Un think tank alerta: la pobreza energética se ha disparado en España por la intervención estatal
También denuncian que las cargas fiscales en lugar de incluirse de manera transparente en los Presupuestos Generales del Estado se introducen en la tarifa
Pobreza energética. | EuropaPress
La fundación para el Avance de la Libertad ha publicado un informe llamado ‘Intervención estatal y pobreza energética’ que advierte que «la electricidad española es una de las más caras de Europa y que ello se debe, fundamentalmente, a la intervención estatal en el sector y a la elevada presión fiscal sobre los consumidores de energía, tanto empresas como particulares.
El think tank liberal ha encargado el estudio a la fiscalista Marta Martínez Zorita y al doctor en Física Nuclear y divulgador en materia de política energética Manuel Fernández Ordóñez, profesor de Economía Medioambiental en la Universidad Francisco Marroquín. La principal conclusión del informe es la existencia de un problema acuciante de pobreza energética en España, que podría aliviarse mediante la reducción del fuerte intervencionismo estatal, en lugar de recurrir a la emisión generalizada de bonos y ayudas.
Los autores ponen el acento en el fenómeno español de las «cargas parafiscales» que incrementan en muy gran medida el precio final de la electricidad. Entre estas cargas adicionales que el consumidor no ve, pero le afectan, se encuentran las diversas decisiones políticas que, en lugar de incluirse de manera transparente en los Presupuestos Generales del Estado, se incluyen en la tarifa.
Son, por ejemplo, la retribución adicional a los sistemas no peninsulares, la retribución al régimen especial de las energías renovables y residuos, o el servicio de interrumpibilidad. Así, el informe denuncia que el precio final de la energía no responde al coste de su producción y transporte hasta el hogar o la empresa, sino que incluye cargas ocultas adicionales.
Por otro lado, el informe apunta a que la fiscalidad de la energía en España incluye impuestos pretendidamente ecológicos (los de la Ley 15/2012) que, en realidad, carecen de sentido en cuanto a la protección del medio ambiente y obedecen a una lógica de recaudación adicional para penalizar el consumo de energía, con los consiguientes efectos adversos de naturaleza económica.
Además, el documento señala también que las comunidades autónomas han legislado diversos impuestos adicionales en esa misma línea. «Es especialmente grave que el Impuesto Especial sobre la Electricidad no se calcule en función del consumo real efectivo, y que además forme parte de la base imponible del IVA del recibo eléctrico, generando así una situación de doble imposición», sentencia.
Frente a la pobreza energética, que afecta de manera especial a unos tres millones de hogares y a multitud de pymes, los autores poponen que la actual reducción temporal del IVA al 5% se convierta en permanente, derogar los impuestos creados por la ley 15/2012 y los tributos autonómicos supuestamente ecológicos, calcular el Impuesto Especial en base al consumo eléctrico real, y reformar en general el marco tributario de la energía para primar a aquellas fuentes que no incrementan las emisiones de CO2, principalmente renovables y nuclear.
Una de los rasgos que busca remarcar el informe el alto grado de intervención del Estado sobre el mercado energético. «Se trata de un sector extraordinariamente intervenido en el que la regulación estatal es intensa y prolija. Pedro Mielgo, presidente de Red Eléctrica entre 1997 y 2004, declaró en una ocasión que el sector eléctrico español había sido objeto de una modificación normativa cada 15 días entre 1997 y 2010″.
Bajada de impuestos transitoria
En el informe añaden una aclaración previa. «La presión fiscal sobre el sistema eléctrico se ha visto modificada drásticamente por sucesivas actuaciones legislativas desde mediados del año 2021, debido a la escalada de los precios del gas en los mercados internacionales y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, todas estas medidas destinadas a aliviar la escalada de precios en el sector energético tienen carácter transitorio y serán eliminadas en el corto-medio plazo para regresar a niveles de presión fiscal mucho más elevados».
De esta forma, sentencian: «Las bajadas del IVA, el Impuesto Especial sobre la Electricidad o la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica son medidas temporales con un horizonte de fin definido y no deben ser consideradas para el análisis a largo plazo del sistema eléctrico español».
