Ribera deja un agujero de 4.000 millones en reclamaciones del sector energético
Diversos actores han denunciado o han pedido formalmente cantidades económicas importantes: desde la cogeneración hasta las eléctricas
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
El anuncio de elecciones generales ha paralizado todos los proyectos puestos en marcha por los ministerios. La convocatoria electoral invita ahora a examinar la gestión de los titulares de las diferentes carteras del Gobierno, y una de las que está subrayada sobre rojo no es otro que el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, una de las piezas más importantes para el presidente Pedro Sánchez. Así, y según ha podido recabar THE OBJECTIVE a través de los datos del sector, Ribera deja un agujero de, por lo menos, 4.000 millones de euros.
Esta suma viene precedida por una serie de medidas aprobadas por el Gobierno, cuya cobertura legal está hoy en duda. Una realidad que afecta a la industria y a las empresas del sector. Así, la cogeneración, que es la industria intensiva en calor, denunció que se quedó fuera de forma discrecional durante tres meses del mecanismo de topado del gas. Solo las cogeneraciones cerámicas, que suponen el 4,6% del total de la cogeneración en el país, revelan haber perdido 77 millones de euros. Cada empresa de forma libre denunciará.
Por otro lado, la industria electrointensiva (la gran industria del país), que se aglutina en la asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE) piden 500 millones de euros (400 millones como compensación a los altos precios del Co2 y 100 millones para prorrogar la reducción de los peajes eléctricos). Una ayuda, esta última, que, sin ir más lejos, la electrointesiva alemana la tiene rebajada de forma estructural en un 80%.
Por otro lado, en octubre del pasado año se aprobó un reglamento en Consejo Europeo que permitía un ‘cap‘ a las energías inframarginales (nuclear, renovables con la vida útil vencida e hidroeléctricas), pero este, aunque se aprobó por la Unión Europea en octubre del año pasado, nuestro país lo hizo efectivo en septiembre de 2021, a través del Real Decreto-ley 17/2021. Esta crítica la ha elevado varias veces la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) por aprobar una medida sin cobertura jurídica europea un año y medio antes. Aún no tienen una cifra estimada de lo que les supondría.
Otro de los grandes temas controvertidos que deja sin resolver el Ministerio es la situación de los laudos por las renovables. Un problema que no generó la ministra, sino que lo heredó, pero que no ha sabido zanjar. Desde el Ministerio aseguran que «desde que se promulgó el Real Decreto 17/2019 se han frenado radicalmente las denuncias contra España de los inversores internacionales afectados por la reforma legislativa en las cortes de arbitraje. En la actualidad, de los 52 arbitrajes presentados, se han dictado 29 laudos, seis se han ganado, dos se han anulado, otros 19 están pendientes y tres demandantes han desistido». Estiman que las indemnizaciones reclamadas alcanzan los 1.500 millones de euros.
Sobre los laudos, España tiene argumentos para defenderse aún, pero tiene algunos firmes en contra de «mucho dinero». Pero aún tienen una última bala. El marco de ayudas a las renovables de 2013 español fue validado por la Comisión Europea, pero el anterior no. Y estos laudos son causa del marco anterior. Por lo que el Gobierno podría decir que, como obedece a un marco retributivo que no fue validado por la Comisión Europea, es una ayuda de estado ilegal.
Otro gran frente son los impuestos a las energéticas, con las que espera recaudar 2.000 millones de euros en dos años. Las eléctricas llevan varios meses preparando la batalla legal. Fuentes jurídicas aseguran que este tributo «deberían anularlo. El reglamento del Consejo Europeo permitía determinadas medidas excepcionales, pero no iba dirigida a las eléctricas. España no está aplicando tal cual lo que dice el reglamento europeo«. Otras fuentes han apuntado a que el Gobierno incurre en «un fraude de etiquetas» con ese gravamen.
DIAs negativas a las empresas
Las declaraciones de impacto ambiental (DIA), con las que el Gobierno autoriza la construcción de los proyectos eólicos y solares, se han convertido en uno de los puntos calientes entre el Ministerio y el sector privado. Muchas empresas no las han recibido pese a cumplir con lo estipulado debido al atasco administrativo. Según fuentes jurídicas, «las empresas más batalladoras van a buscar vías judiciales porque, aunque han recuperado las garantías, han perdido inversión durante los años de desarrollo de los proyectos o la creación de los equipos de trabajo».
Aunque todo indica que -en caso de que se reedite la coalición de Gobierno- será Ribera nuevamente la ministra para la Transición Ecológica, si se materializa lo que están apuntando la gran mayoría de las encuestas, y es la oposición la que se hace con el mando, el nuevo titular tendrá que negociar con el sector las exigencias heredadas. Un escenario al que habrá que unirle otros frentes, como la reforma del mercado energético, el fin de las medidas intervencionistas para reducir los precios de la electricidad, la prórroga de la vida útil de las nucleares y el reto por desplegar las energías renovables.
