El cruce de las tarjetas sanitarias y el padrón destapa 865.000 ciudadanos 'fantasma'

El cruce de datos de usuarios del Sistema Nacional de Salud -que disponen de tarjeta sanitaria- con los del Padrón Municipal, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha destapado la existencia de 865.000 empadronados fantasma. El desfase entre las dos estadísticas oficiales deja en evidencia una considerable bolsa de fraude y errores en los registros municipales, duplicidades, bajas que tardan meses en producirse, pero, sobre todo, cientos de miles de extranjeros, comunitarios y no comunitarios, que todavía están en situación irregular o sin permiso de residencia en España.

La información facilitada a THE OBJECTIVE por el Ministerio de Sanidad a través de una pregunta en el Portal de Transparencia muestra que a fecha de abril de 2023 había en España 46.611.259 tarjetas sanitarias. De estas, seis de cada diez estaban vinculadas a los servicios de salud de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Mientras, los empadronados alcanzaron a fecha de 1 de enero de 2022 -última disponible- la cifra de 47.475.420, un total de 864.166 más que los residentes en España con tarjeta sanitaria. Andalucía es la comunidad, con diferencia, en la que existe mayor desfase, 270.000 empadronados más que inscritos en el sistema sanitario.

Por su parte, otra estadística del INE que deja patente esta gran brecha es la Estadística Continua de Población (ECP), que se basa en datos administrativos (principalmente el padrón continuo). Los últimos datos de esta estadística mensual se dieron a conocer el pasado mayo y recogen 48.196.693 habitantes a 1 de abril de 2023, 1,58 millones de ciudadanos más que inscritos en el SNS. La ECP muestra una imagen prácticamente calcada y anticipada de la evolución de los empadronamientos.

Fraudes en el padrón

El empadronamiento da acceso a colegios, centros sanitarios, ayudas y servicios sociales y también determina el lugar donde se pagan tasas e impuestos, diferentes según las comunidades autónomas. Estas circunstancias hacen que un buen número de ciudadanos recurra a la picaresca para beneficiarse, dándose de alta de forma temporal en un domicilio en el que no vive. Incluso se dan duplicidades de empadronamientos, viviendas que acogen a decenas de personas y registros con documentación falsa.

Marcharse de España durante 90 días y dejar de cotizar a la Seguridad Social provoca la pérdida de la tarjeta sanitaria, pero posiblemente el empadronamiento siga durante mucho más tiempo. Irse al país de procedencia sin avisar puede llevar a esta situación. Sin embargo, la divergencia entre las estadísticas también aflora un elevadísimo número de extranjeros en situación irregular.

Extranjeros sin tarjeta sanitaria

Si bien todos los extranjeros, residentes o no residentes, en situación regular o irregular, tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, la tarjeta sanitaria solo se obtiene acreditando el permiso de residencia, que a la vez se consigue estando dado de alta en la Seguridad Social.

El número de extranjeros sin la documentación en regla antes de la regularización masiva de 2005 realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a rondar los 1,2 millones, según el cruce de diferentes estadísticas. Su protagonismo se redujo considerablemente y un estudio realizado por los investigadores Ismael Gálvez-Iniesta, de la Universidad Carlos III, y Gonzalo Fanjul (Fundación PorCausa) apuntaba un número personas en situación irregular de entre 390.000 y 470.000. La investigación partía de la información obtenida en el padrón, de las tarjetas sanitarias, los permisos de residencia y estadísticas laborales.

Las noticias sobre fraudes en el padrón son más que habituales. Los ayuntamientos tienen que realizar actividades de actualización de sus registros y realizar operaciones sobre el terreno para comprobar la verdadera situación del empadronamiento. Las multas por empadronamiento falso pueden llegar a 100.000 euros e informaciones sobre bandas organizadas son habituales. Cobrar por acoger a un extranjero 'sin papeles' que acaba de desembarcar en España no es excepcional y existen fórmulas comunes para este tipo de tramas.

Obtener el padrón supone lograr papeles y residencia con el tiempo y, en muchos casos, determinadas ayudas. Hace justo un año se daba a conocer que un ciudadano extranjero cobró ayudas que superaban el millón de euros gracias a falsos empadronamientos en cuatro municipios vascos. Llegó a utilizar 62 identidades falsas para garantizarse el cobro de las ayudas y utilizó para el fraude una veintena de pasaportes y empadronamientos ficticios.

Padrón inflado antes del 28-M

Los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo sirvieron, entre otras cosas, para cambiar el color político de miles de ayuntamientos y, también, para mostrar nuevamente lo fácil que es variar -al menos intentarlo- resultados a través de fraudes a pequeña escala. Inflar el censo de los pueblos con la llegada de familiares y amigos a pocos meses de las elecciones se ha convertido en una práctica demasiado habitual, que lleva repitiéndose cada cuatro años.

Hasta 134 pueblos de menos de 1.000 habitantes inflaron su padrón antes de los comicios y la Junta Electoral Central puso bajo lupa algunos de estos presuntos fraudes. En estos comicios, una decena de votos en localidades muy pequeñas puede marcar la diferencia y durante el mes de mayo la España vacía fue protagonista de estos incidentes. Otro tanto pasa con el incontrolable voto extranjero o el que se realiza a través de correos, que han estado bajo el punto de mira en el Cabildo de La Gomera, Mojácar (Almería), Melilla, Albudeite (Murcia), Moraleja de Sayago (Zamora) o Bigastro (Alicante).

Una de las denuncias del pasado tuvo que ver con empadronamientos masivos en viviendas de cargos del PSOE de Níjar. El candidato a alcalde del PP en esa localidad, José Francisco Garrido, señaló como muy sospechosas viviendas en la que había más de de 20 personas empadronadas. Garrido fue más allá y aseguró tener documentos que probaban que en la casa de un miembro del equipo de gobierno estaban empadronadas personas que colaboraban con la gestión municipal y que residen a más de 30 kilómetros.