en torno a 20 horas totales a los expedientes. «El coste del tiempo dedicado a la grapadora estaría entre 180 y 200 euros; esto es, hasta cuarenta veces más de lo que cuesta
comprarla directamente», aseguraba, y daba pie a reflexionar ante la actual situación.
