Hacienda tumba el megacontrato de red que Ribera adjudicó a Telefónica por 25 millones
La empresa alemana T-Systems denunció el proceso y ahora la licitación está de nuevo abierta
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
El Tribunal de Recursos Contractuales, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, tumbó hace unos meses el megacontrato del Ministerio de Transición Ecológica, valorado en más de 25 millones de euros, con el que buscaba -por insuficiencia de medios- el suministro de servicios de infraestructura TIC, es decir, todas aquellas tecnologías que interfieren y gestionan procesos informáticos y de comunicación. La duración del contrato llega hasta los cinco años y hoy su licitación está de nuevo abierta.
Dos empresas, Telefónica y T-Systems, llevan varios meses batallando por el millonario contrato del Ministerio de Teresa Ribera. En un principio, la compañía española logró la adjudicación. Sin embargo, la alemana recurrió dicha decisión por considerar que la oferta presentada por Telefónica «excedía los precios» en uno de los conceptos de la oferta. El Ministerio de Ribera se posicionó junto con la empresa española, que es una de sus empresas estratégicas, asegurando que cumplía con «todas las condiciones». Pero esta opinión no la compartió unos meses después el tribunal adscrito a Hacienda que, a finales del pasado año, dio la razón a la compañía alemana a través de una resolución que tumbó el acuerdo.
La licitación se dividió en tres lotes distintos y en cada uno de ellos se establecieron criterios de adjudicación relacionados con la calidad y el precio. La empresa alemana denunció que Telefónica había «formalizado un precio por encima de lo permitido por el pliego». Mientras, la empresa española consideró que la oferta debía «analizarse en su conjunto y no respecto a cada uno de sus componentes». En términos agregados había presentado la oferta más competitiva y, por ende, con mejor puntuación. Pero el tribunal, al final, se posicionó «contra el acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que excluyó de la licitación a T-Systems, anulando el acuerdo entre el Ministerio y Telefónica».
El órgano de contratación del Ministerio de Transición Ecológica emitió un informe solicitando «la desestimación del recurso porque su actuación estaba siendo conforme al Derecho». Por otro lado, añadió que «el exceso sobre el precio establecido en los pliegos debía considerarse un error material aritmético susceptible de rectificación y que no viciaba la adjudicación«. Además, subrayaba que era la oferta más competitiva.
Pero el tribunal fue tajante en su respuesta: no se puede aceptar «porque coloca en manos del órgano de contratación la delimitación de hasta cuándo una variación en el precio es insignificante e inapreciable. Además, y en contra de lo que afirma el órgano, el espíritu y fundamento de la Ley de Contratación del Sector Público no es conseguir las mejores condiciones de contratación posibles para el Erario Público y para los ciudadanos, sino la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores».
La empresa alemana aseguró que Telefónica había «formalizado un precio por encima de lo permitido por el pliego». De esta forma, aseguró que la compañía española debía «ser excluida de la licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Contratación del Sector Público, además de por la constante doctrina administrativa y la jurisprudencia». Y la compañía española respondió: «Carece de sentido hablar de precios considerados individualmente porque la desproporción en uno de ellos podría compensarse con el importe del otro precio en una oferta viable en su conjunto».
El foco de la polémica giró en torno al lote 1 del contrato, que hacía mención a «la infraestructura y gestión de la infraestructura de procesamiento de datos de la red interna privada del Ministerio». Aparte de Telefónica y T-Systems, hubo otras dos compañías que también participaron: la norteamericana Kyndryl y la francesa Inetum.
El Ministerio de Ribera se decantó por Telefónica porque cumplía el que mejor los siguientes objetivos: «El ahorro que permite el procedimiento de fabricación, los servicios prestados y el método de construcción, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que dispone para prestar el servicio y la innovación y originalidad de las soluciones propuestas, entre otras».
Unos argumentos que no le sirvieron frente al tribunal: «Resulta evidente que el adjudicatario ha excedido uno de los precios que eran máximos para cada concepto. Su rectificación, según pretende el órgano de contratación, implicaría un auténtico cambio de sentido del acto; es decir, aceptar la oferta implica rectificar los términos de los pliegos y rectificarla implica una auténtica modificación de la misma». Fuentes de la compañía española Telefónica han rechazado comentar con este periódico la anulación del contrato. «Por política de empresa no hacemos comentarios sobre adjudicaciones públicas», han sentenciado.
