El Gobierno zanja la guerra entre taxis y VTC pasando el problema a los ayuntamientos
Las reuniones del Ministerio con ambos colectivos han evitado una crisis en el sector a las puertas de la campaña electoral
La guerra entre el sector del taxi y los vehículos VTC parece llegar a su fin. El Ministerio de Transportes ha mantenido negociaciones esta semana con los representantes de ambos colectivos. La tensión, sobre todo por parte de los primeros, parece haberse enfriado con el paso de los días. Así, los primeros espadas del Ministerio han mantenido una serie de reuniones, a dos bandas, con los portavoces de ambos grupos que ha sido clave para evitar el posible estallido de una crisis a las puertas de la campaña electoral. No obstante, la solución ahora queda en manos de los ayuntamientos, que ha sido la institución en la que el Ministerio ha delegado este problema.
Los representantes del Ministerio que han estado al frente de las negociaciones han sido, según ha podido saber este periódico, el secretario de Estado, David Lucas Parrón, junto con la secretaria general, el director general, el jefe de gabinete del secretario de Estado y una asesora del Ministerio. La ministra Sánchez se ha mantenido al margen y ha delegado este choque en su círculo de más extrema confianza dentro del Ministerio. De hecho, durante esta semana la ministra ha aprovechado para hacer una larga visita institucional a Barcelona para reunirse con empresarios y alcaldes.
Durante estos días, el Ministerio ha dado máxima prioridad en calmar a los taxistas. Amenazaban con una manifestación para el jueves y eran conscientes de que tenían que actuar rápido. Los taxistas exigían que el Gobierno atajase la avalancha de licencias para vehículos VTC que se iban a aprobar defendiendo la clásica fórmula de por cada 30 licencias de taxi que haya una de VTC. Pero esa petición se hacía inviable para el Ministerio porque una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó esa práctica hace unas semanas.
Mientras tanto, desde el sector de VTC presionaban al Gobierno e incidían en que era necesaria esa liberalización de las licencias por la falta de oferta que hay en muchas ciudades en comparación con la demanda. Además, en su estrategia de presión, enviaron una carta a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para pedir que intercediese ante el Gobierno de España antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia. Desde un principio mostraron su malestar porque el Ejecutivo había dado preferencia a los taxistas frente a ellos.
Después de varias reuniones con el sector del taxi, estos últimos reconocieron a este medio las buenas sensaciones que les había producido el encuentro. Aunque la fórmula ‘1.30’ no se haría efectiva más, el Ministerio les prometía que las licencias de VTC se controlarían para una buena «conciliación» con las ciudades. Una medida que a los taxistas no les pareció mal. De alguna forma, habían conseguido arrancar al Ejecutivo una promesa para un cierto control de estas tras el varapalo sufrido en Europa.
Un día después, fue el turno del Ministerio con los representantes de VTC. Según aseguraron a este periódico, el encuentro fue muy cordial y coincidían con lo propuesto por el Ministerio. «Nosotros lo que queremos es una buena convivencia con el Taxi y lo mejor para las ciudades. Creemos que ahora el problema lo van a tener que resolver los ayuntamientos, donde en algunas ciudades, como Barcelona, sufrimos un gran agravio», sentenciaron.
El último incendio de Raquel Sánchez
La etapa de Raquel Sánchez como ministra de Transportes ha tenido multitud de episodios complejos. Por un lado, la ley de Vivienda, que finalmente fue aprobada, ha estado sobrevolando durante toda su etapa como ministra. Las críticas de los socios del Gobierno eran continuas y el tira y afloja entre socialistas y el resto de fuerzas del arco parlamentario ha sido una constante durante los últimos años. Sin embargo, el episodio más tenso fue el que tuvo que vivir con los camioneros el pasado año.
A principios del año 2022, se desató una crisis sin parangón en España con los camioneros. En un primer momento, la ministra los relacionó con la «ultraderecha» y aseguró que «no se iba a sentar con un grupo de radicales violentos». Pronto asimiló que la protesta de esta plataforma era un sentir mayoritario dentro del gremio. Un escenario que le hizo recular a la titular de transportes. Tras unas masivas manifestaciones, que duraron más de 10 días, se firmó un acuerdo que incluyó incentivos y ayudas económicas.
Sin embargo, unos meses después, el sector de los camioneros volvió a amenazar con una huelga. Las condiciones que se habían pactado meses atrás les parecieron insuficientes. «Estamos ahora casi peor que antes», apuntaron desde la Plataforma de Transporte. Según aseguraron, «ni la ayuda de 1.250 euros por camión, ni tampoco la bonificación de 20 céntimos el litro de gasolina les servía para asumir los altos costes». Pero esta vez no tuvo apenas repercusión.