La UE investiga a Red Eléctrica por delito ambiental en un macroproyecto en Canarias
Bruselas ha pedido en hasta dos ocasiones informes medioambientales tras poner en duda la calidad del primero, enviado por el Gobierno autonómico
Proyecto de Red Eléctrica en Canarias. | Europa Press
La Unión Europea (UE) está poniendo el cerco en uno de los proyectos energéticos estrella que se encuentran en pleno corazón de la isla de Gran Canaria. Se trata del proyecto ‘Salto de Chira’, el primer gran plan de almacenamiento masivo en las islas para la operación del sistema eléctrico. Sin embargo, desde Bruselas dan un giro radical al plan e investigan la calidad ambiental de este proyecto tras rechazar un primer informe enviado por el Gobierno canario.
Mientras se analiza, el proyecto -que busca construir entre dos embalses (las presas de Chiria y Soria) una central hidroeléctrica de bombeo de 200 megavatios (equivalente aproximadamente al 36% de la punta de demanda de Gran Canaria) y 3,5 gigavatios de almacenamiento- sigue en marcha, como así confirman desde la compañía Red Eléctrica. Se estima que esté finalizado en los próximos seis años.
El proyecto fue autorizado por la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias el pasado 15 de diciembre de 2021. Sin embargo, los informes que enviaron desde la consejería se pusieron en duda desde Bruselas.
«Las autoridades regionales han emitido una declaración de impacto ambiental positiva para el proyecto Chira-Soria que incluye la evaluación de las repercusiones del proyecto en los lugares Natura 2000. A partir de la información disponible en la declaración, no es posible concluir si se ha justificado debidamente la necesidad de instalar la infraestructura en la zona especial de conservación del lugar Macizo de Tauro II, de conformidad con el plan de gestión del lugar y con los requisitos de las Directivas sobre hábitats y sobre aves», sentenció hace unas semanas la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Para ello, Simson aseguró que «la Comisión ha solicitado a las autoridades canarias información sobre la ejecución de la evaluación adecuada de este proyecto«. El Gobierno canario envió una nueva documentación que justificaba el impacto ambiental y la Unión Europea está hoy evaluando la información recibida.
Fuentes de la compañía Red Eléctrica aseguran a este periódico que «tienen todas las autorizaciones preceptivas para la ejecución del proyecto». Por otro lado, este medio ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la consejería de Transición Ecológica del gobierno canario para conocer su versión de los hechos.
Canarias es uno de los territorios que más combustibles fósiles consumen. Un mix energético que preocupa y de la que son conscientes desde hace años tanto empresarios como legisladores en nuestro país. Este escenario es lo que convierte a proyectos como este en esenciales para la isla. Por otro lado, en otra de las islas, en concreto en Tenerife, se va a construir una central hidroeléctrica que tendrá un coste de 800 millones de euros. De esta forma, por los proyectos futuros que se plantean, se aprecia una importante apuesta por la energía hidroeléctrica.
El europarlamentario izquierdista, Miguel Urbán, clamó desde el Parlamento Europeo contra el proyecto por las afecciones que «ya estaban teniendo lugar» en la zona especial de conservación donde se pretende levantar el megaproyecto. El 17 de febrero de 2022 comenzaron las obras. Durante el acto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, celebró la puesta en marcha de «de un nuevo tiempo largamente esperado que garantiza y permite un modelo de ecoisla que se podrá legar a las próximas generaciones«.
Este proyecto no solo es importante para Red Eléctrica, sino también para la isla de Gran Canaria ya que reforzará la garantía de suministro de Gran Canaria e incrementará la integración de energías renovables en el sistema, de manera que se estima para 2026 consiga incrementar la producción con este tipo de fuentes en un 37% y reducir las emisiones de CO2 en un 20%. Las obras -que durarán casi seis años- supondrán una inversión superior a los 400 millones de euros y generarán más de 4.300 empleos, de ellos más de 3.500 en la isla de Gran Canaria.
