La judicialización del medioambiente desata un alud de litigios: ¿es el ecologismo un negocio?

Por unos días en junio, las nubes de humo provenientes de incendios forestales que en Canadá han quemado cuatro millones de hectáreas tiñeron de un espectral color naranja los cielos de Nueva York, haciendo que su aire se hiciese casi tan irrespirable como los de Tel Aviv, Nueva Delhi, Lima o Lahore, las de mayor polución del aire según el IQAir World Air Quality Index.

La Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de la población mundial vive en zonas donde respirar es un riesgo que causa 6,7 millones de muertes prematuras anuales por enfermedades respiratorias, la mayor parte en países en desarrollo. La amenaza va a más. 

En California, Australia, Canadá y partes del Mediterráneo temperaturas al alza y temporadas estivales cada vez más largas han provocado que los fuegos ocurran casi todo el año, convirtiéndolos en un problema de salud pública pero también económico y judicial, con repercusiones en las bolsas y los tribunales. 

En nueve de las 13 provincias y territorios del país, unos 100.000 canadienses tuvieron que abandonar sus casas para huir del fuego. En EEUU, unos 59 millones de viviendas están en un radio de un kilómetro de zonas con riesgo de incendios. 

En 2012, el ciclón tropical Sandy fue el segundo en ocasionar más daños materiales (80.000 millones de dólares) en EEUU después del Katrina en 2005, pese a que ya llegó debilitado a sus costas tras pasar por Cuba, Bahamas, Bermudas y Jamaica. Vientos, marejadas y lluvias afectaron a 24 estados donde se cobraron 147 vidas.  

Misiones imposibles 

MunichRe estima que entre 2018 y 2022 las pérdidas por incendios obligaron a las aseguradoras a pagar a sus clientes 39.000 millones en indemnizaciones. En esas condiciones, no resulta extraño que State Farm, una de las mayores aseguradoras de EEUU, haya dejado de vender pólizas para cubrir riesgos de hogares en California, donde los peores 15 incendios se han registrado en los últimos 20 años. 

En Florida, Texas, Colorado, Luisiana y Nueva York asegurar viviendas y propiedades comerciales se está convirtiendo en una misión casi tan imposible como las de la famosa serie. Según el Insurance Information Institute, en 2022, en Florida, donde ya solo quedan pequeñas aseguradoras que luchan por sobrevivir, el precio de las pólizas triplicó el de la media nacional. 

Citizens, la aseguradora que financia el Estado con dinero de los contribuyentes, no cubre viviendas de 700.000 dólares o más. Y, sin embargo, el negocio de la construcción apenas lo ha notado. Entre 2010 y 2020, la población de Florida, que en un 75% se concentra en áreas costeras, aumentó un 15%. 

En 2017, tras el paso de los huracanes Harvey, Irma y Maria, el Congreso aprobó ayudas de emergencia de casi 140.000 millones de dólares, la mayor parte financiados con nuevas deudas. En 2016, trasladar a 90 residentes de Jean-Charles, una isla en la costa de Luisiana a la que la subida del mar estaba sumergiendo, costó 48 millones de dólares, 600.000 dólares por persona. 

Marea de litigios

Para algunos, el cambio climático es, literalmente, una amenaza existencial. Naciones insulares como las Bahamas, Antigua y Barbuda en el Caribe y Tuvalu en el Pacífico sur están planteándose demandar a otros países, alegando que sus emisiones de gases de carbono amenazan con sumergir sus territorios, borrándolos del mapa. 

El paulatino hundimiento de Yakarta, que ya está en un 40% bajo el nivel del mar, ha movido al gobierno indonesio a trasladar la capital de la isla de Java a la de Borneo, donde ha creado una ciudad, Nusantara, que se inaugurará en 2024.     

En la cumbre climática de Glasgow (COP26), Antigua y Barbuda, Tuvalu y Palau acordaron buscar vías legales para demandar a los grandes emisores. Una de ellas es pedir a la Corte Penal Internacional que emita una opinión sobre si los Estados pueden ser legalmente responsables del impacto de sus emisiones en terceros países. Hay mucho dinero en juego. 

En diciembre de 2022, PTTEP Australasia tuvo que pagar 192,5 millones de dólares a 15.456 campesinos y pescadores indonesios que perdieron sus medios de vida por un derrame de petróleo de unos de sus pozos. 

Soluciones imaginativas

En ese terreno, los peruanos son especialmente imaginativos. En el último medio siglo, el país andino ha perdido el 51% de sus glaciares, según la Autoridad Nacional del Agua. Los glaciares peruanos y ecuatorianos son tropicales, como los de la colombiana Sierra Nevada de Santa Marta, cuyos picos nevados se yerguen a 5.700 metros a un tiro de piedra de las aguas tibias y turquesas del Caribe. 

En noviembre de 2015, el chacarero (campesino) peruano Luciano Lliuya demandó ante un tribunal de Renania del Norte-Westfalia a RWE, la mayor compañía eléctrica alemana, por su presunta responsabilidad en la progresiva desaparición de los glaciares Palcaraju y Pucaranra en la Cordillera Blanca de Ancash. 

Según sus abogados, la laguna de Palcacocha, a 4.650 metros de altura, amenaza con desbordarse e inundar sus chacras (granjas). En 1941 la laguna se desbordó hacia Huaraz, la capital ancashina, por un alud de los glaciares. Murieron 1.800 personas. 

Lliuya pide a RWE –que facturó 24.500 millones de euros en 2021– que asuma el 0,47% de los costes de la adaptación, financiando, entre otras cosas, sistemas de drenaje. Esa cifra se basa en un cálculo de las emisiones de RWE desde su fundación, hace 124 años. Según un estudio de 2014 del Climate Accountability Institute, entre 1751 y 2010 los mayores emisores han sido Chevron USA (3,52%), ExxonMobil (3,22%), BP UK (2,47%), Royal Dutch Shell (2,12%), ConocoPhillips USA (1,16%), Total France (0,82%) y BHP Billiton Australia (0,52%). 

Christoph Bals, director de Germanwatch, la ONG que asesora a Lliuya, cree que el caso, que ha entrado en su fase final, va a sentar un importante precedente jurídico. Según la plataforma latinoamericana Litigio Climático, en los últimos cinco años se han iniciado en la región medio centenar de procesos legales contra la contaminación de la minería, el petróleo y otras industrias extractivas. 

Litigios SA

El problema es que la judicialización de las cuestiones medioambiental por activistas y litigantes profesionales convierte al ecologismo en un negocio y abre las puertas a querellas oportunistas o frívolas de bufetes de abogados cuyos honorarios dependen de las compensaciones que obtengan en los tribunales: No win, no fee, por lo general un 25% de las indemnizaciones.     

Los procesos y procedimientos son caros. La demanda de Lliuya ha costado unos 750.000 euros, la mayor parte financiados con donaciones. La británica Harbour Litigation Funding, por ejemplo, gastó 17 millones de libras en el caso de PTTEP, pero obtuvo a cambio 43 millones, el 40% de la indemnización. 

En Londres, BHP se enfrenta a una demanda de 36 millones de libras por parte de 700.000 víctimas del colapso en 2015 de una represa de residuos tóxicos en Brasil. Solo presentar la demanda costó 70 millones de libras, que han aportado la brasileña Prisma Capital y la británica North Wall Capital. 

El Parlamento Europeo está discutiendo nuevas regulaciones para evitar abusos, limitando los honorarios de los abogados demandantes. Client Earth, por ejemplo, solo recibe fondos de fundaciones y donantes particulares.  

El 9% de los accionistas de ExxonMobil han pedido a la petrolera que revele los riesgos a los que se enfrenta por eventuales litigios medioambientales. El miedo es libre, sobre todo en un país como EEUU, en el que la cultura litigante está en su código genético. Varias ciudades, condados y Estados han emprendido campañas contra los «engaños y ocultamientos» de las petroleras sobre su responsabilidad en el cambio climático. Según el Rockfeller Family Fund, si sus demandas colectivas (class action claims) tienen éxito, las compensaciones que tendría que pagar el Big Oil podrían superar el billón de dólares.