Miles de afectados por el ingreso mínimo vital denunciarán al ministro Escrivá ante la UE
En septiembre denunciarán ante el Consejo Europeo que España vulnera la Carta Social por no proteger a los vulnerables
En el centro de la imagen, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. | Europa Press
Más 45.000 firmas de afectados por la mala gestión del ingreso mínimo vital (IMV) llegarán este otoño a Bruselas, representadas por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, mediante una declaración colectiva para defender ante el Consejo Europeo que España está vulnerando la Carta Social Europea -protocolo de obligado cumplimiento-. La razón es que hay algunos elementos de esta normativa, que sacó adelante el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, que no funcionan y no cumplen con el espíritu y objetivo de auxiliar a los vulnerables. Más bien al contrario, la prestación del ingreso mínimo vital ha devenido en algunos casos en un largo calvario.
Quejas, dudas, procesos incorrectos, cobros revertidos e indebidos, comunicación bloqueada y silencio administrativo que, a la postre, generan frustración y deudas inasumibles para estas personas, cuando la Tesorería de la Seguridad Social, con datos de la Agencia Tributaria detecta o valora que, dos años después, e incluso tres años, ese beneficiario no tiene derecho a seguir recibiendo la ayuda porque quizá ha vuelto a trabajar y ha tenido más ganancia en su renta de trabajo. Así lo ha podido verificar THE OBJECTIVE tras el conocimiento de varios testimonios.
Tras la petición de la Comisión Europea para que todos los países tuvieran una renta mínima estatal, el 16 de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó el ingreso mínimo vital -hasta entonces se regía por el Real Decreto-ley 20/2020-, una prestación concebida para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Pero no siempre ha sido así. De este modo lo detalla a THE OBJECTIVE uno de los técnicos de ATD Cuarto Mundo, resaltando el caos de la administración central cuando cruza datos y hace las revisiones a los dos años de percibir la ayuda.
Ese procedimiento provoca situaciones disparatadas y dramáticas para la economía de las familias. De repente -aclara esta fuente-, te encuentras con que la Tesorería de la Seguridad Social reclama el total o parte del IMV que te dieron, porque ahora te dicen que no procedía y ni siquiera cumplías los requisitos. O el caso de otro beneficiario, que motu proprio avisa a la Administración para comunicar que su situación ha cambiado, porque está trabajando -luego ya no necesita esa ayuda-, y sin embargo, se encuentra con que el Estado no le hace caso y ni siquiera le responde. Pero es que también se dan casos como este: donde tras un cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, la unidad de convivencia sale perjudicada porque deciden imputarte un hijo que ya no vive en esa unidad, y por eso dejas de percibir el ingreso. Y el más sangrante de todos, cuando no hay carta que tercie, sino un apremio y embargo en toda regla.
El calvario de los afectados
Hay un sinfín de casos más, explica el Movimiento Internacional Cuarto Mundo, con delegación en España, a THE OBJECTIVE. Y lo hace tras analizar hasta 2.000 expedientes. A partir de ellos, denuncia un modus operandi por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que apunta a la necesidad de hacer cambios en la ley para que ésta sea realmente efectiva y llegue de verdad a la población vulnerable.
Entre esos problemas de efectividad se encuentra la ausencia de atención presencial. El beneficiario no puede solicitar esta prestación si no es por la web, lo que hace que el procedimiento para justificarse -sobre todo en personas que tienen enormes dificultades para entender y para acceder al lenguaje informático- sea muy complejo.
La prueba evidente de esta desidia administrativa es que hasta un 57% de las personas que tienen derecho a solicitar el IMV no lo ha hecho hasta ahora, bien porque no se han enterado, o bien porque están viendo cómo este préstamo o ayuda se acaba convirtiendo en una deuda.
Además, añaden otras fuentes consultadas, la información que aportan las comunidades autónomas acerca de sus rentas vitales -cabe recordar que la ayuda prioritaria es el IMV del Estado- tampoco facilita ese cruce de datos que trae noticias tardías, con plazos muy largos y momentos de angustia para los beneficiarios.
Casos reales
Ante semejante desesperación, la plataforma de afectados se pone en contacto con el Movimiento Internacional Cuarto Mundo en España, que se ofrece por su experiencia a compartir protocolos, orientar a personas, elaborar informes para el Defensor del Pueblo y dar asesoría jurídica a aquellos que se han visto obligados a llevar sus casos a los tribunales.
En ese proceso, la plataforma de afectados por el ingreso mínimo vital ha enviado cartas a las formaciones políticas y también a ministros como Yolanda Díaz -cuyo departamento les remite al Ministerio de Seguridad Social-, y a José Luis Escrivá. Desde este departamento, la jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social daba este jueves una respuesta a varias demandas, y que, en resumen, se concrentaban en que el derecho a la prestación del IMV se encuentra intrínsecamente ligado a los datos que aporta la Agencia Tributaria, y que por ello, el proceso de actualización de los datos, no se puede iniciar hasta que acabe la campaña del IRPF.
Se trata de echar balones fuera. María -cuya familia es una unidad de convivencia monoparental y con tres hijos menores de 18 años- explica su caso a THE OBJECTIVE. En agosto de 2020, María recibe un sms con un mensaje sorprendente: sin haber solicitado ninguna ayuda, el Estado le comunica que será perceptora de una prestación. Meses más tarde, pese a ser algo a lo que le había dado importancia -incluso ni se lo había tomado en serio-, María comprueba unos ingresos en la cuenta del banco.
En ese tiempo, tiene algunos trabajos intermitentes, poco estables, siempre como fija discontinua y sin poder llegar a cotizar lo que necesita. De repente, sin comunicación de la Administración, deja de recibir el dinero del ingreso mínimo vital.
Pero pocos meses después, sí recibe una notificación. Aquella que le pide que devuelva 1.500 euros porque en su declaración de la renta se detecta que ha tenido más ganancia de la determinada por IMV. Además, en su declaración solo aparece un hijo, cuando tiene otros dos más, que la Agencia Tributaria, sin embargo, niega.
En ese momento, María se mete en un bucle. La Seguridad Social no contesta y tampoco responde vía mail. Y la carta recibida le apercibe de que, de no pagar, su deuda irá creciendo con intereses muy elevados. Así lo cuenta a THE OBJECTIVE: «No hay manera de renunciar, tampoco puedes devolver el dinero antes, porque no te dan esa opción ni tampoco información, y al final, esa ayuda se ha convertido en una deuda, que encima yo no he pedido». No olvidemos que recibió de oficio el IMV.
En la actualidad, María, cargada de deudas, está pendiente de que un juzgado de lo Social resuelva un recurso que se puede prolongar hasta el año 2025.
Ana, mujer canaria, de mediana edad, de la isla de La Palma. Ella es otra persona afectada por el IMV y esos cobros indebidos. Ana parte de la base de que el IMV «es un parche que no te saca de la temporalidad». Madre de dos hijos que ya son mayores y no viven con ella, y sin pareja, Ana reside en un cuarto que sus padres le han dejado arreglar en el hogar paterno. Es el cuarto de la pileta.
Consigue un trabajo y al cabo de una semana, España entera es confinada. Una oportunidad laboral que se va al traste porque la empresa de Ana hizo un Erte para los empleados fijos, y a los que no tenían contrato, como ella, les dejó en la calle. Es entonces cuando Ana tramita el IMV. Pero justo al mes de tramitarlo, vuelve a encontrar trabajo para limpiar con una pala la ceniza que cubre la superficie volcánica de su isla.
Jornadas largas, duras y entretanto, recibe el IMV, motivo por el que se dirige a la Seguridad Social para comunicar las variaciones que le afectan con el nuevo empleo. Pero todo se queda igual. Ella informa y no recibe contestación. Claro que llega la revisión anual de la declaración de la Renta y Hacienda le reclama los 57 euros enviados en concepto de IMV, pese a que sí había comunicado su nueva situación.
Ahora no tiene trabajo. No recibe el IMV, pero sí ha contraído una deuda, ya que en estos momentos esos 57 euros se han convertido en una pesadilla que hay que devolver por los meses que ha recibido, y con intereses. La cosa empeora porque tampoco recibe ninguna otra ayuda y su situación es de absoluta vulnerabilidad.
Propuestas de la Airef para mejorar la ley
Consciente de esta situación, el pasado mes de junio, la Airef emitía una opinión, indicando algunas propuestas para subsanar un problema que se acrecienta.
En esa opinión señala y remarca, como ya hiciera en otra ocasión, la necesidad de que se aceleren y refuercen los mecanismos de intercambio de la información que la Administración posee sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales. En especial, se acentúa la importancia de que las comunidades autónomas aceleren el volcado uniforme y consistente de los pagos de sus rentas mínimas autonómicas en la Tarjeta Social Digital y en los registros de la AEAT.
Además, la Airef propone que toda esta información se podría llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones, que permitiría avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del IMV, cuya concesión se inicie de oficio o que
se configure como impuesto negativo. Este sistema de información y gestión permitiría la transferencia inmediata de los beneficiarios de rentas mínimas al IMV y podría servir para gestionar otras prestaciones sociales o transferencias
directas de forma más focalizadas.
En el mismo sentido -apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-, la Administración podría hacer un mayor uso de la información que con frecuencia mensual dispone de la renta de los solicitantes. Lo anterior contribuiría a reducir el alto porcentaje de ajustes y revisiones de importes que se observan en las nóminas del IMV.
Por último -indica-, es relevante que se valore la posibilidad, pertinencia y factibilidad de simplificar la definición de renta computable para el acceso al IMV en base a la información de frecuencia mensual que la Administración ya posee. Todo ello, subraya la Airef, permitiría ir modulando la prestación en función de las necesidades reales de los beneficiarios en cada momento del tiempo, mejorando la capacidad del IMV de ajustarse a situaciones de pobreza sobrevenida.
